En una extraordinaria pugna de poderes, el presidente Donald Trump destituyó a la secretaria de justicia interina luego de que ella cuestionó públicamente las restricciones decretadas en contra de la entrada de refugiados y de ciudadanos de ciertos países musulmanes.
El enfrentamiento ocurrido el lunes a la noche entre Trump y Sally Yates, una fiscal de carrera y designada por el gobierno anterior, dejó en claro la discordia y el disenso en el gobierno en torno al decreto, que frenó en seco todo el programa estadounidense de ayuda a refugiados y prohibió por 90 días la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
La destitución, divulgada en un comunicado difundido apenas horas después de que Yates emitió su posición, sirvió además de advertencia a otros funcionarios públicos, de que Trump está dispuesto a despedir a quien resista sus órdenes.
La negativa de Yates de defender la orden presidencial en realidad era poco más que un gesto simbólico, pues el senador Jeff Sessions, designado por Trump como secretario de justicia, seguramente defenderá la medida una vez que sea juramentado. Se anticipa que será confirmado el martes por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado y podría ser aprobado pocos días después por el pleno de la cámara alta.
Sin embargo, la destitución reveló el creciente desasosiego nacional en torno a la orden ejecutiva. Funcionarios del gobierno intentaron distanciarse de la medida e incluso algunos de los más cercanos asesores de Trump dejaron en claro que no se les consultó.
A medida que aumentaban las protestas en aeropuertos de todo el mundo y los desafíos judiciales en diversos tribunales, Yates ordenó el lunes a los abogados de su departamento a abstenerse de defender el decreto. Dijo en un memo que no estaba convencida de su legalidad ni de su coherencia con la obligación de la agencia de “defender lo que es justo”.
El secretario de prensa de Trump, Sean Spicer, poco después emitió un comunicado acusando a Yates de haber “traicionado al Departamento de Justicia al negarse a implementar una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”. Trump nombró al veterano fiscal federal Dana Boente, del distrito oriental de Virginia, para reemplazar a Yates. Boente fue juramentado tarde la noche del lunes y revocó la declaración de Yates, informó la Casa Blanca.
También anoche, el director en funciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fue despedido. El gobierno no dio explicaciones por la decisión de despedir a Daniel Ragsdale. El subdirector de la agencia, Thomas Homan, fue ascendido a responsable en funciones. La cuenta de Twitter de la agencia indicó que Ragsdale, hasta entonces director interino, regresaría a su cargo anterior de subdirector.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo al anunciar el cambio que Homan ha liderado esfuerzos “para identificar, arrestar, detener y expulsar a extranjeros ilegales”. El comunicado no mencionaba a Ragsdale.
La serie de eventos recordó la pugna de poderes ocurrida un día en medio del escándalo Watergate bajo la presidencia de Richard Nixon, en que el secretario de justicia y el subsecretario renunciaron en lugar de obedecer la orden de despedir al fiscal independiente que estaba investigando lo de Watergate.
Yates no fue la única en expresar su descontento con el decreto presidencial. Por lo menos tres altos responsables de seguridad nacional —el secretario de Defensa, Jim Mattis, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y Rex Tillerson, quien está por ser confirmado como secretario de Estado— dijeron que no se enteraron del decreto sino hasta el momento en que Trump lo firmó. Los principales directores de las agencias de inteligencia también dijeron que no estaban enterados de la decisión.
(Contribuyeron a esta nota los corresponsales de la AP: Matthew Lee, Lolita C. Baldor, Erica Werner, Jonathan Lemire y Vivian Salama)
