Voces del Periodista Diario
Abraham García Opinión

Sea cae a pedazos la Reforma Energética

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

Extenso es el catálogo que Los sicarios del neoliberalismo tienen en sus planes para defender hasta “con la vida” las reformas “transformadoras” del sexenio que expira.

Desde antes del 1 de julio y en lo que va del proceso de transición, esos heroicos combatientes hacen prácticas de calentamiento contra algunos blancos móviles que a manera de señuelos han sido soltados desde el Congreso de la Unión.

El de las comisiones bancarias no es el menor, pero todo indica que temas como ésos podrían atenderse y resolverse por la vía discrecional, conciliatoria, en instancias administrativas u órganos autónomos de regulación.

Desde luego, la Reforma Energética es la joya de la corona. A cargo de ésta se han dado 107 contratos petroleros (la mayoría a corporativos extranjeros) que, según sus optimistas dispensadores generarán inversiones por unos 200 mil millones de dólares, si bien a plazo incierto.

Resulta ocioso repetir que, desde la introducción de la iniciativa de reforma constitucional, sus impulsores esgrimieron el gancho de que los precios de los combustibles y de la electricidad se abaratarían. Las recurrentes protestas en todo el país de los consumidores por los gasolinazos y los facturazos demuestran que no hay tal.

Empresas “productivas” que no producen

Uno de los cambios de los que no pocos detractores denuncian como contrarreforma petrolera consistió en darle a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el estatuto de empresas “productivas” del Estado. En principio se creyó que producirían. Sueño guajiro.

Todos los días aparecen en las pantallas de televisión los marcadores de los precios de las gasolinas y del diésel, no así el del gas de consumo doméstico; el hogareño. Un registro de los dos recientes años indica que el incremento del precio alcanza más de 40 por ciento.

Aquí tenemos un monumento al embuste: Siguiendo la inercia de anteriores administraciones se dio por decidido no producir gas natural, “porque resulta más barato importarlo que producirlo aquí”.

En efecto, de las importaciones de ese fluido depende ahora 85 por ciento del consumo interno: La CFE requiere de seis millones de metros cúbicos; Pemex de dos millones. Hasta 2019, en que se ajuste el actual ejercicio fiscal, se sabrá a ciencia cierta cuántos millones de encarecidos dólares se gastaron en el pago de esas importaciones.

Violencia coactiva contra comunidades no consultadas

La otra cara de esa “política” energética es la de la violencia coactiva que se impone a las comunidades mexicanas para dar vía libre a los proyectos energéticos privados. Hemos citado en otras entregas el fíat a la ocupación de los territorios por los titulares de contratos y concesiones petroleros, contra la voluntad de sus propietarios o tenedores.

La Corte ha fallado en varias ocasiones en favor de pueblos originarios a los que se negó el derecho a consulta previa para la disposición de su patrimonio. No ha habido poder humano que convenza al Ejecutivo de ese derecho elevado a rango constitucional.

Radicalizado el problema, los corporativos a los que la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha concedidos franquicias para el tendido de gasoductos han caído en cuenta de que lo barato cuesta caro. Al menos tres de esas obras han sido objeto de resistencia de los pobladores afectados.

TransCanadá amenaza con retirarse

Ha tocado el turno a TransCanadá, que puso en marcha proyectos a lo largo de tres estados ribereños del Golfo de México: Veracruz, Puebla e Hidalgo, en los que, según su filial Transportadora de Gas La Huasteca se llevarías invertidos unos 400 millones de dólares.

Según criterio de la Secretaría de Energía, los inversionistas tendrían que entenderse con las representaciones de 15 comunidades. Se dejó fuera de cualquier trato a más de 440 pueblos.

Desde que en el sexenio pasado se empezaron a repartir a granel concesiones mineras cediendo dominio territorial de millones de hectáreas, desde al menos cinco estados de la República se denunció que las empresas canadienses han empleado los métodos más salvajes, incluso contratando a bandas de sicarios, para hacerse de los territorios más apetecidos.

Incluso, los pueblos en resistencia han tenido que apelar al gobierno de Canadá para hacer sentir su protesta por esas bárbaras prácticas de neocolonialismo. La autoridad canadiense ha sido más sensible al reclamo.

En México, los responsables públicos del sector energético, montados en su macho, no están dispuestos a escuchar la voz de los indígenas. Es la marca de la casa. Los jueces de distrito tienen otra opinión. Es de lo que se ha enterado TransCanadá. Es cuanto.

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