* Alcaldes y funcionarios de organismos autónomos como la UAEH, tienen fundadas razones para preocuparse pues el ejercicio de fiscalización que dará inicio este 17 de julio por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), viene a apuntar la lucha contra la corrupción en el gobierno de Julio Menchaca, que tan solo en el 2023 recuperó cien millones de la llamada “Estafa Siniestra” y abrió indagatorias contra 12 alcaldes y ex funcionarios
La auditoría “Colmena” que iniciará este miércoles 17 de julio en Hidalgo con la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que dirige David Colmenares Páramo, viene a confirmar que el anunció del combate a la corrupción del gobernador Julio Menchaca Salazar, no fue solo un slogan de campaña sino una política de gobierno tangible que tan solo en el 2023 logró recuperar 100 millones de pesos, sustraídos mediante la llamada “Estafa Siniestra”.
Según el anunció oficial del titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Hidalgo, Álvaro Bardales, el análisis del ejercicio presupuestal 2023, se realizará en 30 de los municipios más importantes del Estado, siendo contemplados además otros organismos descentralizados. Importante destacar que en el ejercicio de fiscalización, estarán presentes los alcaldes para firmar las actas de inicio.
Uno de estos entes, será la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que tendrá una auditoría directa respecto a los recursos del gasto federalizado. Como se recordará, desde hace años y bajo el pretexto de invocar su autonomía, la mafia universitaria conocida como la “Sosa Nostra”, manipuló a sus amanuenses en el Congreso Local para evitar que la transparencia en el manejo de los recursos tanto federales como estatales, diera luz en sus oscuras arcas, selladas en sus estados financieros a piedra y lodo.
La corrupción terminó brotando y actualmente el capo del Grupo Universidad sigue sujeto a una investigación por el manejo irregular de más de 300 millones de dólares en bancos extranjeros; las auditorías a iniciar en la máxima casa de estudios, seguramente apuntalarán muchas de las irregularidades detectas en su momento por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y revelará muchas sorpresas desagradables para enquistada mafia.
Por tal razón, la auditoría “Colmena” seguramente ha puesto a temblar no únicamente a varios ediles sino a otros tantos funcionarios, entre ellos, los responsables del manejo financiero de la UAEH, que probablemente se sumen a la lista de los 12 implicados en presuntas malversaciones y cuyas indagatorias inició la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH). Hasta el momento se han recuperado cien millones de los más de 500 que, se estima, fueron sustraídos mediante la “Estafa Siniestra”, llevando a prisión a pillos como los ex alcaldes de Epazoyucan y Tula, entre otros.
Las palabras expresadas hace unos días por el gobernador Julio Menchaca, en el sentido de que la detención del también ex presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, por sus vínculos con con millonarios desvíos de recursos, es una muestra del seguimiento de las indagatorias por corrupción que sigue la Procuraduría local, no descartando que “varios faltan por caer”, confirman que, en efecto, nadie tiene en su administración “patente de corzo” en lo que al combate a la corrupción se refiere.
Sin caer en el terreno de las especulaciones, es muy probable que ex alcaldes que dieron mucho de qué hablar en el manejo de sus recursos en el 2023, estén ahora prendiendo veladores al abogado de las causas perdidas, “San Judas Tadeo”, para que lo nos alcance el brazo de la ley.
Tales son los casos de Marisol Ortega, de Tepeapulco; Susana Ángeles Quezada de Tizayuca, quien acudió a la Contraloría del Estado con sus cajas de cartón a gritar su inocencia por las irregularidades detectadas en su gestión; también están seguramente en la mira, Israel Félix de Mineral de la Reforma; Alejandro Sierra Tello, de Real del Monte; el edil de Tepeji de Ocampo, Salvador Jiménez Calzadilla, éste último señalado de un desvío de recursos por 58 millones en el 2022.
Y de los que siguen cuestionados por su falta de transparencia, puede mencionarse a Alejandro Sierra Tello, ex edil de Real del Monte, y a Raúl Badillo, ex munícipe de Huejutla.
