Voces del Periodista Diario
Abraham García Opinión

Un Talón de Aquiles de la Cuarta Transformación

La Piedra en el Zapato

Por Abraham García Ibarra

Por su naturaleza jurídica, áreas estratégicas y prioritarias para el desarrollo nacional, son teóricamente del dominio de la Nación. Los bienes públicos que derivan de esa categoría constitucional, sólo pueden ser cedidos a particulares mediante concesión estatal.

En el caso específico de la radiodifusión y las telecomunicaciones (bienes públicos), esas concesiones son facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), creado constitucionalmente como órgano autónomo del Estado.

La experiencia prueba que la actuación del Ifetel, tanto desde el punto de vista legal como administrativo, suelen ser controvertidas por intereses de los poderes fácticos.

Casos: Hace algunos meses, a punto de abrirse el proceso de sucesión presidencial de 2018, dicho órgano autónomo del Estado propuso un manual para los medios de comunicación electrónica, de suerte que se especificara el deslinde entre noticia e información y opinión.

Sometido a la resistencia de los que se llamaron a afectados, el manual quedó en el limbo, porque “atentaría contra la Libertad de expresión”.

 A contrario sensu, la operación de estaciones de radio comunitarias autorizadas -con más razón a las clandestinas-, a cargo de organizaciones no gubernamentales, son sujetas al implacable rigor de la ley.

No hace mucho tiempo, para ilustrar el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció en favor de una estación de radio permisionada a una comunidad indígena, que se quejó de exclusión en la asignación de publicidad gubernamental.

Apología de la violencia y degradación del lenguaje

Bienes públicos -los de la radiodifusión y telecomunicaciones-, históricamente la norma los considera vehículos socialmente útiles al servicio de la cultura y a la educación, y previene su uso en la apología de la violencia y en la degradación del lenguaje.

En el menos grave de los casos, tanto en los estados como en el área metropolitana, lo común es escuchar en determinados horarios a locutores haciendo chorcha para pitorrearse a sus anchas de los actores públicos y aun privados.

Hay, en esas emisiones, mucho de racismo, homofobia, xenofobia, etcétera.

En el peor de los casos, a finales del sexenio pasado, por ejemplo, se creó de facto la figura del comisario de medios que coordinó una campaña para que numerosos medios de comunicación aceptaran la autocensura.

Entre los promotores de esa medida -ésta sí atentatoria contra la Libertad de Expresión- aparecen “líderes de opinión” que tienen tiempos y espacios privilegiados en los medios electrónicos, en los que expresan sus filias y sus fobias políticas e ideológicas, e incluso personales.

Imperativo, liquidar el sistema de premios y castigos

Ese es el Talón de Aquiles que estará presente en la agenda del próximo gobierno, comprometido a diseñar un nuevo  modelo de relaciones Estado-Medios de comunicación.

Puesto que esa relación ha estado primada por el unilateral sistema de premios y castigos en la gestión  de la publicidad gubernamental, estimamos que la cuestión debe ser expuesta a una consulta pública, a salvo de exclusiones predeterminadas,  y que incorpore a sectores de las audiencias que todavía no son  escuchadas cuando se trata del tema de las comunicaciones.

Si una institución no puede ser mandada al diablo, es la Constitución. En ésta tenemos el Título Primero/ De los Derechos Humanos y sus Garantías. ¿Es mucho pedir? Es cuanto.

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