Responsables del gobierno de la ciudad de Miami han declarado a los propietarios del canal de televisión Globovisión como “personas non gratas”, según señaló The Miami Herald.
Los comisionados de la ciudad votaron unánimemente esta resolución, que fue elaborada por el ex alcalde de la ciudad Joe Carollo.
En la resolución se afirma que los dueños del canal gastan millones de dólares en propiedades inmuebles y vehículos en la ciudad, pero “permanecen en silencio” con respecto a “los abusos contra los derechos humanos en Venezuela”.
Carollo afirma en la resolución que el canal “ignora” las protestas de los estudiantes opositores en el país latinoamericano y no difunde “noticias objetivas” sobre las manifestaciones ni sobre “los abusos contra los derechos humanos” del gobierno venezolano.
Él dijo en este sentido que la presencia de los propietarios del canal, Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Codero, en Miami debería ser declarada “no grata y repugnante para los residentes de la ciudad”, añadió Carollo.
En febrero, la comisión volvió a interferirse en los asuntos de Venezuela al aprobar una resolución que condenaba al gobierno venezolano y pedía a EEUU que tomara medidas contra ese país.
En Marzo de 2010, los comisionados del gobierno local de Miami aprobaron una resolución pidiendo al Congreso norteamericano que se opusiera a los intercambios culturales entre Cuba y EEUU, citando también “la violación de los derechos humanos por parte del gobierno cubano”.
A principios de los años noventa, la Comisión de Miami rescindió una resolución que homenajeaba a Nelson Mandela, el fallecido líder de la lucha contra el apartheid y ex presidente de Sudáfrica, por manifestar su agradecimiento al apoyo manifestado por Fidel Castro durante sus 27 años de encarcelamiento.
Esta decisión indignó a la comunidad negra y llevó a un prolongado boicot de los miembros de esta comunidad y las organizaciones y compañías negras contra Miami.
La decisión de la ciudad contra Globovisión ha sido condenada por profesionales de los medios de comunicación como una injerencia inaceptable en la política informática de un canal privado y en los asuntos internos de Venezuela.
(Con información de Al-Manar)