La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
Hoy, Porfirio Muñoz Ledo es presidente de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura federal. Será quien, el 1 de diciembre, le cruce la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador.
Muñoz Ledo tiene 85 años de edad. Sus pares votaron su cargo seguramente anticipando su retiro de la política activa.
En la primera alternancia presidencial, el ex presidente nacional del PRI fue invitado por Vicente Fox a coordinar una comisión para la Reforma del Estado. El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, inducido o por iniciativa propia, le metió zancadilla.
Por aquellos días, se habló mucho de la necesidad de convocar a un nuevo Congreso Constituyente. Se consideró imperativo ese acto para modernizar el régimen jurídico del Estado mexicano, plagado de deficiencias e insuficiencias, contradicciones en su clausulado, sembrado de artículos transitorios transitorios, mandatos obsoletos, dictados que no se observan, etcétera.
Lo que pasa es que, el de México, es un Estado sobrelegislado con regímenes de excepción, leyes del embudo y hasta leyes del menor esfuerzo.
Actúa el Tribunal Constitucional; se le acata pero no se le cumple
Cuando hace más de dos décadas la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue instituida como Tribunal Constitucional, mucho del quehacer del Congreso de la Unión ha quedado en entredicho.
La afirmación anterior se sostiene en sentencias que los ministros han votado en recursos de Controversias constitucionales y de Acciones de inconstitucionalidad.
Particularmente en el segundo caso, las salas de la Corte han hecho observaciones y recomendaciones al Poder Legislativo sobre legislaciones en cuyo articulado no hay congruencia respecto de la Carta fundamental, tanto en el ámbito federal como estatal.
Por sistema, las legisladoras han rehusado a hacer las modificaciones pertinentes. En algunos casos, los afectados recurren al amparo de la justicia federal, opción caracterizada por el abuso o la contumacia. Dicho para algunos efectos, por la mala fe.
De ello deriva que encuestas académicas sobre Cultura constitucional devienen escepticismo de los ciudadanos consultados.
Previniendo el golpe de Estado judicial
La inercia reformista se presenta ahora en la primera legislatura federal de la Cuarta Transformación de la República.
Apenas calentando sus curules, los diputados federales han recibido una iniciativa de reformas a la Constitución, leyes secundarias y códigos penales.
De entrada, lo que percibimos en las versiones conocidas sobre esa iniciativa, es que su texto tiene una fuerte carga de lenguaje jesuítico. El sí, pero no.
El proyecto recoge diversos expedientes en que partidos políticos y sociedad civil demandan la cancelación del fuero a los funcionarios públicos. En el caso específico de los legisladores, se ha dicho que el fuero protege la función, no al individuo; caso en el cual, se afirma que los legisladores son inviolables en el ejercicio de sus facultades. Lo cual parece correcto.
Ahora, el proyecto de marras que cancela el fuero, privilegia la figura de inmunidad. Ésta aplica, según argumento, para garantizar la continuidad de los Poderes de la Unión y, en su alcance, en cuanto toca al presidente de la República ¡Ojo! prevenir un golpe de Estado judicial.
En ese caso específico, frente a sentencia judicial, es el Congreso el depositario de la última palabra.
En cuanto al resto de los mortales, funcionarios imputados de falta, mediante la inmunidad pueden llevar el proceso en libertad hasta que se produzca una sentencia condenatoria. No más falta que se invoque lo de los delitos no graves.
En última lectura, lo que tenemos es prevalencia de la adicción reformista, en retazos, de la Constitución general de la República.
Si se inicia la nueva era, ¿es descabellado pedir que, de una vez por todas, se convoque a un nuevo Congreso Constituyente? Si se trata de cambio, pues que sea radical… o seguiremos estando como estamos. Es cuanto.