Trigo en los trenes rigurosamente desnacionalizados

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

Robo famélico es una figura penal que se popularizó en Francia en el siglo XIX, gracias a la novela-denuncia de Víctor Hugo, Los miserables, trama que gira alrededor de un protagonista que se robó unos panes para alimentar a sus hermanos.

En la primera mitad del siglo XX, esa tipificación  se asumió en México como atenuante  por algunos jueces benignos, que consideraron en sus sentencias sobre todo la condición cultural y socioeconómica de los imputados.

De acuerdo con las Comisiones de Derechos Humanos, el sistema penitenciario mexicano está actualmente poblado por personas vinculadas a proceso por ese tipo de faltas, atendidas por la defensoría de oficio que, sin embargo, no alcanza para superar esa forma de crisis humanitaria.

Organizaciones no gubernamentales que han investigado el problema han concluido que la mayoría de esa gente, con años de encarcelamiento, no logra ni el beneficio de la sentencia, aun si fuera condenatoria.

Reconociendo que el  tema no es mero mito, el gobierno de la República actual lanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre. Como si se hubieran satisfecho sus fines, ese programa fue dejado tácitamente de lado, después de que se conocieron acusaciones de clientelismo electoral.

Cuando, según el Consejo Nacional de Población, en 2018 somos ya 125 millones 327 mil mexicanos, el Consejo Nacional de Evaluación  de las Políticas de Desarrollo Social sigue dando reportes alarmantes sobre la persistencia al alza de la pobreza “moderada” y de la pobreza extrema, eufemismo para no ponerle el verdadero sustantivo: Miseria.

En esas evaluaciones aparece un signo inequívoco: Pobreza alimentaria por falta de ingreso para adquirir al menos la canasta básica.

En los últimos tres años, en México -generalmente en secciones de nota roja– cada día aparecen noticias y reportajes  bajo títulos de este tenor: Saquean tren cargado de trigo en Puebla.

En municipios del Valle de México, vemos también esas cabezas (saqueos), en asaltos multitudinarios a tiendas de autoservicios que invariablemente se atribuyen a vándalos.

La “cabeza” arriba trascrita da cuenta de que, el pasado fin de semana, en una demarcación al norte de la capital poblana, “la rapiña” se dio sobre un tren de carga que transportaba trigo. No sólo participaron lugareños, sino gente en tránsito que aprovechó la ocasión.

El suceso sirvió para hacer un recuento de este tipo de acciones: Sólo en el primer semestre de 2018, se han perpetrado 915 en los estados de Puebla, Guanajuato, Jalisco, México, Veracruz y Coahuila, listados según la recurrencia de ese fenómeno y su ubicación en las rutas de los ferrocarriles deliberadamente desnacionalizados, que dejaron sin ocupación ni ingreso a miles de trabajadores del riel.

Algunos medios de comunicación metropolitanos pretenden equiparar esos indeseables actos colectivos, con los del huachicol, sin hacer distinción de que los primeros son instintivamente espontáneos, y los segundos son rigurosamente maquinados por agentes del crimen organizado, en el que participan lo mismo autoridades municipales, sobre todo las de los aparatos policiales, que concesionarios de gasolinerías e incluso funcionarios y empleados de Petróleos Mexicanos.

Lo que se pierde de vista en ese sombrío paisaje social, es que, desde hace una década, se ha venido hablando de la ruptura del tejido social, a causa no solamente de “la guerra” a los cárteles del tráfico de drogas, armas y personas, sino del galopante desempleo y el subempleo que deja a millones de familia sin medios de subsistencia.

Si estamos frente a un cuadro de incesantes robos famélicos, es que el Estado neoliberal ha fallado en uno de los compromisos fundamentales de toda autoridad responsable: La aplicación de políticas socialmente compensatorias que permitan a “los de abajo” llenar al menos tripa de mal año. Es cuanto.

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