La desesperación puede ser mala consejera, frente a la criminalidad incontenible que padece México. Más de 156 mil ejecutados por las bandas de malvivientes en lo que va de este sexenio –del uno de diciembre de 2018 hasta finales de mayo del 2023- y más de 36 mil desaparecidos, son cifras terribles desde cualquier ángulo.
Con esos datos es entendible la propuesta de las madres buscadoras en torno a un pacto de paz del gobierno con los líderes de los grupos criminales. Mucho sufrimiento cargan por la incertidumbre y lo infructuoso de su labor. A los desaparecidos en el presente régimen hay que sumar los anteriores, contando desde la “guerra sucia” de los años 70, para dar un total de 110 mil en los archivos históricos.
Nadie tendría que estar en su situación para sentir empatía con ellas. Sin duda que su búsqueda es una herida abierta en el corazón de México, y nos debe doler a todos.
Sin embargo, antes de llegar a un pacto improbable con malvivientes, en afán de poner un alto a la imparable criminalidad para llegar a una paz duradera, el gobierno y la sociedad tenemos que unir esfuerzos en la búsqueda de soluciones de largo plazo.
Por principio, debe prevalecer el análisis riguroso. En ningún momento los capos de las mafias han ondeado la bandera blanca. Por lo visto en México ellos gozan intimidando a sus rivales, a las autoridades y de paso a toda la gente. No representan a nadie más que a sí mismos. Lo suyo es la violencia y el dinero.
Una petición a los criminales de un pacto de paz –como el aludido- desde la sociedad civil y desde el gobierno -cualquiera que sea la magnitud del problema- sería una forma de sometimiento y rendición. Lo menos que un gobierno legítimo y la sociedad debieran aceptar.
Sin descartar cualquier posibilidad de acuerdo legal y legítimo, la sociedad y sus autoridades deben explorar y agotar todas las vías en favor del orden y la concordia. Esto dentro de los alcances constitucionales de la autoridad legalmente establecida o fuera de la misma, pero razonable en términos de los principios y valores universalmente aceptados.
Mientras el debate avanza en el sentido esperado, con fundamento en bases sólidas y en un diagnóstico realista, el gobierno debe cumplir su obligación que establece la Carta Magna para el Estado mexicano. Esto quiere decir, mediante el uso legítimo de la fuerza y los instrumentos legales a su alcance, honrar sus obligaciones de garantizar seguridad e integridad física y emocional a todos los gobernados.
Para el efecto y dada la gravedad y urgencia que dictan los números antes mencionados, el gobierno debiera asumir la búsqueda de oficio de todos los desaparecidos. Al mismo tiempo, brindar todo el apoyo material, logístico y de asesoramiento jurídico a las madres buscadoras, sin escatimar recursos.
Un gobierno incapaz de ofrecer tales beneficios a la población queda en deuda con el Estado. El juramento de la toma de posesión de cualquier gobernante, es claro: “Si no lo hiciere, que la nación me lo demande”.