El órgano presentó una investigación en julio para conocer si el exgobernante tenía restringido su derecho a la defensa.
La demanda se abrió después de que el sitio digital The Intercept publicara filtraciones de conversaciones ilegales entre fiscales de la operación Lava Jato para, mediante un complot político, implicar y condenar sin pruebas al fundador del Partido de los Trabajadores y así impedir su posibilidad de participar en las elecciones de 2018.
‘Será una oportunidad para profundizar el debate técnico sobre las denuncias de groseras violaciones de los derechos humanos que ha sufrido (Lula) bajo la operación Lava Jato’, según un comunicado firmado por la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, miembro de la defensa del exmetalúrgico.
Señala que estas violaciones fueron denunciadas al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016, en un proceso con una amplia evidencia.
Actualmente el proceso injusto al que fue sometido el exsindicalista está totalmente probado por el importante trabajo periodístico de The Intercept y otros vehículos, en lo que se llama Vaza Jato.
‘La injusticia contra el expresidente Lula es uno de los mayores ataques contra nuestra democracia’, concluye la nota de la jurista.