MÉXICO, (Sputnik), 29 de enero de 2021 .- Este año el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador puede dar un revés a la reforma energética que heredó del sexenio de Enrique Peña Nieto y con ello concretar uno de sus principales objetivos: fortalecer la participación del Estado en el sector energético. ¿Cuáles serían los efectos de la posible contrarreforma?
López Obrador trabaja en cambios constitucionales y leyes secundarias para revertir la reforma energética de 2013. El fin de la iniciativa gubernamental, según ha manifestado el propio presidente, es evitar que se “privatice el sector energético, porque si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente”.
Días después, en la conferencia matutina del 29 de julio, comentó que “es probable que no se modifique la Constitución. Ahora, si necesitamos hacerlo para consolidar, repito, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución. No lo haríamos ahora, lo haríamos hasta el tercer año”.
Las menciones a una posible iniciativa constitucional que revierta el andamiaje jurídico de la reforma energética de Peña Nieto continuaron durante los siguientes meses. El 24 de septiembre, por ejemplo, dijo que intentarían rescatar a Pemex y a la CFE, “pero si vemos que no es posible, porque dejaron todo esto bien amarrado con las llamadas reformas energéticas, si vemos que no se puede, va la reforma constitucional“.
De acuerdo con el diario El Universal, dos días antes de dicha declaración, el 22 de septiembre, el consejero independiente de Pemex, Humberto Domingo Mayans Canabal, reveló que el presidente volvió a citar a los trabajadores del sector energético para que presentaran “un solo trabajo o bien, si cada quien, puede plantear sus puntos de vista”.
¿En qué consistió la reforma energética de 2013?
En 2013, el Gobierno de Enrique Peña Nieto logró echar a andar una reforma energética, con la que se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. De esta forma, se permitiría que empresas privadas participaran en la exploración y extracción del petróleo, a través de varios contratos con el Estado mexicano, en los cuales habría utilidad compartida y producción compartida.
“Se estima que la implementación de las reformas estructurales incrementará el crecimiento potencial de la economía mexicana de cerca de 3,5% en su nivel inercial a un crecimiento de 5,3% hacia el 2018”, se lee en el documento de 2013.
Sin embargo, tales pronósticos nunca se cumplieron, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento de apenas 2%, el más bajo desde el 2013.