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Salarios de hambre y economía informal

PARA DECIRLO PRONTO,en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se reservaron tres billones 159 mil millones de pesos al gasto corriente. Este renglón atiende el pago de servicios personales (burocracia), al que se destinaron un billón 122 mil millones de pesos, más que a desarrollo económico, partida que se fijó en un billón 51 mil millones de pesos.

En 2018, Enrique Peña Nieto, sólo por percepciones legales, se adjudicó 258 mil pesos mensuales. Para 2019 a Andrés Manuel López Obrador se le asignaron 108 mil pesos al mes. De ello resulta que su alcance anual será de un millón 633 mil pesos

Por la nueva Ley de Remuneraciones a los Servidores Públicos (decretada en 2018 y reformada en abril de 2019), nadie debe ganar más que el presidente. Quiere decir que ningún alto mando de la burocracia federal puede ganar más de un millón 633 mil pesos al año.

Un obrero o empleado sujeto a salario mínimo, en el supuesto de que trabaje los 365 días del año, apenas recibiría unos 37 mil pesos. ¿A esto se le puede llamar justicia redistributiva?

Contra la Ley de Remuneraciones, interpusieron recurso de amparo más de 27 mil burócratas federales. La mayoría pertenecientes a los órganos autónomos del Estado, cuya probidad y productividad deja mucho a deber a los mexicanos.

Esos burócratas demandaron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaración de inconstitucionalidad del ordenamiento. A lo más que llegaron es a que se cuestionara la metodología para fijar el salario del presidente. Para esclarecer el punto, a partir del 1 de septiembre el Congreso cuenta con un plazo de 90 días dado por la Corte.

México tiene más de 32 millones de individuos en la economía informal. En marzo pasado se reportó que la masa laboral con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema se incrementó a 39.8 por ciento. Por supuesto, en ese rango no están consejeros o comisionados de los órganos autónomos del Estado.

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