De nuevo, la vuelta a la Noria: Dicho coloquialmente, otra vez la burra al trigo seguimos a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación y ,como destino manifiesto, la puesta al día de la macabra estadística, México ocupa uno de los primeros lugares mundiales en el exterminio de comunicadores de lo que se trata, es a callar la libertad de expresión” como paso previo al predominio del estado” sobre la sociedad a priori podría citarse el caso de Antonio de la Cruz, el periodista asesinado recientemente en Tamaulipas y la agresión a la periodista Susana Mendoza del Estado de Jalisco en Puerto Vallarta, entre otros.
A priori, podría citarse a difuntos periodistas caídos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado de toda la república: un desengaño más — otra vez llanto— de nuevo luto en nuestra azarosa vida— otro motivo más de desencanto, —otra esperanza para nosotros… Sin embargo vale el beneficio de la duda para el esfuerzo de esclarecer estos crímenes, agresiones y otros. Podríamos citar muchos casos internacionales para enmarcar la censura y autocensura que se impone a algunos medios nacionales; la impunidad que señorea sobre el Sistema de Justicia Mexicana, no sólo en cuanto toca a la agresión al ejercicio periodístico, sino en general a la tolerancia que, en cambio, se otorgan actividades ilícitas que fomentan el caldo de cultivo de la corrupción pública y privada en nuestro país.
Lo que está en predicamento es la libertad de expresión y no es casual que la acción intimidante del crimen organizado—al extremo de cobrarse la vida de tantos comunicadores—se dirija particularmente a oficiantes del periodismo que, precisamente, enfocan sus investigaciones y el resultado de las mismas a la denuncia de la corrupción en todos los órdenes de la vida nacional.
Desde esta mirada personal, tenemos con evidencias el ignorado caso del periodista Héctor Valdés Hernández, preso con delitos fabricados desde 2019, para silenciarlo después de revelar en sus denuncias la corrupción y el tráfico de drogas del gobierno estatal y municipales de Quintana Roo y del mismo reclusorio oriente donde se encuentra preso en la Ciudad de México; a la que llegó en calidad de perseguido por revelar dicha información.
Ante el presidente de México denunció con nombres y apellidos a políticos y funcionarios como el ex alcalde Víctor Mas Tah, el gobernador Carlos Joaquín Gonzales y el ex director de seguridad pública Carlos Capella Ibarra. El presidente AMLO tiene la facultad del indulto y de resarcir el daño que le han hecho al periodista, después de revelar en su conferencia matutina las corruptelas y el tráfico de drogas del gobierno estatal y municipal de Quintana Roo, y del mismo Reclusorio Oriente dónde se encuentra preso en la Ciudad de México.
Aquí como institución representativa de una gran parte del gremio, somos tercamente inflexibles; es de frenar la escalada de crímenes de lesos derechos a la información y a la libre expresión.
Saludamos con respeto iniciativas del poder ejecutivo para contribuir a esa urgente misión con la necesidad de poner un alto al crimen organizado, que ha minado la vida democrática del país, pero por experiencia sabemos que, si a esos empeños no se suman el poder legislativo y, sobre todo el poder judicial, vanos serán los compromisos de preservar y ampliar las libertades y los derechos políticos.
No apostamos —no somos ilusos ni arbitrarios por un régimen de excepción para nuestra actividad—
Exigimos apenas que los mandatos constitucionales, sustanciando en los artículos primero, sexto y séptimo de nuestra carta fundamental, sean garantizados efectivamente por el estado. Entre ellos están el derecho a la vida y las libertades que le acompañan, no precisamente como añadidura, nada más… Pero nada menos.