El lecho de Procusto
Por Abraham García Ibarra
Colima es uno de los estados con menor superficie territorial en el mapa nacional. Su población alcanza 711 mil habitantes. En el rango de 15 a 60 años de edad tiene unas 250 mil personas.
Aunque desde los años 80 Colima se convirtió en un enclave del Cártel de Guadalajara, sin embargo fue hasta hace poco considerada una de las entidades del país más pacífica y seguras para vivir.
Ya para 2014 el Departamento de Estado (USA) boletinó una alerta a sus connacionales para pensar dos veces la visita a dicho estado.
En 2017, la capital colimense y los municipios de Tecomán y Manzanillo fueron colocados entre las localidades más violentas de México. No obstante, hasta hace unas pocas semanas la Secretaría de Gobernación decidió desplazar activos federales para reforzar la seguridad pública en ese territorio.
En el corazón de la violenta megalópolis
Ciudad Universitaria (CU-UNAM) tiene un flujo permanente, entre población estudiantil, académicos y trabajadores administrativos, de unos 350 mil individuos que oscilan entre los 19 y 60 años de edad, más la población flotante que cotidianamente visita el campus en plan de turismo o atraída por la incesante agenda cultural que ofrece a diario la institución.
En términos generales, a pesar de la movilidad y la efervescencia de la comunidad estudiantil y la inquietud laboral del personal, CU en el corazón de la megalópolis con más de 20 millones de habitantes, goza de normalidad en el aspecto de seguridad pública, vis a vis con municipios del Estado de México y delegaciones de la Ciudad de México.
El pasado viernes, en una de las áreas de CU se produjo un incidente en el que murieron por disparo de arma de fuego dos personas a las que se les relacionó con actividades de narcomenudeo.
Aleatoriamente, en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán (Edomex) fue baleada una maestra a bordo del automóvil en que abandonaba las instalaciones.
Gato encerrado contra la autonomía universitaria
Ambos sucesos han servido como coartada para que algunos segmentos que por sistema atacan la autonomía universitaria demanden que el Estado tome cartas en el asunto e irrumpa con fuerzas armadas los territorios de la UNAM… “para garantizar la integridad física de su población”.
De ceder a ese despropósito, pronto se verían operaciones federales, acaso del mismo Ejército y la Marina Armada, en el Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Autónoma de Chapingo y otros centros públicos de educación media y superior en el Valle de México.
Obviamente, no se trataría de velar por la seguridad pública que, por lo demás en la Ciudad de México y en el Estado de México, está amenazada por la incontenible violencia desencadenada por el crimen organizado.
En esa exigencia se respira el tufo fascistoide de los enemigos de la Universidad Publica, habida cuenta que la peregrina escusa de dos incidentes aislados en espacios universitarios, no tiene respaldo en las desgarradoras experiencias que viven estados como el citado Colima, México, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, etcétera, donde la irrupción de corporaciones armadas federales ha resultado un remedio peor que la enfermedad.
No aceptemos cosas malas que parezcan buenas
Suscribimos por ello el mensaje del rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, pronunciado el sábado pasado, advirtiendo que la vigilancia armada no es ni será una opción en la UNAM pues la Máxima Casa de Estudios ha sido capaz por sus propios medios de aplicar acciones disuasivas y preventivas para contener la violencia que, reconoce el rector, ha alcanzado “límites inaceptables”.
Recordemos un viejo y fútil argumento de aquellos que atacan la autonomía universitaria: No se puede tolerar un estado dentro del Estado. Lo esgrimieron en 1968. Sus atroces consecuencias siguen vivas cuando sobrevivientes del 68 se aprestan a conmemorar medio siglo de aquella irreparable tragedia. No le busquemos tres pies al gato. Es cuanto.