Investigación libre
Por M. en C. Roberto Velázquez Cabrera (*)
El objeto de este documento es complementar y detallar un poco algo de la nota anterior sobre Ciberseguridad electoral 2018, en la que se comentó que las dependencias, organismos y unidades que tiene atribuciones, funciones, recursos y medios relacionadas con la fiscalización y control de los delitos, desviaciones y usos ilegales de los recursos utilizados en las elecciones, no han logrado detectarlos ni evitarlos, aunque son muchos los existentes.
Los principales poderes, dependencias, entidades, unidades relacionadas con la evaluación, fiscalización y uso de los recursos son los de la larga lista siguiente. Las marcadas en rojo son las más especializadas en lo electoral.
- Presidencia de la República (PR)
- Cámara de Diputados (CD)
- Contaduría Mayor de Hacienda (CMH)
- Auditoría Superior de la Federación (ASF)
- Secretaría de la Función Pública (SFP)
- Unidad de Gobierno Digital (UGD)
- Secretaria de Gobernación (SG)
- Procuraduría General de la República (PGR)
- Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)
- Policía Federal (PF)
- Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Unidad Política de Control Presupuestario (UPCP)
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Instituto Nacional Electoral (INE)
- Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE
- Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del INE
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) del INE
- Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
- Dependencias, entidades y fideicomisos del Gobierno Federal
- Gobiernos estatales y municipales
- Finanzas y tesorerías de los estados y municipios
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- Bancos y valores
Para no hacer más larga esta nota, no se detallan las atribuciones asignadas, aunque se muestran en sus normas legales que les dieron origen y se incluyen en la lista de ligas a sus sitios web.
No se conocen las causas por las que miles de servidores públicos no han atendido las obligaciones de investigación y fiscalización electoral que tiene asignadas en sus atribuciones, ni siquiera en los casos relevantes de estafas y desvíos que se han comentado en los medios masivos de comunicación y en Internet, como los resultados de trabajos periodísticos dados a conocer por Animal Político, y por Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción e Impunidad, sobre la Estafa Maestra y la empresa fantasma de Javier Duarte, basados en un informe de la ASF sobre 2013 y 2014. Comentan que las denuncias sobre los ilícitos ya fueron presentadas ante la PGR desde 2015, pero que no han sido subsanadas y no se conocen las acciones realizadas ni castigos a los responsables o consignados.
Lo que hicieron los periodistas en sus investigaciones fue seguir las pistas del dinero para conocer y verificar algunos gastos de una muestra de convenios con universidades que trasfirieron a las empresas fantasmas o ilegales que usaron para desaparecer y desviar los fondos. Ese tipo de verificación es lo que deberían hacer los responsables de la fiscalización electoral, pero ampliada a otros miles de convenios similares existentes en varias dependencias y otros estados.
Idealmente y con mayor amplitud, sería necesario obtener las bases de datos o archivos de todas las asignaciones presupuestales, para auditarlas y fiscalizarlas en la realidad, incluyendo las transferencias bancarias y los registros hacendarios federales, estatales y municipales. En esas tareas podrían ayudar las tecnologías de la información y computación, pero tendrían que auditarse las operaciones y resultados reales, no sólo los comprobantes de los gastos en el papel o en los registros electrónicos.
Otros casos importantes de corrupción y desvío de fondos federales también han sido dados a conocer públicamente por otros trabajos periodísticos, como el de Chihuahua realizados por el New York Times y otros relevantes, pero parece que tampoco han sido investigados por las autoridades fiscalizadoras federales con mayor profundidad y amplitud, a pesar de existir indicios de su uso en otros estados, dependencia y entidades del gobierno federal.
Existen otros casos de corrupción que han sido investigados en el extranjero como los de Odebrecht, pero que no los han investigado y sancionado en el país, a pesar de que han publicado indicios de haber participado en corrupción en Pemex. Algo similar ocurrió con la corrupción de OHL.
Los organismos gubernamentales si siquiera han informado bien y con detalles de esos casos de corrupción comentados por periodistas. Hay que agradecer y apoyar las pocas investigaciones conocidas que muestren algo de los fraudes y la corrupción.
Sobre las denuncias no atendidas con mayor amplitud y profundidad por las entidades gubernamentales, existen tres posibilidades sobre las causas para la falta de las investigaciones, que no necesariamente son independientes:
- Una, es que no sepan cómo hacerlas.
- Otra, es que sí lo sepan, pero no dispongan de los sistemas y recursos necesarios.
- La tercera, es que simplemente no quieran realizarlas, porque pueden afectarlos, a sus superiores, o sus conocidos.
En cualquiera de esos casos, no han atendido bien las funciones de fiscalización de las elecciones para las que fueron creadas y deberían ser motivo, al menos, de sanciones por incumplimiento de sus funciones administrativas.
Si se desea corregir la situación, se deberían analizar las causas por las que no han podido funcionar bien en cada uno de los organismos participantes.
El principal problema es que en algunos de los casos es difícil hasta saber cómo podrían evaluarse los incumplimientos. Por ejemplo, ¿quién puede evaluar a la Presidencia de la República, a Cámara de Diputados y a su CMH y ASF?
Lo mismo sucede con la SHCP y sus UPF y UIF, si algunos de sus titulares han estado involucrados en las autorizaciones de los desvíos presupuestales, desde hace varias elecciones, en un contexto de gran discrecionalidad en las asignaciones, como las que se otorgan a los estados.
¿Quién supervisa y vigila a las dependencias fiscalizadoras importantes como la PGR y la SFP? ¿Quién permite que no atiendan sus obligaciones de fiscalización, ni siquiera en las denuncias presentadas? ¿Por qué ni siquiera se designa al Procurador y al Fiscal Anticorrupción habiendo 70,000 denuncias rezagadas sin atención? De la ASF dicen que existen 700 denuncias de corrupción que han presentado a la PGR, pero que no han sido atendidas ni subsanadas.
En el Informe General de la Cuenta Pública de 2015 (p 53, Tabla 23) se muestra que el monto total de las observaciones pendientes de solventar de 2011-2014 son de 216,455.9 mdp, aunque no cubre todo el gasto presupuestal, ya que la muestra fiscalizada por la ASF en 2015 fue de 435,063.7 mdp, de un total de 4,917,247.4 mdp (p 163).
Pocos saben que los únicos que tienen funciones de evaluación de la gestión pública de las dependencias y entidades federales son los comisarios y delegados de la SFP, pero ni siquiera se publican sus informes.
Las políticas impulsadas en las últimas décadas han sido impuestas por un grupo de economistas neoliberales y privatizadores entreguistas que ha monopolizado los principales puestos de nuestros poderes, incluyendo los de la SHCP, los llamados ITAMPRIAN. Si ellos han estado involucrados en los desvíos de recursos presupuestales y en uso ilegal de otros fondos privados, y hasta en su beneficio o de sus socios o amistades, es muy difícil que quieran autoevaluarse o autofiscalizarse.
La ineficacia y la corrupción se extiende hasta los grandes proyectos, pactos, acuerdos y normas legislativas impulsadas e impuestas desde hace décadas, ya que parece que nadie los supervisa y sólo han beneficiado a una minoría. Ni el pueblo, ni sus supuestos representantes han estado bien enterados de ellos. Por ejemplo, ¿Alguien sabe lo que ahora están negociando a escondidas con el TLC? Ni siquiera se conoce públicamente la evaluación económica que hicieron cuando se negoció y estableció el TLC actual, ni la de lo que ha resultado en la realidad. Ese tema puede ser materia de otra nota de Investigación libre.
Otros que se oponen a la fiscalización son algunos de los representantes de los partidos políticos que participan en los organismos electorales como los del INE. Su oposición hasta los puede involucrar como cómplices en delitos de corrupción, desvíos, estafas o uso ilegal de recursos.
Los que menos se interesan en investigar casos importantes de corrupción son los que tratan de ocultarlos, como cuando afectan a sus superiores, como el de la “Casa Blanca” que ya fue cerrado por la SFP.
La corrupción electoral no sólo ocurre en el sector público, ya que se extiende a instituciones privadas, como los medios masivos de comunicación, cuando periodistas, locutores, escritores y opinólogos se venden para atacar a candidatos de oposición y cuando encuestadores sesgan sus encuestas.
Si los casos de corrupción y fraudes comentados se investigaran y fiscalizaran a fondo podría determinarse mejor los procedimientos usados para cometer los delitos electorales y para conocer a los responsables, pero mientras subsistan funcionarios y supuestos representantes del pueblo que no quieran impulsar investigaciones y auditorias amplias y profundas, no va a poder ser eliminada la corrupción galopante y los sesgos inducidos en las elecciones.
Por ello, lo menos que podemos hacer en las siguientes elecciones es votar por los que quieran cambiar la situación deteriorada existente. Lo peor para el futuro de la nación es no votar.
(*) Director e investigador. tlapitzalli.com
VP/Opinión/JSC