Pablo Moctezuma Barragán
El 3 de diciembre de 2023, se realizará un importante referéndum en Venezuela (mecanismo establecido por la Constitución), con el fin de realizar una consulta, como parte de la defensa que el pueblo de Venezuela está dispuesto a emprender para defender su territorio: El Esequibo, que les fue robado por los británicos hace décadas de forma alevosa y que hoy el gobierno de Guyana, violando las leyes internacionales y el Acuerdo de Ginebra de 1966, pretende explotar en beneficio de corporaciones norteamericanas. Dicho Acuerdo fue firmado por Venezuela y Gran Bretaña, en él quedó claro que el arreglo del diferendo territorial debe ser consensado por ambas partes para lograr un acuerdo mutuo a través del diálogo.
Esta campaña por el referéndum que se realiza para fortalecer la defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba es una demanda añeja del pueblo hermano, en su bandera de ocho estrellas se incluye este territorio. Venezuela incluye el territorio dentro de sus dominios desde su primera constitución de 1811, cuya última reforma, en 1999, declara en el artículo 10 que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la independencia iniciada el 19 de abril de 1810. El Esequibo tiene una inmensa dimensión de más de 159 mil kilómetros cuadrados, lo que es mayor al territorio de Portugal o al de Grecia.
En el Tratado de Tordesillas de 1594, entre España y Portugal, ese territorio se le queda a España y al momento que triunfa la independencia de Venezuela, la nueva nación conquista la soberanía de todos los territorios invadidos por los hispanos, que incluían al Esequibo, puesto que la Capitanía General de Venezuela, creada por Carlos III en 1777, incluía los territorios de la antigua provincia de Guayana, que ocupaba Esequibo. La lucha de las potencias europeas había sido intensa pues los holandeses se dieron a la tarea de invadir el Caribe desde los siglos XVII y XVIII, aun así, el Tratado de Extradición entre España y Países Bajos de 1791 reconoció a la «colonia del Orinoco» como parte del territorio hispánico que lindaba hasta el Esequibo.
Histórica y legalmente la cuestión no deja lugar a dudas, en el tratado de 1850 queda claro que el territorio es de Venezuela, pero en 1897 se vicia la situación con la firma el Tratado de Washington por medio del cual EU interviene en este conflicto ajeno, y así, fieles a la Doctrina Monroe, se violan todos los títulos de Venezuela, y se negocia con Inglaterra para que fuese Estados Unidos el que decida la validez del tratado, desde luego en beneficio de la primera. En el Laudo Arbitral de París de 1899, el fallo fraudulento concluyó con la cesión del territorio al oeste del río Esequibo a Reino Unido. Pero Venezuela no tuvo representación directa, y sus pseudo representantes fueron nombrados por los Estados Unidos, así que la sentencia es nula y llena de vicios. EU no admitió a ningún venezolano aprovechando la situación de convulsión interna, puesto que en ese momento no había gobierno y se sufría una pandemia de viruela que fue muy mortífera en el país.
El carácter ilegal del Laudo Arbitral, dictado el 3 de octubre de 1899, queda patente en el Memorándum de Severo Mallet-Prevost, que evidencia las arbitrariedades del proceso que determinó los límites del despojo territorial contra Venezuela. Mallet-Prevost, socio de un renombrado bufete neoyorkino, ejerció como abogado de la parte venezolana durante el Laudo Arbitral. No obstante, su designación corrió por cuenta del gobierno de Estados Unidos, dado que Reino Unido se negó a admitir una parte venezolana diciendo que los “indios malolientes” no tenían que opinar en el asunto. La delegación presente en el Tribunal Arbitral de París estaba conformada por cinco árbitros: dos británicos, nombrados por la Corona; dos designados por el gobierno de Estados Unidos que, supuestamente, representaban a Venezuela; y un juez ruso, miembro de la corte británica, y además recordemos que el Zar y el Rey eran familiares. Estos jueces fueron comprados y de manera unánime, de espaldas a Venezuela, refrendaron un Laudo viciado y considerado nulo e írrito por Venezuela. En su testamento el árbitro estadounidense Severo Mallet-Prevost, dejó la información de cómo los jueces fueron comprados, en un proceso que duró 3 días en el que se desecharon miles de documentos de Venezuela que comprobaban su derecho territorial.
La población local del Esequibo también ha asumido su soberanía, se organizó y se lanzó a la lucha el 2 de enero de 1969, en la llamada Rebelión de Rupununi liderada por una valiente mujer indígena Valerie Paul Hart de la etnia wapishana, en esta rebelión en la Guayana Esequiva, se invocaba la nacionalidad venezolana.
A pesar de ello, Guyana estableció la inclusión del Territorio Esequibo dentro de sus límites en la Constitución de 1980. La República Cooperativa de Guyana, como se conoce oficialmente, se ha negado a dialogar a pesar de que Venezuela ha trabajado por la unidad de la región y la ha apoyado a través de Petrocaribe, pero a pesar de las muestras de solidaridad constante de la República Bolivariana , de hecho, Guyana está actuando como un Estado satélite de Estados Unidos, país que lleva más de veinte años atacando a la Revolución Bolivariana, y como un Estado al servicio de las corporaciones norteamericanas, dado que el gobierno en ningún momento ha planteado aprovechar esos recursos para su propio pueblo sino para intereses extranjeros.
Este año, empresas petroleras como la ExxonMobil quiere explotar el petróleo de la zona perteneciente a Venezuela. Cabe mencionar que la región es rica en petróleo, gas, agua y oro. En los últimos meses se han multiplicado los descubrimientos de grandes riquezas, lo que despierta la ambición de Washington quien por un lado aparenta un intento de conciliación con los Tratados de Barbados firmados recientemente (en octubre de 2023) para flexibilizar las sanciones y por otro, le echa leña al fuego instigando el conflicto territorial con Guyana.
Los descubrimientos petroleros y gasíferos en las aguas en disputa entre Venezuela y Guyana coinciden con el recrudecimiento de la tensión militar alentada por el Comando Sur. Pretenden apropiarse del territorio ajeno de enormes dimensiones: 159 542 kilómetros cuadrados. Así, violan el derecho internacional marítimo porque ni siquiera en tierra se ha delimitado el territorio en disputa, por ende, en el mar es a todas luces claro que está pendiente por delimitar. Sectores económicos, sindicales, religiosos, todos los partidos políticos de cualquier signo se han unido en defensa de sus intereses nacionales venezolanos.
Washington, pretende el saqueo de esos recursos para favorecer su lucha por la hegemonía mundial, lo que explica la alianza militar con Guyana auspiciada por el Comando Sur que está detrás de las amenazas y las actitudes belicosas. En 2012, el Comando Sur participó en el Ejercicio Respuesta Fusionada en Guyana, el cual implicó la colaboración entre el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Guyana. Desde 2015, la República Cooperativa de Guyana ha estado participando en maniobras militares conocidas como “Tradewinds”, patrocinadas por el Comando Sur, con el objetivo de consolidar la supremacía estadounidense en esta región del mar Caribe.
Recientemente Guyana otorgó concesiones, en el territorio marítimo en disputa, a ExxonMobil, trasnacional que actualmente financia los gastos jurídicos para Guyana en la Corte Internacional de Justicia, como denunció el ministro de del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza.
Frente a las intenciones imperiales y la actuación subordinada del gobierno de Guyana, Venezuela establece un camino de defensa de la soberanía a través de un ejercicio democrático de amplia participación popular, como el referéndum. El 21 de septiembre, la Asamblea Nacional (AN), en plenaria, aprobó por unanimidad convocar el referendo consultivo invocando el artículo 71 de la Constitución de la República, el cual establece que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo pueden tomar la iniciativa en tal sentido.
Las primeras dos preguntas son de carácter legal, una sobre la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899 y otra sobre el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. La tercera es sobre la posición de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La cuarta pregunta tiene que ver con la extracción ilegal de petróleo del Océano Atlántico y la última es sobre la creación del estado Guayana Esequiba.
Preguntas para el referendo:
1. ¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?
2. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?
3. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
4. ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?
5. ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?
Por su parte, en 2018, Guyana acudió unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pedir resolver el diferendo. En 2020, la CIJ se declaró “competente” para examinar la disputa. Por su parte, Guyana pidió el martes 14 de noviembre a la CIJ tomar cinco medidas provisionales para “bloquear” el referendo previsto en Venezuela para el 3 de diciembre sobre la disputa por el territorio del Esequibo, entre ellas evitar que Caracas proceda con esta consulta “en su forma actual” .y exigen eliminar de la consulta las preguntas uno, tres y cinco. Así pretenden negar la soberanía del gobierno y el pueblo de Venezuela para realizar la consulta en los términos que ellos decidan en el marco de su Constitución. Quieren sustituir la soberanía de todo un pueblo por la decisión de una Corte extranjera. Eso no va a pasar.
Hoy por hoy, el pueblo de Venezuela está decidido a enfrentar este golpe de Washington y sus corporaciones, aliadas a la oligarquía de Guyana. Un nuevo ataque luego del severo bloqueo que les ha impuesto el imperio yanqui, quien en 2015 declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos, imponiéndole 926 sanciones coercitivas y unilaterales, de las que 765 fueron emitidas por Donald Trump, recrudeciendo su ofensiva en tiempo de la pandemia, lo que es criminal. En el país existe una gran movilización de cara al referéndum del 3 de diciembre, que el mundo democrático sigue con gran interés.
La humanidad aspira a un mundo nuevo y lucha por él, por la armonía entre todas las naciones del mundo y la solución pacífica de los conflictos, sin agresiones o imposiciones, porque ¿Qué clase de civilización impone brutales sanciones genocidas contra países más pequeños como Cuba o Venezuela o cualquier otra que no se pliegue a la línea de los imperialistas estadounidenses y los oligarcas financieros internacionales que se disputan el control de los mercados mundiales y de los recursos naturales, el acceso a la mano de obra barata y que luchan por esferas de influencia y zonas de exportación de la riqueza social, que se ha apoderado de lo que produce el pueblo trabajador? La lucha del pueblo venezolano es la lucha por poner en el centro los intereses de los pueblos y su futuro.