* La Justicia del país andino tiene abiertas investigaciones contra exfuncionarios por sobreprecios, contrataciones irregulares y otros delitos.
Por Emmanuel Gentile
SUCRE (RT) 20 de noviembre de 2020.- Casi exactamente un año duró el gobierno de facto de Bolivia. Tras autoproclamarse presidenta luego del golpe de Estado contra Evo Morales, la diputada opositora Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 bajo la promesa de “pacificar al país”. En ese período de 361 días, se abrieron más de 24 causas por corrupción atribuidas a su gestión.
Con la histórica vuelta del Movimiento Al Socialismo (MAS) para dirigir los destinos del país Plurinacional, es probable que esos expedientes avancen, y que se investiguen muchos más.
Al asumir la presidencia, Luis Arce Catacora mencionó en su discurso que durante su Gobierno no buscará fomentar un ambiente de resentimiento y de venganza. Aunque advirtió que “los únicos que deben temer son los infractores, los criminales, los violentos y los que cometan actos de corrupción”.
La Comisión de Transición Presidencial de Bolivia, que organizó el traspaso de mando tras la victoria del MAS en las elecciones, ha denunciado una serie de irregularidades y falta de documentación en las distintas oficinas del Estado: números que no cierran, desbarajustes que no tienen explicación, y las arcas supuestamente vaciadas.
Al frente de esa Comisión estuvo Wilfredo Chávez, quien el pasado 12 de noviembre fue nombrado como titular de la Procuraduría General (PGE). Como comisionado de la transición, y tras visitar 17 despachos ministeriales, Chávez denunció que el Gobierno de facto había operado “solo para su bolsillo”.
Según el exministro de Gobierno de Evo Morales, la administración de Áñez había dejado “un país un poco más en ruinas”, luego de “un año de robo al Estado boliviano”.
Los casos emblemáticos
Si bien las causas por corrupción que pesan sobre el gobierno de facto superan las veinte, el procurador habló de 5 casos “emblemáticos”, no solo por la cantidad de dinero presuntamente desfalcado, sino además por involucrar asuntos de salud en medio de una pandemia mundial.
El presidente Luis Arce Catacora tomó posesión a Wilfredo Chávez Serrano como nuevo Procurador General del Estado (PGE) durante un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, con la promesa de “recuperar la institucionalidad de la Procuraduría” pic.twitter.com/TsR8qTxgh5
— Procuraduría General del Estado Bolivia (@PGE_Bolivia) November 12, 2020
De hecho, la denuncia por la compra irregular de respiradores artificiales para pacientes con coronavirus, provocó la renuncia de Marcelo Navajas, el segundo ministro de Salud del Gobierno de “transición”.
En marzo, las autoridades sanitarias adquirieron ventiladores pulmonares al fabricante español GPA Innova, en una transacción intermediada por la proveedora, también española, IME Consulting Global Service SL. Según el Gobierno de facto, se pagaron a un precio de 28,080 dólares por unidad, pero la fábrica aclaró posteriormente que cada respirador tenía un costo de 7,234 dólares, lo que equivale a un sobreprecio de 3.3 millones de dólares.
Tras asumir al frente de la Procuraduría, Chávez se encontró con un “extraño” robo de “computadoras y de documentación” en el Ministerio de Salud. “Han actuado delincuencialmente para llevarse la información”, dijo entonces el abogado del MAS a medios locales.
Pero la grave situación con estos elementos vitales en medio de la crisis sanitaria no terminó ahí. A tres meses de iniciada la investigación, desde la firma IME dijeron que el equipo de Áñez reconoció que no sabía dónde estaban los respiradores que habían comprado.
En octubre, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, aseguró que los aparatos estaraban bajo custodia del ministerio de Salud, y continuarían ahí hasta que concluyera el proceso penal.
También avanza en los Tribunales una causa por la compra de 2,000 tapabocas KN 95, con un sobreprecio de 65 bolivianos (más de 9 dólares por unidad).
Corrupción en empresas del Estado
La empresa estatal de telecomunicaciones Entel, una de las más importantes del país, recibió cuatro denuncias por irregularidades durante el año de Gobierno de Áñez.
El mayor escándalo tiene que ver con sueldos e indemnizaciones insólitas e injustificadas en la compañía. Por ejemplo, se descubrió que una mujer trabajó para Entel durante solo 11 días, recibió un resarcimiento de 80,091 bolivianos, el equivalente a 11,622.59 dólares.
No fue la única beneficiada. Al menos 13 exfuncionarios de la empresa, designados desde diciembre de 2019 por el exgerente de Entel, Elio Montes, recibieron finiquitos por más de 868,000 bolivianos (cerca de 126,000 dólares), por períodos laborales que no superaron los tres meses, ya que se fueron de la mano de Montes, a principios de febrero de este año.
“Ridículamente corrupto”
Bajo la presidencia de Herland Javier Soliz en YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), la empresa petrolera estatal, se detectaron al menos tres casos de presunta corrupción, por contrataciones millonarias de emergencia, hechas al amparo de decretos que autorizaron compras directas, sin licitación.
Los movimientos sospechosos tienen que ver con una compra a futuro de combustibles a una empresa de Panamá, por unos 150 millones de dólares; un cambio de seguro corporativo que luego quedó sin efecto, y un tercer presunto desfalco por la contratación de servicios de alimentación y limpieza.
Un conocido abogado local, Otto Ritter, fue quien denunció el caso de los combustibles, al que calificó como “ridículamente corrupto”. Según el letrado, YPBF tomó como referencia para la operación una cotización de 154 dólares el barril de crudo WTI, cuando el precio ya había bajado a unos 20 dólares.
Soliz se vio obligado a renunciar en mayo de este año. Había asumido en diciembre de 2019.
Grandes desembolsos en retirada
El procurador Wilfredo Chávez denunció también que, a días de dejar el poder, el gobierno de facto pagó desde el Viceministerio de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, 240 millones de bolivianos (37 millones de dólares) a una compañía del empresario Rosendo Barbery, para la construcción de viviendas.
Según Chávez, en los últimos días previos al cambio de mando se realizó la entrega de dos propiedades, de cerca de 40,000 hectáreas, a la familia Marinkovi?, ligada al último ministro de Economía de Áñez, Branko Marinkovi?.
El millonario empresario de origen croata estuvo diez años exiliado en Brasil, tras ser acusado por el Gobierno de Morales de financiar una guerra secesionista para separar a Santa Cruz del resto de Bolivia, en 2008.
A los Marinkovi?, dijo Chávez, les devolvieron, entre otras cosas, la Laguna Corazón (en el departamento de Santa Cruz), por la cual hubo un pleito con comunidades indígenas, puesto que no le permitían el acceso a esa fuente de agua.
Los viajes de Áñez
Otros casos graves, aunque de menor perjuicio para el Estado, tuvieron como acusada directamente a Áñez, por el uso de aviones oficiales para viajes privados.
Uno de ellos fue el de su hija, que en abril se trasladó a Roboré (Santa Cruz) en una aeronave oficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), en pleno período de restricciones de circulación por la pandemia. Según dijo el Gobierno luego en un comunicado, la joven había ido a entregar alimentos e insumos de bioseguridad, y a escuchar las necesidades de la gente, por lo que pidieron dejar la política de lado.
Algo similar ocurrió con la hija de una diputada tarijeña, Carolina Ribera, que voló en mayo a La Paz para asistir a la fiesta de cumpleaños de la hija de Áñez, también en un avión de la FAB y en medio de la cuarentena.
La autoproclamada presidenta de Bolivia también fue acusada de haber nombrado en diferentes cargos políticos a al menos 17 familiares desde que asumió el cargo máximo de Gobierno.
VP/Internacional/EZ