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Norberto Hernández Montiel Opinión

¿Por qué no tocar al INE?

Ojo Público
Por Norberto Hernández Montiel

A propósito de la marcha “el INE no se toca”, que realizarán este domingo las conocidas agrupaciones opuestas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en “defensa” del Instituto Nacional Electoral, hay varias consideraciones que vale la pena reflexionar, entre las primeras están los resultados de la encuesta que había escondido el INE y demuestran el hartazgo ciudadano ante una institución que excedió sus funciones, abusó de sus facultades y obró con abierta parcialidad.

Revisemos lo más evidente. Durante los comicios del año pasado, el INE, en un hecho sin precedentes, canceló el registro a 49 candidatos morenistas a diversos cargos de elección popular, entre ellos dos a gubernatura, los de Félix Salgado Macedonio, por Guerrero, y Raúl Morón Orozco, por Michoacán.
Sabemos muy bien cuál fue el resultado de esa historia. Después de esa victoria pírrica del INE y la oposición, Morena ganó los comicios, con Evelyn Salgado Pineda, en Guerrero, y Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán.

La voluntad ciudadana, expresada en las urnas, sólo resaltó el carácter faccioso de este INE, a cuyo consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, designó el 3 de abril de 2014, por un periodo de nueve años, una Cámara de Diputados dominada por el PRI y el PAN. Así fue con otros consejeros, como Ciro Murayama Rendón, quien encabeza la poderosa Comisión de Quejas y Denuncias.

El INE llegó al extremo de amenazar al presidente López Obrador con una multa o un arresto de 36 horas, si mencionaba algún tema de una lista de 11 durante sus conferencias mañaneras en tiempo de elecciones.
Si eso ocurría con el titular del Ejecutivo Federal, qué se esperaban los usuarios de redes sociales. El INE ejerció la censura, aunque con ello vulnerara el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen de la polémica respecto a los canales de YouTube y los llamados “youtubers”, éstos son ciudadanos mexicanos, en pleno uso de sus derechos, entre ellos la libertad de expresión, consagrada en la Declaración Universal, convertida en ley para los 195 países que la han firmado. El artículo 19 establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

El artículo 6° de nuestra Constitución, por su parte, estatuye: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”

Un botón de muestra de esa violación a los derechos humanos es el caso que se presentó apenas hace unos meses, en el que al youtuber Ignacio Rodríguez, uno de los conductores del canal “El Chapucero”, se le obligó a retirar tres videos y un tweet, para evitarse el hostigamiento jurídico al que lo hubieran sometido, de no haber obedecido al INE.

Mención aparte merece el intento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para callar a la diputada morenista Andrea Chávez, quien, en uso de las facultades que le confiere nuestra Constitución, publicó un mensaje en Twitter, en el cual citaba las palabras de la perredista Gabriela Sodi, quien dijo que el Fondo de Cultura Económica “no debe dedicarse a fomentar la lectura”.

La legisladora perredista se expresó con ese grado de ignorancia respecto a las funciones del FCE, como si una casa editora fuera ajena al impulso a la lectura. Andrea Chávez sólo consignó textualmente las palabras de la perredista, quien consideró esta publicación como “violencia política de género” y por este insólito motivo presentó una queja ante el INE.

El INE negó a Sodi la procedencia de su queja, en la que exigía una disculpa pública de la morenista y que retirara el mensaje. No obstante, el INE emplazó a ambas legisladoras a presentarse en la sala correspondiente del TEPJF y allí, el magistrado Luis Espíndola Morales, encargado de elaborar la ponencia que pondría a consideración de esa instancia, la queja, consideró que carecía de elementos suficientes para sustentar la violencia política de género.

A pesar de que ya el INE había desestimado los cargos, al igual que el magistrado ponente, los magistrados Rubén Jesús Lara Patrón, presidente de la sala, y Gabriela Villafuerte Coello, aseveraron que el tweet de la diputada Chávez había propiciado un “linchamiento mediático” contra Sodi.

La decisión de los magistrados fue más allá de lo solicitado por Sodi. No sólo determinaron sancionar a Andrea Chávez, sino además registrarla como “violentadora” durante tres años, con lo cual la inhabilitaban como candidata para las próximas elecciones. También sancionaron, a 15 usuarios que comentaron la publicación, con multas de mil 500 a cuatro mil pesos.

Para perpetrar semejante desaguisado, pasaron sobre el Artículo 61 de la Constitución, el cual establece, textualmente: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

“El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.”

Tales son los “garantes” de la legalidad electoral en nuestro país.

Por tales motivos, no es extraño que en la famosa encuesta que el INE ocultó desde hace casi un mes, la gran mayoría de los mexicanos se manifestara en favor de lo siguiente: 90 por ciento por la reducción de las partidas destinadas a los partidos políticos; 80 por ciento a favor de que los integrantes del INE (que ahora se llamaría INEC, debido a que realizaría consultas ciudadanas, como la que el INE boicoteó, respecto a la revocación del mandato) sean electos por los ciudadanos y no por los legisladores.

El ejercicio de consulta fue más amplio, pero finalmente recordaremos que 70 por ciento estuvo en favor del recorte de los recursos públicos destinados a los consejeros electorales. Esto tampoco mueve a asombro, si recordamos los fideicomisos irregulares, los estratosféricos viáticos y que 11 asesores del INE ganan más que el presidente de la República.

Ante ello, cabe preguntar: ¿por qué no tocar al INE?

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