Voces del Periodista Diario

Un ministro como se espera que sea un ministro

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

Una noche de 2013 ¿o fue de 2014?, en un auditorio de la Universidad Iberoamericana (Ibero) escuchamos la reiteración de una de las demandas más sentidas de la sociedad mexicana: Impulsar una Nueva Cultura Judicial.

Por asociación de ideas nos vino a la cabeza el nombre del constitucionalista don Sergio García Ramírez cuando, en una ácida crítica al Poder Legislativo, que acometió una ley secundaria en materia de Justicia Penal, se refirió al producto como El bebé de Rosemary.

El punto planteado por el doctor García Ramírez, palabras más, palabras menos, fue en el sentido de que el legislador mexicano legisla para dar más poder al Estado en detrimento de los derechos del ciudadano.

El motivo que nos llevó aquella noche a la Ibero fue la presentación de la obra del doctor José Luis Caballero Ochoa, bajo el rubro La Interpretación Conforme/ El modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y el control de convencionalidad.

La idea del Estado de Derecho

El prólogo de esa maciza investigación estuvo a cargo del entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza.

Desde las primeras líneas, el ministro Silva Meza considera que la obra de Caballero Ochoa constituye, por sus características, un texto más que obligado, indispensable, para todos los jueces del País, así como para todos los operadores jurídicos y estudiosos del derecho.

En el tercer párrafo de su texto, el ministro Presidente de la Corte afirma que la idea del Estado de Derecho, se caracteriza por la existencia de una Constitución como norma suprema; la democracia como régimen político; el pleno goce de los Derechos Humanos, como fin esencial del orden jurídico; y el control del poder.

Es ahí, nos parece, donde encaja el imperativo de una Nueva Cultura Judicial.

Fue en aquella ilustrativa y productiva jornada nocturna donde vimos y escuchamos por primera vez al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, miembro de la Primera Sala de la Corte.

Todo lo que debemos saber sobre Derechos Humanos

En 2011, el Congreso de la Unión reformó el Título Primero, Capítulo I de la Constitución, para perfeccionar e instituir desde la entrada Los Derechos Humanos y sus Garantías.

Para noviembre de 2013, con créditos editoriales conjuntos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación de Konrad Adenauer auspiciaron la publicación de Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana.

No estamos enterados de si, de acuerdo con la ingente necesidad de una Nueva Cultura Juridicial, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha realizado alguna encuesta para saber cuántos jueces y magistrados han consultado los dos tomos del compendio que, para un neófito, como nosotros, tiene el valor de un verdadero Tratado en la materia comentada.

Contra la subcultura del nepotismo en el PJF

Exponemos esa cuestión, porque al ministro Zaldívar, hombre de Derecho él, se le atribuye haber expresado en no pocas ocasiones su impaciencia por la cerrazón, la opacidad y el derroche de los miembros de la Judicatura.

Acaso en alguna ocasión, el ministro Zaldívar se ha manifestado también contra la subcultura del nepotismo que priva en la formación del Poder Judicial de la Federación.  

No es asunto de poca monta, que al ministro Zaldívar se le inscriba entre los hombres de Estado en permanente guardia contra la corrupción.

Otra posición del ministro Zaldívar que amerita subrayarse a la luz de un fenómeno francamente subversivo: La impunidad, que en México lubrica la creciente criminalidad, tanto la de “cuello percudido” como la de cuello blanco.

Criminalidad, que no es privativa de los poderes fácticos, sino de los mismos agentes del Estado mexicano.

En tratándose de Derechos Humanos, no son pocas las recomendaciones que comisiones y tribunales internacionales, entre éstas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han hecho al Estado mexicano por las sistemáticas transgresiones a esas garantías.

Trazos del perfil del nuevo presidente de la Corte

Ayer, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue nombrado por sus pares en la Corte, Presidente del Tribunal Constitucional.

Son ocasiones en que un escribidor -excepcionalmente en nuestro caso- se siente animado a dejar entre corchetes ciertos prejuicios políticos e ideológicos.

Don Arturo es egresado de la Escuela Libre de Derecho, de cuya fama pública no es momento de hablar. Pero el doctorado lo acreditó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la propia UNAM -en esta institución por oposición– y en las universidades Iberoamericana y Panamericana, el doctor Zaldívar imparte las especialidades que son de su dominio docente.

Estudioso y profesional de iniciativas propias, es fundador del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Este colegio fue patrocinador de la obra del doctor Caballero Ochoa, a la que aludimos en la introducción de esta entrega.

En su ejercicio como ministro, formó parte de la comisión de la Corte que generó los fundamentos para la reforma de la Ley de Amparo.

Una tesitura se impone: El buen juez por su casa empieza

Controversial, lo tipifican algunos, porque sentenció el caso de la célebre francesa Florence Cassez, que obtuvo su liberación por faltas al debido proceso. Fue ponente también en el análisis para aprobar el uso lúdico de la mariguana.

Consustancial a la presidencia de la Corte, es la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Es aquí donde aplica el precepto: El buen Juez, por su casa empieza. Ya es hora.

Sobre Derechos Humanos, dejamos constancia del segundo párrafo del artículo Primero constitucional: Las normas relativas se interpretarán… favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Asignatura pendiente: Control constitucional del poder

El punto de inflexión en esta hora política, sin embargo, radica en un imperativo insoslayable: El control constitucional del poder, que corresponde como facultad al máximo tribunal. Hablamos, pues, de la doctrina de división de poderes. Para decirlo pronto: Hacer eficaz el sistema de pesos y contrapesos. Es cuanto.

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