Hace nueve meses, allá por agosto de 2022, me hacía eco de la pesadilla que dos españoles estaban viviendo en una prisión madrileña a la espera de su deportación a Lille (Francia) tras ser acusados de la distribución y venta de teléfonos móviles encriptados como los que, si tu presupuesto te lo permite, puedes legalmente adquirir en cualquier negocio de telefonía de España.
Seguramente, entre los usuarios de estos terminales se hallan personas de diversa condición y poder adquisitivo, desde un hombre de negocios hasta algún político –o familiar objeto de algún presente–, miembro de alguna familia real e, incluso, alguien relacionado con el mundo judicial. Ni que decir tiene que en España, subrayo, la actividad empresarial en cuestión es totalmente lícita.
Con toda seguridad, también, los clientes de estos móviles tienen mayor peso social y preponderancia que esos dos compatriotas, hermanos, sometidos a una tortuosa experiencia que va para casi un año como consecuencia del hackeo de teléfonos para descifrar un sistema encriptado, “EncroChat”, de difícil interpretación para agentes de la Ley como los gendarmes franceses en un país vecino en el que, por otro lado, su venta sí que es ilegal a menos que –no se rían– mandes un correo electrónico a la Gendarmería –desconozco si con copia a Eurojust– en el que expongas tu buena conducta, fines e intención en el uso del terminal en cuestión.
Así, por aquel entonces me dio por escribir un artículo, “El futuro ya no se espera, se teme“, en este mismo medio a propósito de la injusticia que sus dos familias –cuatro hijos menores incluidos– y allegados comenzaban a sufrir con el inicio de esta interminable y aterradora pesadilla. Sin tener que volver al París de 1794 y al Terror jacobino de Robespierre, vistos los acontecimientos, la situación de nuestros dos nacionales parecía estar en manos de, más de dos siglos después, un moderno Comité de Salvación Pública sin guillotina.
El título del texto aludido, de aquella firme y reflexiva sentencia, procedía de un tuit del año 2013 del juez Santiago Pedraz, casualmente titular del Juzgado de Instrucción N°5, el que ha venido rindiendo pleitesía al país vecino desde la turbulenta emisión de una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) no exenta de defectos hasta el requerimiento de la fiscalía de Lille con nulas trabas por parte de la Audiencia Nacional respecto a la entrega de los dos hermanos a los que, aquí en España, se les acusaba de “falta de arraigo” a pesar de ser españoles, como sus mujeres, hijos y padres, tener su domicilio y trabajo en España, tributar en España o haber estudiado y realizado su servicio militar en, ¡correcto!, España. Como se puede intuir, además de las irregularidades del inicio, con la arbitraria cuestión en la decisión del arraigo, algo empezaba a oler mal, a podrido, y, precisamente, no hablamos de Horacio ni de Dinamarca, sino de un Estado español en el que, de un tiempo a esta parte, cientos de violadores y terroristas campan a sus anchas mientras que honrados padres de familia marchan presos al exilio francés infamemente desasistidos por, como diría Unamuno, “hunos” y “hotros”.
Honestamente, no sé qué más se puede argumentar para afirmar tu españolidad y el vínculo con esta tierra lo que, por otro lado, me conduce a un laberinto judicial y conflicto de intereses, con algún que otro ministerio implicado, en los que se dan cita la servidumbre hispana al exclusivo guirigay de la justicia francesa y el lamentable papel jurídico de Eurojust, la descoordinada agencia europea acostumbrada a un vil postureo que confunde y no defiende a sus Estados y, por lo visto en este caso, a seres humanos ahora vejados y estafados por un supuesto Estado de Derecho que, si destaca por algo, es por la flagrante ausencia de sus derechos y garantías penales. Como dicen en el pueblo, “demasiadas pocas cosas pasan”.
Vergonzoso y sorprendente como se ha venido contando en diversos artículos aparecidos en este mismo medio u otros como Confilegal, La Razón y prensa digital a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, lo que va quedando claro es que muchos no han estado, no han querido o no les han dejado estar a la altura de estas rocambolescas detenciones y sus trágicas consecuencias. Razones, desde luego, tendrán; razón, por supuesto, no.
Sin ir más lejos, uno de los dos “protagonistas” perdió a su mujer el pasado seis de abril debido a una larga enfermedad que, aparentemente, ha evolucionado a lo irremediable tras lo triste y recientemente acontecido. Tal vez, al pequeño J. de cuatro años, el Estado español, la propia Audiencia Nacional o cualquiera de esos ociosos y abundantes Ministerios al uso tendrán que prestarle algún tipo de atención y responder a sus preguntas tras quedar huérfano de madre y con un padre, ahora en España, con el corazón hecho añicos por la pérdida de su mujer, su libertad provisional pendiente de una declaración en un país que no permite su entrada y la prisión de su hermano en una fría y oscura celda de la prisión de Lille. Simplemente, de traca.
Y entre esas irregularidades, carencias, faltas u omisiones, alguien estaba a otros menesteres allá por el verano para intentar evitar que, sin pruebas ni juicio, estos dos inocentes volasen a Francia y, junto con su entorno, comenzasen a degustar el Terror Penal que se despacha al otro lado de los Pirineos entre despistes, desbarajustes, falta de criterio y reciprocidad y, lo más sangrante, ausencia de garantías legales de cualquier detenido por un supuesto delito.
Ni que decir tiene que, por estos lares patrios, alguien no quiso ni supo estar ágil o hábil para impedir el traslado. Tal vez, el calor sofocante de un tórrido verano o la atracción de las portadas del papel cuché –amén de otros líos estivales– no son buenos compañeros de viaje para profesional o judicialmente cumplir con tu trabajo y, en el caso que nos ocupa, un caso en el que la humanidad y lo humanitario han brillado por su ausencia antes de llegar a esta diabólica y perversa encrucijada.
Por todo ello, el pasado lunes 8 de mayo me di cita en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con el firme propósito de aprender de juristas cuyas opiniones no distan mucho de aquel artículo veraniego antes reseñado ni difieren de las conclusiones que relato en el de hoy. Después de casi dos horas, el ficticio Winston Smith de “1984” se había convertido en paradigma de este despropósito judicial.
Sin lugar a dudas –como el título indica–, pareció evidente entre los ponentes que si se atacan o limitan nuestras garantías, el Derecho Penal se torna en Terror Penal. Por lo que indicaron tanto D. Guillermo Rocafort, promotor del evento, y D. Francisco Javier Borrego, ex-magistrado del Tribunal de Derechos Humanos en la Unión Europea, así puede resumirse el caso “EncroChat” en sus Estados miembros a pesar del paradójico empeño de Eurojust a la hora de sacar pecho con el “éxito” de las democracias en Europa. Como decimos por estos lares, “del dicho al hecho, hay un buen trecho”.
A las pruebas, podemos remitirnos: prisión incondicional y deportación a Lille de dos de los nuestros, imposibilidad y negación de libertad provisional, forma de conseguir evidencias y pruebas acusatorias, opacidad del procedimiento y cerrojazo del gobierno francés declarando secreto de Estado y defensa de la Nación, como declaraba D. Alberto López Orive en calidad de experto penalista en casos de hackeo, ante cualquier solicitud de los abogados españoles que actúan en defensa de los acusados.
Por otro lado, el propio Sr. Borrego hacía un repaso jurídico de casos, artículos y leyes en el que, si algo quedó meridianamente claro, fue el papelón de España y los históricos rapapolvos desde Estrasburgo como consecuencia de la exclusión de los teléfonos desde la primigenia Ley de Enjuiciamiento Criminal de finales del siglo XIX. Desde entonces, y con alusiones “orwellianas” en la distópica realidad que nos asola, el magistrado no olvidó incumplimientos de jurisprudencia o ausencia de condenas desde Europa sin dejar de preguntarse por la autoría de esas interceptaciones o la normativa que debería proteger nuestras comunicaciones.
A modo de conclusión, como también señalaba el jurista D. Luis de las Heras, el garantismo, al garete; con garantías penales asimétricas en Estados carentes de las mínimas responsabilidades sociales para con sus ciudadanos y haciendo uso de capturas o comunicaciones encriptadas como documentos penales. Así, todas estas situaciones han conducido al estupor en los parlamentos europeos, en tribunales expectantes por las decisiones y sentencias de Tribunales Superiores de Justicia sacudidos por la supresión de derechos civiles y la acumulación de la barbarie jurídica derivada de la rapidez de los avances tecnológicos y la proliferación de delitos cibernéticos.
Concluyo con la misma pregunta que formulé en el turno de palabra a los asistentes al acto: ¿en manos de quién estamos? Así, también, titulaba D. Francisco Javier Borrego su artículo de ayer en El Debate con una invitación a que nosotros mismos, como personas libres con derechos fundamentales, reclamemos nuestros derechos evitando el aborregamiento y las zonas de confort mientras intentamos oír el eco, si la Gendarmería francesa no lo registra y graba, de aquel desgarrado grito de Santa Catalina de Siena: ¡Basta de silencios! ¡Gritad con cien mil lenguas porque, por haber callado, el mundo está podrido!