VOCES OPINIÓN Por: Lic. Mouris Salloum George.
En situaciones de sicosis colectiva -producto a la carta de la nuevas técnicas de desinformación Made in USA-, la regla de oro consiste en esperar a que las cosas “creen estado”; esto es, que existan suficientes elementos de veracidad que despejen la confusión.
Una de las lecciones más ilustrativas de ese tipo de sucesos se desprende del ataque, el 11 de septiembre de 2001, a las torres gemelas del Word Trade Center, de Nueva York; y 80 minutos después a un distante edificio en construcción de El Pentágono. Era presidente George W. Bush.
Al procesarse diversas teorías sobre ese acontecimiento -que sirvió de coartada para el desplazamiento de fuerzas armadas estadunidenses de ocupación sobre Afganistán e Irak-, algunas interpretaciones dieron por verosímiles las posibilidades de un autoatentado.
En apoyo de esa hipótesis, se revelaron nexos de la familia Bush, desde que George H. padre era director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, con la familia Bin Laden de Arabia Saudita.
Para la década de los ochenta, George W. Bush hijo administraba los corporativos petroleros texanos Arbusto’79 Ltd. y Arbusto’80, así como de Harken Energy Company. Su conexión en Medio Oriente era específicamente Salem Bin Laden, hermano mayor de Osama.
Según declaraciones juradas, James Bath se identificó como gestor de inversiones de un grupo saudí en trasnacionales del petróleo norteamericanas.
A mayor abundamiento, es del dominio público que, después del 11 de septiembre de 2001, el Grupo Carlyle, con participación accionaria de los Bush, y dedicado, entre otras ramas a los negocios de energía, fue favorecido con diversos contratos gubernamentales.
Esa información desemboca en un destinatario común: Osama Bin Laden, después del 11 de septiembre declarado perro del mal y a su cuenta se cargó la oleada de atentados terroristas que dieron pretexto a los aliados para entrar en la pugna bélica por el petróleo y el gas en el Medio Oriente.
¿Por qué la matanza de población civil?
Ese expediente viene a colación al analizarse los brutales hechos del pasado fin de semana en Turquía. Medios europeos, a la luz de criterios de expertos en la materia, dan ya espacio a la duda razonable sobre si no se trataría de un autogolpe.
Por lo pronto, el dato más espeluznante es que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha movilizado a sus simpatizantes, en cuyas bocas se pone la consigna que exige el restablecimiento de la pena de muerte. Obviamente, contra los opositores al régimen tiránico.
Y, por lo pronto, el gobierno ha apañado a más de seis mil personas, entre militares desafectos y civiles, a los que sumariamente se les juzga por las acciones del 15-16 de julio.
El primer dato sujeto a escrutinio, originado en fuentes seculares turcas, es el que resulta inexplicable -existiendo al menos cuatro golpes antecedentes exitosos-, cómo un sector militar al que el gobierno le imputa la tentativa golpista, se lanzó a la aventura sin contar con el apoyo en firme de la alta oficialidad de las fuerzas armadas. Ni siquiera la mayoría de los mandos.
A la editora del Servicio Turco de la BBC de Londres, Ebra Dogan, le llama la atención que los alzados hayan descargado fuego sobre la población civil, acción que nunca ocurrió en operaciones golpistas anteriores. ¿Cómo, se pregunta la periodista, pretendían ganarse el apoyo popular matando población civil?
Otro ángulo que se pone en cuestión es que, si los presuntos golpistas tuvieron un trabajo de Inteligencia previo, cómo es que no tenían ubicado el sitio veraniego en que Erdogan pasaba sus vacaciones, lo que les hubiera permitido arrestarlo y aislarlo del aparato gubernamental.
Erdogan ha demandado a Barack Obama la extradición del clérigo Fethullah Gülen, antes su aliado y hoy dirigente desde el exilio del opositor movimiento Hizmet, al que el dictador culpa de la incitación al golpe.
Desde su refugio en Pensilvania (USA), Gülen niega las acusaciones de Erdogan, sospecha de “un montaje” y, al referirse a la cacería desatada de inmediato por el gobierno, compara sus tácticas con las de Hitler, que en 1933 utilizó el incendio del Parlamento alemán para suspender las libertades civiles, arrestar a la oposición y eliminar a los sus rivales.
Alguna credibilidad debe tener ese tipo de denuncias cuando líderes europeos, que empezaron por abogar por el gobierno “democráticamente electo”, ahora matizan su discurso y llaman al tirano a “respetar los derechos humanos”.
Se sube el telón y la escena en el foro tiene tufo de farsa, muy trágica, sin embargo, para el pueblo turco.