VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George
Parece inconcebible, por irracional, que en una atmósfera política que prefigura crisis de Estado, fuerzas representativas de intereses de clase tomen el Poder Legislativo federal como particular coto de guerra, tratando de llevar agua a su molino.
Es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Senado de la República, ya de por si cuestionado por conductas del coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, pillado recientemente en alardes de influyentismo que hoy no viene al caso tratar.
El origen y causa del tema que hoy abordamos, es la iniciativa de reforma constitucional enviada al Congreso de la Unión por el presidente Enrique Peña Nieto bajo el rubro de Justicia Laboral.
Amerita el asunto la mención de un antecedente: A mediados de la década de los ochenta, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex/ único sindicato patronal con registro) formuló un proyecto de Reforma Laboral para anular derechos conquistados por la clase trabajadora, sustanciados al correr del tiempo en el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
La Coparmex, desde finales de la década de los veinte, asumió una actitud beligerante en contra del primer Código del Trabajo, reglamentario del 123 Constitucional. Se ha mantenido en esa postura de resistencia.
En la ocasión comentada (1980), la representación legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) asumió como propia la iniciativa patronal. Las centrales obreras denunciaron ese proyecto como una copia de los bandos dictados por el golpista Augusto Pinochet para reprimir acciones del sindicalismo chileno. La iniciativa fue sometida a una moción suspensiva.
Para efectos prácticos, no son pocos los derechos del y al Trabajo que han sido suprimidos de facto.
Cortar de tajo el derecho de huelga
La nueva oportunidad fue servida en bandeja de plata a los intereses patronales.
Al empezar a discutirse la reforma en comisiones de dictamen, la Coparmex logró que se introdujeran algunas adiciones que, en esencia, conspiran contra el Derecho de Huelga.
Concretamente, el punto se encuentra en unas cuantas controvertidas líneas: Las “huelgas serán lícitas”, cuando se pretenda obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo… en cuyo caso (dice el añadido), “el sindicato deberá acreditar, previo emplazamiento, la representación mayoritaria de los trabajadores”.
La bancada del PAN, al través de su coordinador, Fernando Herrera, declaró su beneplácito por esas líneas anexadas.
La mañana de ayer, el tricolor Gamboa Patrón informó que el dictamen ya estaba planchado y podría subirse al pleno de inmediato.
La decisión fue conocida por algunas centrales obreras. De inmediato, se apersonaron en la sede del Senado las representaciones de la CTM y de la CROC, de militancia priista. Gamboa Patrón dio reversa. PRI y PRD apoyaron la supresión de las líneas citadas, ya objetadas anteriormente por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
La Junta de Coordinación Política no canceló el dictamen ni las líneas impugnadas. Simple y sencillamente el dictamen no se bajó finalmente al pleno. No fue casual ese aplazamiento. En esa reunión estuvo presente el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.
No es, el anterior, un asunto menor si al cuadro se agrega que desde mediados de año el sindicalismo oficialista está exigiendo la revisión del régimen de salarios mínimos, si no para demandar un incremento de emergencia, sí considerar la demanda a corto y mediano plazo.
Pero las representaciones del llamado “sindicalismo independiente” van más allá: Demandan que se haga una revisión total de la política laboral que se ha implantado en los últimos sexenios, a saber:
Que cese la represión a la clase trabajadora, que se supriman los contratos de protección empresarial, que se cancele la contratación triangulada que niega a los trabajadores y empleados la Seguridad Social, que se dé fin a los topes salariales, etcétera.
En un ambiente crispado, en el que las organizaciones de productores rurales están exigiendo por su lado no castigar más al campo, la incitación a la lucha de clases no es la mejor contribución que se puede hacer a la gobernabilidad democrática.
Menos, cuando las fuerzas partidistas ya están enfrascadas en la pugna por la sucesión presidencial de 2018 y esperan cualquier oportunidad para exacerbar “el humor social”.