Voces del Periodista Diario

Que coman los que nos dan de comer

Ruta México

Por Álvaro Aragón Ayala

Aun en tiempos de normalidad social, el Derecho Humano más preciado es el de la Seguridad. Desde hace dos sexenios, el clamor colectivo exige seguridad pública. En estas semanas de espanto, la demanda más sentida, es la de seguridad sanitaria. Ambas abarcan y deben proteger a todos los segmentos de la comunidad nacional, empezando por Los de abajo.

Como responsabilidad tutelar del Estado, hasta hace tres décadas el buque insignia fue el de la Seguridad Social y la Seguridad laboral. (La primera de la mano del Derecho a la Salud). Ambas se vieron quebrantadas durante el periodo del Estado neoliberal.

Viejo es el reclamo de Seguridad jurídica, que corre por cuenta de los detentadores del capital privado. La demanda se exacerbó después de la contrarreforma petrolera en que los inversionistas extranjeros exigieron garantías a la observancia de sus contratos y concesiones; las segundas, para otras ramas de la industria extractiva.

Seguridad alimentaria como soporte de la Seguridad Nacional

Nunca, como ahora, sin embargo, toma el primer sitio la Seguridad alimentaria, que al menos hasta el sexenio de José López Portillo mereció el rango de componente imprescindible de la Seguridad Nacional, por lo cual fue objeto de un programa de naturaleza autónoma, aunque coordinado dentro de las políticas públicas a resguardo de las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Cuando los tecnócratas neoliberales promovieron la privatización de la propiedad social de la tierra y atacaron los fundamentos de la banca de desarrollo, en la que estaban inscritos los bancos ejidal y agrícola, se pensó ilusoriamente que el Tratado de Libre Comercio (TLC) sería la varita mágica para suplir la autosuficiencia alimentaria, abriendo indiscriminadamente los mercados de importación agropecuaria.

La puntilla se la dieron los mandarines del neoliberalismo, tanto a productores como a consumidores, al extinguir la Compañía Nacional de Subsistencia Populares (Conasupo), institución la más representativas de las políticas compensatorias.

No hay barril de dólares suficiente para costear importaciones

Si bien relativamente eficiente la opción del TLC, en los hechos se ha visto que los costos no compensan las pérdidas sociales generadas por el abandono del campo, donde el desplazamiento sometió al campesinado a la condición de jornaleros y en otros casos fue lanzado como ejército de reserva del crimen organizado, si no a la emigración hacia los Estados Unidos.

Si de costos hablamos, basta con señalar que las importaciones se pagan a valor de dólar. Hace unas horas, el tipo de cambio rebasó en la jornada el techo de los 26 pesos por dólar, tendencia al alza pues, aunque el Banco de México interviene el mercado inyectándole billete verde tratando de contener la especulación, la fuga de capitales denominados en dólares, es incontenible, convirtiendo en humo las remesas de nuestros trabajadores emigrados, que en el último año han aportado más de 36 mil millones de dólares a la economía nacional.

Una luz en el túnel de la interminable crisis rural

El gobierno de la cuarta transformación, aun antes de que se presentaran la pandemia del coronavirus y la crisis de los precios internacionales del petróleo, trató de revertir el negativo proceso que postra al campo creando, contra vientos y mareas mediáticos, la Dirección General de Seguridad Alimentaria, adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social.

Si bien con alcances todavía limitados, ese esfuerzo prefigura un intento de rescate de lo que fue la Conasupo, de la que sólo quedó Diconsa, que opera 302 almacenes rurales y 22 mil tiendas fijas y 300 móviles.

Sobre esos rieles, desde 2019 la Federación ha restablecido los precios de garantía a productores aplicados a la siembra de maíz (blanco y amarillo), frijol, arroz, trigo, leche fluida, etcétera. En el ciclo verano-invierno del año pasado, ya aplicó la nueva política. Al menos cuatro estados del norte están programados para el ciclo primavera-verano.

Aunque en el plano general se pretende apoyar a un millón 600 productores que aportan entre cinco y seis millones de toneladas al año, para el ciclo inmediato los beneficiarios serían unos veinte mil. Por algo se empieza para mitigar el agobio.

Es necesario poner trampas a los empedernidos coyotes

El primer rango de beneficiaros son los que cultivan hasta 50 hectáreas con potencial producción de 600 toneladas de maíz por ciclo. Aunque en principio se fijó una cuota de 4 mil 150 por tonelada, con apoyos adicionales para fletes, el abono podría alcanzar hasta 5 mil 610 pesos.

Una cosa es de llamar la atención. Sobre el precio base, el ente citado se ha comprometido a abonar la diferencia a la baja de los precios que pagan los compradores de las cosechas. Acaso aquí sería pertinente una advertencia: Es eventualmente posible que esa concesión sea aprovechada por los empedernidos y temible coyotes, que medran con las urgencias de los campesinos. Y, entre esos depredadores, hay no pocos sedicentes líderes de las Ligas de Comunidades Agrarias, de la Confederación Nacional Campesina y fauna de acompañamiento. Sobre aviso, no hay engaño.

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