Voces del Periodista Diario

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

La forma es fondo, dejó dicho el clásico al referirse a las maneras en que el poder actúa frente a circunstancias críticas.

En el llano, la lectura se entiende así: No hagas cosas buenas que parezcan malas.

El 4 de mayo pasado, Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al presidente del internacional Comité de Protección a Periodistas, Carlos Lauría

Según comunicado de la propia Presidencia de la República, Peña Nieto habría expresado ante el visitante, su enérgica condena y repudio a las agresiones contra comunicadores y medios de comunicación.

Dada la recurrencia y magnitud de los atentados contra la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, que ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong dimensionó al asegurar que esos crímenes ameritan respuesta de Estado, podemos creer que Peña Nieto fue consciente de su posición ante el Comité de Protección a Periodistas.

Pero, dada la frecuencia y velocidad con la que ocurren esas agresiones (en una semana, secuestro y amenaza de incineración contra siete periodistas guerrerenses, el asesinato de uno sinaloense y el acribillamiento de otra en Jalisco), los compromisos gubernamentales parecen perder su cauce y diluirse.

El tema en agenda, tanto nacional como internacional, es la demanda en México de seguridad y justicia para periodistas y defensores de los derechos humanos.

¿Quién pondría su suerte en manos de los gobernadores?

No puede haber más desconcierto, que saber que en cuestión tan grave, el Presidente de la República confíe la responsabilidad en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con la que se reúne hoy.

Hasta los meses finales de 2016, en el directorio de la Conago estuvieron los ex mandatarios de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en cuyo sexenio el estado se convirtió en la entidad más peligrosa de la República para el ejercicio periodístico; y el de Chihuahua, César Duarte, que durante su sexenio colocó al estado en la misma tesitura.

A mayor abundamiento, hasta hace unos días la presidencia de la Conago fue ejercida por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, que tiene al estado convertido en tal volcán, que la sociedad morelense tiene meses demandando su desafuero.

Nuevo miembro de la Conago, es Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa, en cuya capital hace tres días fue ejecutado el periodista Javier Valdez Cárdenas. Ayer, en diversas manifestaciones, el gobernador fue acusado voz en cuello de complicidad con los perpetradores del crimen.

¿Se agotó la imaginación política para confiar en la sociedad civil en busca de una solución -no salida coyuntural- a esa tragedia que es sólo una expresión del drama que sufre México en su conjunto?

Estamos de acuerdo en el criterio del secretario de Gobernación, quien sostiene que el problema requiere una respuesta de Estado. A fin de cuentas, el artículo sexto de la Constitución define al Estado como garante del Derecho a la Información.

Es obvio, sin embargo -y lo prueba la ineficacia de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR- que la acción del gobierno en esa problemática ha dejado mucho a deber.  

No es posible que, recorriendo caminos ya trillados, lo que ayer no se logró se logre en el futuro inmediato, dejando la situación en manos de los gobernadores, que son parte del problema; no de su solución.

No esperemos el siguiente atentado para hablar en serio. De reacciones a bote pronto la sociedad está harta.

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