La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
Que -desde hace más de dos décadas- los exégetas de la transición democrática vengan bregando porque se limiten o cancelen las facultades metaconstitucionales del presidente de la República, es una cosa, que no carece por cierto de legitimidad ciudadana.
Pero que el candidato a la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, considere de la más alta prioridad quitarle el fuero al jefe del Ejecutivo federal -lo acaba de afirmar-, es otra cosa, en la que hay que dar pasos con la sonda puesta.
Algunos de los postulantes de la transición, matizando su posición, llegaron a considerar un riesgo para la institución presidencial y para al Estado mismo en su conjunto, que Andrés Manuel López Obrador expusiera su integridad personal, prescindiendo de la custodia del Estado Mayor Presidencial; de lo que sigue que, ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre.
Que la iniciativa para desaforar la investidura presidencial se origine en Palacio Nacional, no la hace per se más saludable, pero el diputado que pastorea la bancada de Morena en San Lázaro parece sustentar otro criterio.
Los del “parlamento abierto” quieren tener vela en el entierro
Desde nuestra perspectiva, nos parece más prioritario acometer la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF), pues es un secreto a voces que la corrupción y la impunidad en las instancias jurisdiccionales son el caldo de cultivo de la criminalidad reincidente y de la espiral de la barbarie que cada día nos ofrecen nuevas imágenes de deshumanización en algunos segmentos de la sociedad mexicana.
De la iniciativa de reforma al PJF que la semana pasada dio a conocer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, aquí se ha dicho que, por sus enunciados, se caracteriza por su rigor técnico y por su circunscripción específica a uno de los tres poderes de la Unión.
Lo que inquieta es que, aun sin que haya tiempo de leer con detenimiento ni siquiera la exposición de motivos de aquel proyecto, que todavía el viernes no llegaba físicamente al Senado, ya aparecieron los aspirantes a legislador externos que, desde sus troneras particulares, exigen que su estudio sea expuesto a Parlamento abierto.
De entrada, hay que decir que a esa figura importada se le asignan, entre otros atributos, el acceso a la información pública, la pluralidad de participantes ciudadanos, la transparencia, la rendición de cuentas, etcétera.
Idoneidad, cultura jurídica y técnica legislativa, ¿dónde quedan?
¿Valen esos solos atributos para un tema tan complejo que exige de idoneidad, cultura jurídica y, sobre todo, dominio de la técnica legislativa?
Subrayamos la condición de importado de aquel producto, porque tiene como referente la fundación Por una sociedad abierta, creada y financiada por el tramposo especulador bursátil George Soros, con deseos de redención, a finales de los años setenta.
En Europa le siguieron promociones por un gobierno abierto y la que desde hace cinco años pretende aclimatarse en nuestro subdesarrollado medio: El Parlamento abierto. ¿Cuál es el mejor producto legislativo que aquí nos haya ofrecido el ensayo? No lo vemos en nuestro paisaje jurídico.
Monreal: La reforma no saldrá como los ministros la quieren
Lo que pasa es que no falta quien les dé carrucha a los “legisladores” oficiosos. Antes de que el proyecto llegara a la Oficialía de Partes del Senado, que las secretarías de la directiva lo entregaran a la Presidencia y ésta lo turnara a las comisiones de dictamen, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, ya había abordado el avión.
A la primera provocación, el zacatecano anatematizó: La reforma no saldrá como los ministros la proponen. Seguramente, se “enriquecerá”, incluso con adiciones a su contenido.
Echado a andar el carrusel, el insospechable senador amarillo, Miguel Ángel Mancera adelantó que el bloque de contención conformado por el PRD, el PAN y el PRI, revisará a detalle la iniciativa ya que se trata de reformas constitucionales, que hay que tomar con mucha seriedad.
La cuestión es que, no obstante la “mucha seriedad” del tema, la intención es despachar el asunto en el actual periodo ordinario de sesiones que se cierra el 30 de abril.
Lo que no se discierne en el apresurado galope mediático, es qué elementos se tomarán, y cómo se conciliarán, con los del proyecto del propio Monreal Ávila, que quiere crear una nueva sala anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, los del paquete que en enero intentó el Ejecutivo al través de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica de la Presidencia, y más de 30 iniciativas relacionadas, presentadas por diversas bancadas, e incluso ya dictaminadas algunas que, sin embargo, reposan en las congeladoras de ambas cámaras sin bajarse al pleno.
¿Ante quién puede controvertir el Tribunal Constitucional?
Imaginamos un escenario estrambótico “a la mexicana” después del 30 de abril: Los productos del legislador son exponibles a controversia constitucional, que los sujetos obligados recurren ante el supremo Tribunal Constitucional. Siendo en este caso la Corte, fuente de la iniciativa de reforma, en caso de que resulte un galimatías, ¿en qué instancia controvertirán los ministros? Mera duda existencial. Es cuanto.