- El campo seguirá siendo un sector estratégico para el desarrollo nacional.
- Es necesario replantear el régimen de propiedad agraria en México
Es necesario cuestionar si existe una relación directa entre pobreza y régimen de propiedad, puesto que 61 por ciento de la sociedad rural en México es pobre, señaló la maestra Maribel Concepción Méndez de Lara, Magistrada Numeraria del Tribunal Superior Agrario, en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante el XIX Congreso nacional de derecho agrario en México y IV Internacional. El quehacer institucional y el desarrollo rural en México, expuso que a un siglo de la Revolución Mexicana, a 75 años de la reforma agraria distributiva, cinco lustros del fin de reparto agrario y en el marco de las recientes reformas estructurales, particularmente la referente al sector energético, es momento de replantear el modelo de desarrollo de ejidos y comunidades.
No obstante que 77 por ciento del territorio del país es urbano y sólo 23 por ciento es rural, el campo es y seguirá siendo una área estratégica para el desarrollo nacional, por lo que se requiere de la construcción de propuestas, particularmente de la academia, para discernir sobre el adecuado régimen de propiedad agraria, debido a que el ejido no ofrece garantías al dueño. Los comunitarios y ejidatarios tienen muchas restricciones, entre ellas al momento de poder heredar la tierra.
La representante del Poder Judicial de la Federación señaló que si bien algunos estudios internacionales muestran que no necesariamente el régimen de propiedad determina el desarrollo de un país o zona geográfica, en México siete de los 10 municipios más pauperizados poseen un sistema ejidal, comunal o colectivo.
La magistrada refirió una observación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el sentido de que al menos 20 naciones miembro con el régimen de propiedad privada cuentan con un PIB per cápita más alto, “sería oportuno evaluar qué tipo sería el correcto para las comunidades, el ejidal o el privado”.
La decisión “deberá de tomarse en asambleas, pero con información sobre la tierra, los valores, el uso futuro y los beneficios que un posible cambio de status podría ofrecerles”.
La maestra en Gestión Pública y doctoranda en Administración y Gobierno del Poder Judicial indicó que la realidad muestra una población rural adulta mayor con altas características de vulnerabilidad, en especial las mujeres y un alto porcentaje sin acceso a la tierra.
“Entre los ejidatarios hay un fenómeno de envejecimiento con una edad promedio de 59 años, ya que 50 por ciento supera los 50 años y, en contraste, hay jóvenes sin tierra que ante la falta de oportunidades emigran a las ciudades o a Estados Unidos, además de que sólo 22 por ciento de las mujeres tiene acceso a un predio”.
Además una importante cantidad de las tierras de uso común está desaprovecha, lo que genera un fenómeno de rentismo e incrementa los litigios por fraccionamiento de parcelas.