Detalló que los dos asuntos a tratar en esta nueva fase es el cese el fuego y los mecanismos de participación de la sociedad, en la construcción de la paz en Colombia.

En entrevista con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia Rueda resaltó que el Ejecutivo dejó claro a todos los grupos armados con los que avanza en procesos de paz que los derechos de las víctimas no son negociables.

Además, deben primar las garantías de verdad y de no repetición en los territorios, enfatizó el funcionario.

Acerca de la Paz Total señaló que tiene dos aspectos sustanciales: la construcción de políticas públicas para favorecer a quienes han sido excluidos y usen la violencia para solucionar los problemas, y el diálogo con distintas manifestaciones.

Dentro de esta última alternativa mencionó la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN, los espacios o las mesas de conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la Segunda Marquetalia, grupos armados a los que se les reconoce orígenes políticos.

Además, están los espacios de acercamiento y conversación sociojurídica con grupos rebeldes, con el objetivo de que se les compartan los mecanismos jurídicos que permitan la rendición de cuentas a la sociedad y la desestructuración de las motivaciones económicas y de la criminalidad que los sustenta, puntualizó.

Este tipo de espacio de conversación sociojurídica tiene dos ámbitos: el rural, con las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada y con diversos grupos de violencia urbana, explicó el funcionario.

Sobre el espacio de conversación urbana en el caso de la ciudad de Buenaventura, luego de una fase de acercamiento, de una reducción de la violencia en términos de negarse esos grupos armados a asesinar, a torturar y a desaparecer, van a iniciarse en una segunda fase, detalló.

La nueva etapa implica un escenario de conversación que permita conocer cuál es el proyecto de ley que el Gobierno presentará en el Congreso para desmontar estas estructuras y se posibilite un proceso de incorporación colectiva con transformaciones en los barrios, se aseguren y se protejan los derechos de las víctimas, comentó.