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Seguridad Interior: La carreta delante de los bueyes

Voces del Director

Desde Filomeno Mata 8

Por Mouris Salloum George (*)

No podemos insertar el tema de hoy en lo que algunos llaman la picaresca política a la mexicana. Se trata, más bien, de una operación de bellacos en asalto a las tesorerías públicas.

Esa operación entra entre los usos y costumbres del Poder Legislativo federal.

Cada fin de legislatura, como ocurre con la LXIII -que concluye el 31 de agosto de 2018-, diputados y senadores venden caro su amor, denominado en votos en comisiones de dictamen o en el pleno: 1) para encarecer los votos “por la afirmativa” en periodo navideño; 2) mejorar el tope de aguinaldos y bonos de fin de año, y 3) arrancar un ilegal  pago de marcha “por los servicios prestados” a los coordinadores de Cámara y de bancadas parlamentarias.

Así está sucediendo ahora, en San Lázaro, donde se requiere mayoría calificada (de dos tercios) para el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, responsable de fiscalizar el gasto público.

En el Senado, el oscuro objeto del deseo es otro: Satisfacer los designios del Ejecutivo para darle velocidad a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Las impugnaciones, voces en el desierto

Esa iniciativa, es una declaración de principios: Mantener a los soldados fuera de sus cuarteles. A toda costa y a cualquier costo.

La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la correspondiente Nacional, Organizaciones no gubernamentales, expertos en la materia, etcétera, con evidencias de lo que ha sido una década de guerra contra el crimen organizado, y, sobre todo, con irrebatibles argumentos jurídicos, han cuestionado los contenidos y la intencionalidad de ese proyecto.

Para algunos de los impugnadores del dictamen, esa intencionalidad no tiene secretos: En un estado de ingobernabilidad como el que cruza México, las elecciones generales de 2018 son una bomba de mecha corta. Sólo las Fuerzas Armadas pueden controlar esa potencial amenaza. Los daños colaterales se dan por descontados.

A confesión de parte, relevo de pruebas

En evento en el que se puso en la orden del día el tema de la trata de personas, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, consideró que la presencia de los militares en muchas regiones del país, es absolutamente indispensable.

A confesión de parte, relevo de pruebas: En cinco años del actual mandato presidencial, no ha podido concretarse la formación de cuerpos policiales profesionales y honestos que cumplan con eficacia la política de seguridad pública.

(Una de las críticas al proyecto de ley, es que se confunde la magnesia con la gimnasia: So capa de eficientar la seguridad pública, se mete de contrabando lo de la seguridad interior que, jurídica y políticamente corresponde a otro ámbito cercano al  de Seguridad Nacional.)

Trata de explicar Campa Cifrián que tener el Ejército y la Marina Armada en las calles, responde a la necesidad de contrarrestar los altos niveles de violencia e inseguridad generada por el crimen organizado.

Se pretende atacar los efectos, no las causas

Desde que hace más de una década Felipe Calderón desencadenó esa guerra, una advertencia sentó plaza en voz de los especialistas en Fuerzas Armadas: Al no existir previamente tareas de Inteligencia, no se pudo hablar de estrategia para imprimirle eficacia a esas ofensiva militar.

Es obvio que el gabinete de Seguridad Nacional -de la que es tributaria la Seguridad Pública-, que coordina la Secretaría de Gobernación, no ha podido encontrarle la cuadratura al círculo viscoso de la barbarie.

Los sociólogos y juristas de corte liberal encuentran otra causa fundamental del disparo de la criminalidad: Desempleo, salarios precarizados, pobreza, que entraña falta de oportunidades formativas de las nuevas generaciones, corrupción e impunidad.

Investigaciones científicas encuentran que los cárteles del crimen organizado reclutan sus cuadros de narcotraficantes y sicarios en el Ejército de reserva de desempleados.

Al servicio de los capos de la droga, del tráfico de armas y de personas, se encuentran preferentemente individuos de entre 12 y 29 años de edad, que forman parte de la generación de ninis a los que se priva de la oportunidad de estudiar o trabajar.

La política laboral del régimen y la deliberada desatención a un agro dominado por el sector exportador, donde medran corporativos extranjeros, son la fuente principal de desocupación de más de 40 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), empujada a la economía negra que no satisface el imperativo de Seguridad Social.

A lo más que ha llegado el actual gobierno es a publicitar una Cruzada Nacional contra el Hambre, que no satisface ni a las familias afiliadas.

Son esas las causas que hacen absolutamente indispensable la acción  de las Fuerzas Armadas en las calles, las plazas públicas y las zonas rurales: La ley de Seguridad Interior, pone la carreta delante de los bueyes.

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