El Senado dio entrada a las iniciativas de presidente Enrique Peña Nieto de Ley General para prevenir y sancionar la Desaparición de personas y la Ley General para prevenir, sancionar e investigar los delitos de tortura o tratos crueles, penas crueles inhumanas o degradantes.
Los presidentes de las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos Fernando Yunes (PAN) y Angélica de la Peña (PRD), respectivamente, informaron que dichas iniciativas serán procesadas hasta el próximo periodo ordinario de sesiones en febrero de 2016. Ello, porque el Ejecutivo Federal envió sus propuestas prácticamente cuatro días antes de que concluyera el actual periodo ordinario.
El Ejecutivo plantea tipificar como delito grave la desaparición de personas con una pena que va de 50 a 100 años de prisión. Sin embargo, se podría castigar hasta con 150 años de prisión a la persona o servidor público que incinere, sepulte o desintegre o destruya total y parcialmente a un cadáver o restos humanos de la persona desaparecida.
El senador Fernando Yunes dijo que no podrán aprobar las iniciativas antes de enero de 2016, sin embargo, dijo que a partir de enero se llevarán a cabo una serie de foros regionales de consultas, principalmente con familiares de víctimas.
“Vamos a tratar de llevar a cabo las consultas más amplias con todos los grupos que deseen participar, con expertos en la materia también, para tener, insisto, un producto legislativo bueno, eficiente, de acuerdo a las convenciones pero, sobre todo, que jurídicamente le sirva a la autoridad y le sirva a los padres de familia”.
La senadora Angélica de la Peña aseguró que hay algunas preocupaciones con la propuesta del Ejecutivo. La primera es del tipo penal, porque hay una interpretación correcta en el caso de desaparición forzada y desaparición entre particulares que son dos tipos penales.
No obstante, dijo que en el caso de la tortura, no están de acuerdo que sean dos tipos penales. El de “tortura” y el de “tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“Nos parece que tiene que ser un solo tipo penal, así lo está planteado la Convención Interamericana, y necesitamos tomar en cuenta que debemos definir el tipo penal a partir de la Convención más progresista”, dijo.
