VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George
Si en materia de corrupción pública parece haberse agotado ya la capacidad de asombro de los mexicanos, existen sospechas fundadas de que el régimen juega al agotamiento de la capacidad de indignación de la sociedad.
Contra El muro de Trump se ha levantado una densa cortina de humo en espera de que las sucias ventiscas de estos días dispersen miasmas removidos por la Auditoría Superior de la Federación (FSF) de la Cámara de Diputados en la revisión de la Cuenta Pública de 2015.
Por si fuera necesario recordarlo, esa revisión se hace anualmente al gasto federal y por extensión a los estados que en participaciones por diversos conceptos reciben cuantiosos recursos de la Tesorería de la Federación.
Antes de entrar en materia, preciso es poner el acento en una cuestión toral del problema desde el siguiente ángulo: Al desencadenarse los gasolinazos (cuyo impacto alcanza el gas de uso doméstico), la explicación más socorrida es la urgencia del gobierno de resarcirse de los ingresos faltantes por la baja de los precios petroleros.
¡Hete aquí!, sin embargo, que en 2015 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rembolsó a contribuyentes un total de 630 mil millones de pesos etiquetados como devoluciones “y compensaciones”.
¿Para cuántas raciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre alcanzaría aquella suma reintegrada principalmente a grandes contribuyentes?
En este juego, lo que hace la mano hace la tras
Benevolencia del SAT aparte, donde más aprieta la pinza fiscalizadora de la ASF es en el hallazgo en 2015 de irregularidades en la gestión del Presupuesto de Egresos por un monto superior a los 164 mil millones de pesos. Cien mil millones con cargo a la Federación y 64 mil millones con cargo a los gobiernos de los estados.
A reserva de que se solventen las observaciones de la ASF, si es que llegan a solventarse, lo que de entrada queda en evidencia es el abuso, el dispendio o corrupción, incumplimiento parcial o incompleto de obligaciones de Estado, vicios que señala el dictamen de la propia ASF.
Lo que está cuesta arriba es la situación de los estados. A las irregularidades detectadas en el manejo de participaciones federales se agregan los subejercicios del gasto federalizado por otros 33 mil millones de pesos.
Y el problema es el siguiente: Entre 2015 y 2016 abandonaron el cargo más de la mitad de los gobernadores. Salvo en casos escandalosos, como el de Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, casi la totalidad de los mandatarios entrantes están apostando con los salientes al borrón y cuenta nueva.
La propia ASF ha denunciado que el problema de origen de esas transgresiones, es que los órganos de control estatales, que teóricamente dependen de los Congresos locales, no son más que meros apéndices administrativos de los gobernadores, a cuyo encubrimiento sirven.
Si para el caso federal, ese es el papel que desempeña la Secretaría de la Función Pública (SFP), ¿cómo no esperar que el ejemplo se reproduzca en las entidades federativas?
El paso que sigue es que la ASF corra a vista de la Procuraduría General de la República los expedientes que no sean solventados. Pero para cuando la PGR actúa, como sucedió en el caso citado de Duarte de Ochoa, ya se fue viva la paloma.
Ahí tenemos la más visible la pintura de la serpiente mordiéndose la cola.