Voces del Periodista Diario
Abraham García Opinión

¿Quién manda al diablo a las instituciones?

La piedra en el zapato

Por Abraham García Ibarra

Abramos un primer arco: Desde 1946 a 1988, la Presidencia de México fue ejercida por hombres de leyes formados en la Universidad Pública, que llegaron al mando nominados por el PRI. Tres de ellos, pasaron antes por la Secretaría de Gobernación.

En sus campañas electorales, en sus discursos de toma de posesión y en cada informe presidencial, esos políticos invariablemente acentuaban su análisis y sus planes de gobierno con base en aquellas áreas ordenadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Hombres de leyes, sin embargo, se daba por sentado implícitamente que en el ejercicio del poder juraban la observancia del Estado de Derecho definido, obviamente, en la Constitución.

Curiosamente, después del mandato del abogado Miguel de la Madrid concluido en 1988, el primer tecnócrata que se hizo cargo del Poder Ejecutivo federal fue Carlos Salinas de Gortari, especializado en Economía.

Según nuestros registros, desde el sexenio de Salinas de Gortari, el economista Presidente, con posgrado en Harvard, se empezó a invocar el Estado de Derecho al acometer sus “reformas estructurales” sobre las que se diseñó y se puso en operación el Estado neoliberal.

Desde entonces, hasta hace unos días, Estado de Derecho es precepto constitucional devenido lugar común, muletilla inane.

Cuando se instituyó el gabinete paralelo

Cambio de página: Propiamente, en el periodo neoliberal, la estructura histórica de la Administración Pública Federal ha sido sometida a cambios que desembocaron en la institución de un gabinete paralelo, con competencias y facultades sobrepuestas a las de los gabinetes legal y ampliado. Su primer impacto es sobre el gasto corriente del sector público. No es asunto de poca monta.

Entre esas estructuras se interpusieron órganos autónomos del Estado, paralelos a las secretarías encargadas de despacho y de entes descentralizados.

El nombramiento de los depositarios y administradores de esos órganos autónomos del Estado, por mandato constitucional, queda bajo la sanción de una de las dos cámaras del Congreso de la Unión.

La primera deformación y perversión del mandato constitucional apareció cuando, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se instituyó de facto el sistema de cuotas y cuates, según la composición, la fuerza y el interés faccioso de las tres minorías dominantes en cada una de las cámaras, para repartirse las posiciones en disputa.

Desde la elección presidencial de 2006 se puso en el debate público, no siempre casual ni gratuito, la denuncia contra quienes amenazan con mandar al diablo las instituciones. Todavía en las pasadas campañas presidenciales de 2018 se esgrimió esa acusación.

Es llegada la hora de cuestionar si el ataque a las instituciones es externo, o se incuba dentro de las propias instituciones. Trataremos de ilustrar el asunto a la luz de unos ejemplos.

Fraudes bancarios contra usuarios, arropados por la impunidad

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por mandato de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es responsable de regular y vigilar la operación del sistema de banca y crédito.

Facultad de Hacienda era, formalmente, prevenir y castigar las transgresiones a la norma correspondiente. Eventualmente, por la vía judicial, si la administrativa quedaba rebasada.

En el otorgamiento de franquicias bancarias, sobre todo las nacionales, se ha favorecido en no pocos casos a los usufructuarios de la privatización de dicho sistema, que lo quebraron y depositaron sus papeles chatarra en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que sustituyó en 1997 al Fondo Bancario para la Protección al Ahorro.

A fin desembarazarse de la responsabilidad en caso de conflicto con la ley, el gobierno federal (Hacienda) creó la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de los Servicios Bancario y Financiero. Un ente, sin dientes para efectos judiciales.

La titularidad de esa institución, por sistema, se ha entregado a sabor a diputados que previamente participaron en las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja.

Entre 2016 y lo que va de 2018, la Comisión de marras ha detectado casi diez millones de casos que serían materia de delitos de fraude contra los clientes. Entre las instituciones responsables, aparecen por lo menos cinco grupos bancarios extranjeros y nacionales.

La mayoría de esos asuntos queda agotada en ejercicios de arbitraje administrativo, sin resultados satisfactorios para las víctimas de esas trapacerías. La impunidad es el signo.

El alegre caso de la comisionada Ximena Puente

Con otras características, pongamos el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El nombramiento de sus comisionados, es facultad del Senado.

En meses recientes, la comisionada presidenta del Instituto fue Ximena Puente. Alcanzó primeros planos informativos cuando avaló un dictamen por el que se negó acceso a la información a un contrato de Pemex (la compra en 275 millones de dólares de una planta chatarra), en el que estuvo involucrado el ex director general de esa empresa, Emilio Lozoya Austin.

Lozoya ha sido implicado en el caso Obredecth, la trasnacional brasileña que trasegó millones de dólares a la campaña presidencial del PRI en 2012. Durante la pasada primavera, Puente fue nominada por el PRI a diputada plurinominal.

Ponencias y asesorías de Lorenzo Córdova Vianello

Abordemos otro tema “de palpitante actualidad”, con su previa “exposición de motivos”.

Entre 2008 y 2012, el Senado promovió una serie de foros para la Reforma del Estado. En al menos dos de esos eventos actuaron como ponentes Lorenzo Córdova y Benito Nacif, honorarios de por medio.

Formaba parte de la Cámara alta y ejercía como pastor el priista Manlio Fabio Beltrones Rivera.

De su lado, la Conferencia Nacional de Gobernadores formó su propia comisión para aportar materiales a la Reforma del Estado. Para entonces, eran parte del sindicato de gobernadores César Horacio Duarte Jáquez (Chihuahua), Fidel Herrera Beltrán (Veracruz, a quien sucedió Javier Duarte de Ochoa), Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León), y Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas). Son ex gobernadores señalados por actos de corrupción y en algunos casos vinculados con el crimen organizado.

A principios de enero de 2012, el nombre de Lorenzo Córdova aparece como asesor de la Conferencia Nacional de Gobernadores en la Comisión de Reforma del Estado.

Córdova era ya, en el mes inmediato anterior, diciembre de 2011, consejero del Instituto Federal Electoral. En 2014, estando ya en la Cámara de Diputados el priista Beltrones Rivera, Córdova fue nombrado consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En la nómina esta también Benito Nacif.

La novatada de la bancada del PRI en el INE

Entre el 29 y 30 de junio pasado, a escasas 30 horas de que se abrieran las casillas para la elección presidencial, una facción de consejeros del INE tramó un golpe efectista contra el partido del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con el asunto del fideicomiso de apoyo a los damnificados de los terremotos de septiembre de 2017.

La operación abortó, pero los consejeros imputados de formar la bancada del PRI en el INE porfiaron en su ofensiva, hasta lograr a mediados de julio que el Consejo General del INE aprobara una descomunal multa contra Morena.

Aunque la reacción jurídica de Morena está ya en manos ya del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros Ciro Murayama Rendón, Marco Antonio Baños y el propio Lorenzo Córdova, siguen tratando de inducir el criterio de los magistrados federales, ejerciendo sobre ellos presión mediática.

Los consejeros acusadores están internacionalizando su campaña en contra de Morena. Murayama logró espacio en el diario madrileño El País (24-VII-2018) si bien, a decir verdad, no aporta algún argumento nuevo en el alegato original en que se basó la multa al partido.

Murayama es economista, según su currículum, pero en su escrito hace una ferviente invocación al Estado de Derecho, no obstante que su argumentación esta plagada de una serie de ecuaciones contables y pesquisas sesgadas en los entresijos de la autoridad fiscal (Hacienda).

En la misma línea, el lunes saltó al ruedo la consejera Pamela San Martín. Bien memorizado el libreto del morbo.

El escudo tras el que se parapetan los consejeros electorales, es su estatuto autónomo, como si los partidos, sus candidatos y hasta el ciudadano de a pie desconocieran esa condición constitucional.

Todavía anoche, el INE declaraba, como si fuera una concesión voluntaria y gratuita, que respetará la sentencia que emitan los magistrados electorales. Es que no le queda de otra: Las sentencias de los magistrados son definitivas e inatacables. Recordarlo bien.

La técnica para encontrar la aguja en el pajar

Un dato para ilustrar nuestro optimismo: Entre 2005 y 2006, Andrés Manuel López Obrador fue sometido a procedimiento de desafuero como jefe de Gobierno del Distrito Federal. Se le acusó de desacato de mandato judicial en el asunto del lote El Encino, de Santa Fe (finiquitado diez años después).

Lo que es de observar en ese caso, es que el Poder Judicial de la Federación reportaba que en aquel periodo había más de tres mil desacatos a mandato judicial. Entre el pajar, sólo se encontró la aguja de aquel lote que había sido expropiado, por cierto, por la jefa de Gobierno sustituta, Rosario Robles Berlanga.

Entre “muchísimas cosas”, se encontró el asunto Morena

El pasado 23 de julio, fue emplazado el secretario de Hacienda, José Antonio González (concuño de Carlos Salinas de Gortari) sobre el tema de las filtraciones sobre el afamado fideicomiso.

González respondió que el INE “nos hizo solicitudes de información sobre muchísimas cosas y una de las cuales ‘seguramente’ incluiría la multa a Morena; yo no puedo hablar de esa investigación, porque no la conozco”.
(“Seguramente”, por su cargada agenda, González no ve ni escucha los medios electrónicos, ni lee los medios impresos que han informado que entre “muchísimas cosas”, el INE, con precisión quirúrgica, dio con la que le convenía).
En última lectura, ¿quién manda al diablo a las instituciones? Es cuanto.

Artículos relacionados

Los demonios vuelven a cabalgar

Redacción Voces del Periodista

Corrupción: Después de conejo ido, pedradas al matorral

Redacción Voces del Periodista

La corrupción y los límites de la legitimidad

Dejar un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.