La Piedra en el Zapato
Por Abraham García Ibarra
Aunque nadie nos lo ha preguntado, vamos a tratar de explicar el sentido de la “cabeza” de esta sección: Desde los tiempos de Pericles y su propuesta democrática, los reformistas siempre han topado con pared en el frente de los reaccionarios.
Toda obra de regeneración, “en México y en China”, obviamente encuentra resistencia en la legión de corruptos. Don Justo Sierra, exégeta del liberalismo decimonónico, lo dijo así: Logramos desamortizar los bienes del clero, pero no hemos logrado la desamortización de las conciencias.
(La cita del maestro Sierra no es casual: Hoy se conmemora el 146 aniversario del deceso de don Benito Juárez, el político bueno que propuso a los servidores del Estado vivir en la augusta medianía.)
Sólo para ilustrar el tema, pongamos el punto en la agenda después del 1 de julio: Se ha colocado el pie en el estribo para poner a caballo la Cuarta Transformación de México.
Aún como enunciado, los francotiradores se han puesto en guardia desde las troneras privadas y, lo que es peor, desde trincheras institucionales.
Los gobernadores perdedores velan sus armas
Verbigracia: Los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y de Sonora, Claudia Pavovich, han reaccionado contra las acciones anunciadas por Andrés Manuel López Obrador; el primero mueve la lengua viperina pero la segunda engrasa al Congreso estatal, dispuestos a dinamitar cualquier iniciativa del próximo nuevo gobierno.
El odiado gobernador de Morelos, Graco Ramírez hace lo propio con sus diputados, para blindar su retirada contra eventuales ajustes de cuentas del candidato triunfante Cuauhtémoc Blanco.
Son tres gobernadores que perdieron electoralmente sus estados el pasado 1 de julio. Son ese tipo de especímenes los que representan piedras en el zapato.
Segunda acotación: El título de esta entrega hace alusión a una vieja anécdota de la picaresca mexicana: Un campesino sinaloense, “con derechos a salvo”, denunció ante el entonces presidente Miguel Alemán las maniobras de los terratenientes para evitar el reparto de tierras.
“No desmayen”, recomendó el mandatario. El labriego le replicó: ¿Cuándo se ha visto que la puerca suelte la mazorca que trae en el hocico?
Hace siete décadas de aquel episodio. El mismo espectáculo hoy ante el solo aviso de cambios.
Reacciona la “aristocracia de la burocracia”
Cambio de página, siguiendo el hilo conductor sobre la cuestión de la Economía criminal que sentó sus reales en México desde la inauguración del neoliberalismo, continuamos.
Se ha propuesto una política de austeridad en la administración pública. Aquellos funcionarios que combinan fueros y privilegios (que en metálico significan ingresos hasta por más de seis millones de pesos al año por cabeza), no sólo alborotan sus vísceras, sino que aceitan la maquinaria mediática infernal para revertir el riesgo que hoy es mera intención.
Hagamos una parada en el artículo 131 de la Constitución: (en todos los niveles de gobierno) “los recursos económicos de que dispongan se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados federal etiqueta puntualmente el fin de esos recursos.
Existen ahora mismo, montañas de expedientes armados por la Auditoría Superior de la Federación de la propia cámara, que prueban que los principios administrativos antes citados no se acatan ni se cumplen. Puede afirmarse, objetivamente, que el gobierno actúa fuera de la Constitución.
Seguimos: Para descargar el peso del monstruoso gasto corriente, una de las propuestas asume que se hará un ajuste en la nómina de medios y altos mandos.
Apenas se plantea la iniciativa, ya se invoca la ley del Servicio Profesional de Carrera, que ampara a la aristocracia de la burocracia.
Esa ley fue promovida y aprobada durante la gestión de Vicente Fox. Por lo que se sabe ahora, los principales usufructuarios de ese ordenamiento son funcionarios activos durante La docena trágica azul.
En 2006 (PRI) Y 2016 (Morena) introdujeron iniciativas para revisar esa ley. Fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, pero frenadas en el Senado, precisamente cuanto ya estaba sobre rieles el Sistema Nacional Anticorrupción (que ha sido saboteado también en la Cámara alta.)
Reparto de contratos públicos con mexicana y discrecional alegría
Hoy aparece a gran despliegue informativo, la solicitud de la Comisión Federal de Competencia Económica al candidato presidencial triunfante, a fin de que se permita a ese órgano autónomo del Estado participar en el sistema de licitaciones, cuando sean mayores de mil millones de pesos, para avalar, transparentar procesos y evitar prácticas desleales y corrupción.
Lo importante de esa solicitud, es su base argumental: En 2017, de 229 mil contratos públicos, más de 217 mil se otorgaron mediante adjudicación directa. Esto es, discrecional. ¿Se requiere decir más?
(Un cálculo hecho por especialistas estima que, al final del día, los presupuestos originales terminan con un sobreprecio de 30 por ciento.)
Sólo faltaría nominar a los contratistas favoritos del sexenio beneficiados con ese “modelo” de contratación pública. No hay que esperar mucho: Pronto saltarán a la palestra en defensa propia: Están de por medio unos 600 mil millones de pesos pagados por el gobierno a esa cáfila de bribones.
Mandataron los votantes el 1 de julio la regeneración. Sabremos, más temprano que tarde, si la puerca está dispuesta a soltar la mazorca que trae en el hocico. Es cuanto.