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¿Embargo e investigación fiscal? La disputa en Perú por la pensión vitalicia de Fujimori

El beneficio otorgado por el Congreso al exgobernante continúa generando reacciones en Perú.

¿Embargo e investigación fiscal? La disputa en Perú por la pensión vitalicia de Fujimori

La pensión vitalicia aprobada por el Congreso de Perú para el expresidente Alberto Fujimori ha generado múltiples reacciones entre la clase política y, ahora, son las instituciones del país andino que han respondido a este polémico beneficio.

De acuerdo a medios locales, la Fiscalía de la Nación dispuso la apertura de una investigación preliminar por 60 días contra los que resulten responsables por las presuntas irregularidades en el trámite de la pensión vitalicia.

El Congreso de la República le autorizó la paga para exmandatarios, a pesar de que una ley vigente firmada por el propio Fujimori (1990-2000) la deja “en suspenso” en caso de que haya una acusación constitucional en su contra, “salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”.

Dos semanas atrás, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, planteó a la mesa directiva del órgano legislativo la suspensión de la pensión vitalicia. Sin embargo, se desechó esta opción y en cambio se votó a favor de iniciar una “etapa de consultas” que incluya a constitucionalistas.

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¿Confiscación?

Este jueves el abogado del exgobernante peruano, Elio Riera, comunicó que la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó un proceso de embargo de la pensión vitalicia para cubrir parte de la reparación civil adeudada.

“Ni siquiera nos hemos sentado a discutir con Procuraduría y ya, de frente, nos demandaron para estar incluidos en este registro nacional de deudores (…). Entiendo que lo que van a querer es confiscar o embargar toda la pensión, que ya sería un exceso como tal”, criticó entrevistado por Exitosa.

En diciembre de 2023, horas antes de que Fujimori fuese excarcelado, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Perú aclaró que su deuda es de 57 millones de soles (alrededor de 15 millones de dólares) por los tres casos de corrupción en los que ha sido sentenciado.

Riera aseguró que aspira “mediar” con la PGE para alcanzar un acuerdo “hasta que se defina la vía constitucional [de] los juicios en los cuales he pedido la nulidad”. En ese sentido, indicó que utilizarán parte de la pensión vitalicia para pagarla.

Rusia Today 22.08.2024

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