Ruta México
Por Álvaro Aragón Ayala
Los nombres de dos ex secretarios de Energía, de dos ex gobernadores, -uno de ellos ex candidato presidencial del PRI derrotado en 2000- y agentes del sector privado aparecen implicados en un proyecto que, de no revisarse conforme la normatividad ambiental, puede desembocar en un atentado ecológico en agravio de cientos de familias mexicanas.
Se trata de la construcción y operación de una planta de amoniaco. El amoniaco es un gas cuyos precursores son nitrógeno e hidrógeno. En abril de 2013, en Waco, Texas, una planta industrial fabricante de fertilizantes explotó cuando el fuego hizo contacto con amoniaco, provocando una docena de muertos y 160 heridos.
El proyecto agroquímico, Gas y Petroquímica de Occidente, fue emprendido en 2013 al menos con el auspicio y respaldo del ex secretario de Energía, Minas e Industrial Paraestatal, ex gobernador de Sinaloa y ex presidente de la Comisión de Energía del Senado (2006-2012), Francisco Labastida Ochoa.
Del financiamiento se hizo cargo, entre otros, el magnate pesquero mazatleco José Leovigildo Carranza.
Ya hay sentencia de autoridad jurisdiccional que cuestiona ese desarrollo por la magnitud de sus riesgos ambientales y sociales.
Área protegida por su gran biodiversidad
La ubicación de la peligrosa planta se encuentra en el sistema de lagunas de Santa María y Ohuira de la Bahía de Topolobampo, Sinaloa, ribereña del Golfo de California; un área protegida para la preservación de su biodiversidad y caracterizada como santuario de aves migratorias. Es el entorno del Valle del Fuerte.
Topolobampo y el Valle del Fuerte tienen un valor simbólico e histórico-cultural, además del económico, porque en la segunda mitad del siglo XIX al norte de Sinaloa arribó el soñador estadunidense Albert Kimsey Owen con un grupo de donantes a una sociedad por suscripción pública, conocida después como la Primera colonia socialista de América. Ahí se escenificó en 1914 el primer combate aeronaval del mundo.
A las gestiones de Labastida Ochoa dio respuesta el entonces gobernador Mario López Valdez (2010-2016), con cuyo apoyo se logró que Enrique Peña Nieto autorizara el desarrollo industrial en una superficie de 267 mil 500 metros cuadrados; acuerdo en el que su secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell intervino transando la concesión correspondiente en connivencia con el consejo de administración de Petróleos Mexicanos.
El terreno había sido enajenado originalmente al ejido Rosendo G. Castro en una oscura maniobra del diputado federal Rubén Félix Hay, sin hacer la consulta exigida por el resto de las familias pobladoras de las riberas de la bahía, que dependen fundamentalmente de la pesca y la agricultura.
Félix Hay revendió la superficie de vocación ejidal a la empresa agroquímica en más de 100 millones de pesos. En la polla participa
Francisco Labastida Gómez de la Torre, ex secretario de Desarrollo Económico y Proyectos Estratégicos del gobierno del estado.
Los argumentos del juez federal Francisco Pérez Mier
Al reaccionar la sociedad civil, a cuya cabeza se colocaron defensores ambientalistas, el titular del juzgado Séptimo de Distrito con sede en Los Mochis, Sinaloa, José Francisco Pérez Mier ordenó suspender la construcción de la planta, previendo daños irreparables al ecosistema.
En su resolución, el juez indicó que esta zona conforma un sistema integral de relevancia biológica y ecológica, indispensable para la subsistencia de la humanidad.
En el fallo judicial se subrayó que dicho ecosistema no puede verse afectado bajo ninguna circunstancia por algún proyecto de desarrollo industrial, ni tampoco es factible colocarlo en una situación de riesgo con motivo de la actividad que ahí se generará, ya que es un corredor biológico que sirve como refugio y centro de cría de camarón, lobos marinos, delfines nariz de botella, peces, jaibas y tortugas marinas, que utilizan el área como zona de alimentación y que son residentes permanentes del sitio Ramsar.
Sorprendido por socios de la empresa y gente cercana, Andrés Manuel López Obrador ha sugerido que el funcionamiento del complejo agroquímico se exponga a consulta popular.
“Vamos a hacer previamente una investigación para ver lo que más conviene, porque algunos me dicen que va contaminar y otros dicen que va a ayudar, porque va a bajar el precio de los fertilizantes”, argumentó el Presidente.
“Vamos a hacer una investigación y si no hay acuerdo, vámonos a la democracia; un domingo se ponen mesitas en todos los parques y en las plazas públicas, y ahí la gente es la que va a decidir”. Así de fácil.
Frente a esa eventual “salida”, ya están circulando de miles y miles de pesos para convencer a la población de la “bondad” del proyecto. Es el viejo estilo priista de compra de votos, que se niega a morir.