Voces del Periodista Diario
Abraham García Opinión

¿Quién responde por la sangre derramada?

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

Porque, como reportero, seguí la trayectoria y traté periodísticamente a los generales sinaloenses Gabriel Leyva Velázquez y Teófilo Álvarez Borboa, me siento autorizado a dar testimonio sobre su integridad como hombres y como soldados.

Leyva Velázquez, dos veces gobernador de Sinaloa, fue hijo del profesor rural Gabriel Leyva Solano, combatiente contra la dictadura de Porfirio Díaz y precursor de la Revolución mexicana. En junio de 1910 fue capturado por las tropas federales y ejecutado por ley fuga.

Álvarez Borboa abandonó los estudios para tomar las armas en favor del maderismo y el constitucionalismo. En los años cincuenta, fue comandante de la VII Región Militar, instituida para la defensa del Pacífico mexicano durante la Segunda Guerra Mundial. El ex presidente Lázaro Cárdenas, una década antes, fue el responsable de la jefatura de las Fuerzas Armadas en ese litoral.

Meter las manos al fuego por militares como los nombrados, no es pose de última hora.

El reverso de la medalla: José Hernández Toledo

No puedo decir lo mismo del general José Hernández Toledo, cuyas insignias y sus metralletas se embarraron de sangre el 2 de octubre de 1968 en la Matanza de Tlatelolco. Un año antes, había cumplido misión “de ensayo” contra la comunidad de la Universidad de Sonora.

Hernández Toledo fue comandante de la Operación Cóndor, asestada a partir de febrero de 1975 en el Triángulo dorado (Sinaloa, Durango y Chihuahua) para el a la postre fallido, combate a la droga.

Todo el poder del Estado: Diez mil soldados, 39 aviones, 13 helicópteros, toneladas de herbicida, paraquat, utilizado por las Fuerza Armadas en Vietnam; más contingentes civiles.  

Hernández Toledo conocía el terreno que pisaba: Sus paracaidistas habían tomado por asalto el Valle de Culiacán para reprimir campesinos y jóvenes estudiantes, tres años antes.

Pedro Ojeda Paullada siempre tuvo “otros datos”

El coordinador civil de esa campaña armada, fue el entonces procurador general de la República, Pedro Ojeda Paullada. En vuelo de supervisión por territorio de los altos de la sierra, descendió en Los Mochis, al norte del estado.

Grabamos entonces el mensaje del fiscal federal en la sede de la Asociación de Agricultores del Valle del Fuerte norte en reunión a la que fueron convocados los hombres de negocios. Apacible, el orador puso el acento en una advertencia: Tengo en mi poder una relación nominal de aquellos sinaloenses que medran con la siembra y tráfico de estupefacientes.

Al propio Ojeda Paullada, en el inicio de aquel sexenio, se le había instruido echar tierra a la carpeta de una averiguación previa que implicaba en posesión de mariguana a un poderoso empresario agroindustrial de Culiacán, dos décadas después candidato a la Presidencia de México.

Las bandas rurales pasan a una fase superior: El cártel

De la Operación Cóndor pudieron escapar los principales jefes rurales de las bandas de gomeros y mariguanero, que se pusieron a buen recaudo como huéspedes en los estados de Jalisco, Colima y estado de México. Al tiempo, cobraron una inusitada celebridad que sirve ahora de libreto a series televisivas nacionales e internacionales. Sobreviven al menos cuatro de los capos más afamados.

La empresa perseguida en los años setenta, pasó de meras bandas a cárteles que, diseñados por expertos en ingeniería financiera, internacionalizaron sus estructuras y multiplicaron la renta narcótica. Más tarde, algún ministro religioso de El Bajío, otorgaba indulgencias a algunos donantes: Las limosnas del narco se purifican una vez que se depositan en nuestros cepos.

Los salvaje métodos de represión contra población civil

Pero los sinaloenses, que ni la debían ni la temían, permanecieron en su solar nativo, aportando su crecida cuota de daños colaterales.

Seguimos en la misma página, subrayando la coordinación entre las corporaciones militares y mandos civiles de las delegaciones de la Procuraduría General de la República, con datos reporteados en el Sur de Sinaloa.

Dispositivos de la Operación Cóndor en las zonas urbanas: Lúgubres salas de tortura habilitadas en algunos hoteles, moteles y posadas, impermeabilizadas para evitar la escucha por oídos indiscretos fuera de esas habitaciones.

En las zonas rurales, mujeres, algunas embarazadas, colgadas de los pulgares de las manos en los árboles, para arrancarles delaciones contra sus maridos, hijos o parientes, presuntamente implicados, sin causa ministerial, en la siembra de narcóticos. Consta en expedientes armados por las primeras organizaciones sinaloenses de defensa de los Derechos Humanos.

Los hallazgos periodísticos en el puerto de San Blas

Testimonio periodístico, repetimos: En el puerto de San Blas, Nayarit, la mayor parte de los lugareños se dedica a la captura de tiburón en las inmediaciones de la Isla Isabel, rodeada de bancos del escualo.

A los meses de la Operación Cóndor, cuando los pescadores de retorno al puerto abrían en canal a sus presas, empezaron a descubrir algo macabro: En las vísceras hallaban restos de osamentas humanas, girones de ropa o a de zapato. Deducían que se trataban de despojos de algún náufrago.

En ex agente federal dio “otros datos” en corto. En Mazatlán eran capturadas algunas personas, jóvenes varones preferentemente, sospechosos de dedicarse a la actividad narca: Se les trepaba en algún helicóptero o avionetas de dos tres plazas, se les rayaba el cuerpo con hojas de afeitar y, sangrantes, eran arrojados a aguas en el entorno de la Isla Isabel.

Asesinato de la precursora de la defensa de los Derechos Humanos

De aquellos sombríos días sinaloenses data la ejecución, en Culiacán, de la abogada Norma Corona Sapién en mayo de 1990; luchadora social y precursora de la defensa de los Derechos Humanos en el estado, había documentado las barbaridades de la Operación Cóndor.

La autoría intelectual del salvaje le fue imputada el entonces “eficaz” comandante de la Policía Judicial Federal, N. González Treviño.

En mayo de 2009, en La Jornada, con crédito a Arturo Cano, se publicó un documentado reportaje que removió lodos de aquellos polvos.

La base de esos contenidos -que tienen como referencia la Operación Cóndor- son dos acciones militares acometidas por pelotones en Sinaloa de Leyva (nomenclatura en homenaje al profesor revolucionario Gabriel Leyva Solano, acotación de este escribidor) y en Santiago de los Caballeros, en 2007 y 2008, tiempo de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado, cuyo comandante calzó uniforme de general de cinco estrellas.

Los daños colaterales fueron una mujer y su hija de tres años de edad, cuatro campesinos serranos desarmados y varios heridos. Saldo consignado en una sola entrega editorial.

La guerra calderoniana (250 mil muertos). fue continuada en el sexenio pasado por Enrique Peña Nieto.

Las dolientes brigadas de mujeres en busca de sus desaparecidos

En recientes años, hemos visto dolientes brigadas de madres, esposas y hermana sinaloenses en búsqueda de sus desaparecidos. Hace unos meses, fue ejecutado el reportero y escritor sinaloense Javier Valdez Cárdenas, especializado en temas del narco; nombre agregado a la estadística de periodistas muertos en el estado desde 1978.

Así llegamos al 17 de octubre de 2019 al complejo Tres Ríos de Culiacán. Como sinaloenses, nosotros nos negamos a una nueva edición de la Operación Cóndor para sumar otros 250 mil muertos al inaceptable recuento de los daños.

No cerramos esta entrega, sin una observación semifinal: En su conjunto, las Fuerzas Armadas mexicanas merecen respeto y confianza. Desde su origen contemporáneo, su papel como salvaguardas de la Nación es digno de reconocimiento.

No les hace falta que un sobrino del gorila chileno Augusto Pinochet y compañeros de viaje reclamen para las corporaciones militares mexicanas actos de desagravio; exigencia que no hicieron durante los mandatos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es cuanto.   

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