Voces del Periodista Diario

Bukele se compromete a desclasificar los archivos militares de El Mozote, la mayor masacre documentada de la historia reciente de América Latina

* Lo hace apenas tres días después de que altos mandos militares de El Salvador impidieran al juez encargado de investigar la matanza acceder a los archivos del Estado Mayor en busca de los documentos.

SAN SALVADOR (RT) 25 de septiembre de 2020.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves que desclasificará voluntariamente “los pocos archivos sobre la masacre de El Mozote que no han sido destruidos”, tras la polémica surgida a principios de esta semana cuando los mandos del Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña impidieron que el juez de instrucción del caso, Jorge Guzmán, accediera a los archivos militares a realizar la debida inspección.

“Nosotros vamos a desclasificar voluntariamente estos archivos”, insistió el presidente, subrayando que los documentos históricos asociados al cruento episodio de 1981 en el que fueron ejecutadas más de un millar de personas “se harán de dominio público”.

En un discurso televisado, Bukele insistió en que “la mayoría de archivos fueron destruidos” y criticó al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) –principal partido de la oposición– por “no haber desclasificado los archivos durante los diez años que estuvo en el poder”.

La polémica sobre el bloqueo del acceso los archivos

El juez de instrucción a cargo de la investigación de la masacre de El Mozote, Jorge Guzmán, junto a varios peritos, integrantes de la Fiscalía General salvadoreña, querellantes y abogados, se presentaron en los archivos del Estado Mayor de la Fuerza Armada para proceder con sus pesquisas.

Una vez allí, el coronel Carlos Vanegas le impidió el acceso a los archivos del Ejército.

A consecuencia de este bloqueo, el magistrado exigió explicaciones tanto a Bukele como al ministro de Defensa, René Merino. Según el presidente, los militares les denegaron el acceso porque “los archivos no están en el edificio del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada” y porque existía la sospecha de una posible infiltración en otros archivos actualmente clasificados y secretos.

En cualquier caso, para el abogado David Morales, acusador particular en esta causa, la actitud de los militares constituyó una grave desobediencia que “tiende a proteger a criminales de guerra” en detrimento de las víctimas y sus familiares.

Por su parte, el presidente Bukele asegura estar comprometido con “la verdad y la justicia”, y que procederá  a desclasificar los archivos existentes por su compromiso “con las víctimas”. “No estamos escondiendo ni media página, la historia nos dará la razón”, agregó en este sentido.

Una masacre pendiente de reparación

La masacre de El Mozote es la mayor matanza de civiles a manos de las fuerzas armadas registrada en la historia reciente de América Latina. Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluyó en 1983 que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, militares del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y sus aledaños, en el departamento de Morazán (a unos 180 kilómetros al noreste de San Salvador), en una cruenta operación en busca de guerrilleros insurgentes.

El mismo informe de la ONU responsabiliza de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia, y a otros seis oficiales que no fueron juzgados, por encontrarse amparados por la ley de amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), un negacionista de la masacre.

El 16 de enero de 2012 el presidente Mauricio Funes pidió perdón a los familiares de las víctimas por los hechos ocurridos en El Mozote, y señaló como responsables al teniente coronel Monterrosa y al lugarteniente Azmitia.

Monterrosa y Azmitia murieron en El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en el que volaban explotó, precisamente a causa de una bomba colocada por la guerrilla.

El Gobierno actual de El Salvador no niega la masacre, pero tal como se refleja en el discurso de Bukele, asegura que la mayor parte de los archivos militares de aquel periodo se han extraviado o han sido destruidos, lo que dificulta la tarea de continuar depurando responsabilidades e investigando los pormenores del caso.

VP/Internacional/EZ

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