Los diputados Manuel Granados y Alejandro Robles presentan Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que el máximo órgano judicial en México resuelva el recurso de revisión en congruencia con los derechos fundamentales de miles de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Los legisladores consideran el caso equiparable al de Florence Cassez debido a que en ambos se ejecutaron procedimientos judiciales con motivaciones jurídicamente inválidas.
Por considerar que existe una clara violación a los derechos fundamentales de miles de trabajadores despedidos a partir del Decreto de Extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los diputados Manuel Granados Covarrubias y Alejandro Robles Gómez presentan este miércoles, en el marco de la Diputación Permanente, una propuesta con punto de acuerdo a fin de exhortar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan a favor de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Los legisladores exhortarán a la SCJN a resolver el recurso de revisión (que se fallará el día de mañana) de acuerdo al amparo del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, de 13 de septiembre de 2012, y en congruencia con los derechos fundamentales de miles de trabajadores despedidos de manera injustificada.
Luego de hacer una relatoría de hechos, los legisladores consideran que “Nos encontramos en un momento histórico. Un momento en donde una decisión es tan trascendente que definirá el rumbo que lleve el país en materia de derechos humanos”.
Los diputados Granados y Robles refieren que hace unos días la máxima instancia judicial del país ordenó la liberación de una ciudadana francesa, acusada de secuestro y condenada a 68 años de prisión en México, basada en la protección de sus derechos fundamentales, argumentando que sentarían un precedente en la protección y promoción de estas garantías en México.
“El día miércoles, indican, esta misma instancia judicial tiene en sus manos el resolver sobre la violación del derecho fundamental al trabajo de miles de ciudadanos mexicanos que lo único que reclaman es su empleo. Ambos casos se tratan de derechos fundamentales, y en ambos se ejecutaron procedimientos judiciales con motivaciones jurídicamente inválidas”.
Por ello su exhorto se dirige a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de dejar firme la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, que restituye los derechos de estos miles de trabajadores que fueron despedidos de manera injusta, y que además fueron perseguidos como delincuentes.
“Los vicios en los procedimientos por los cuales se procura y administra la justicia en México son un asunto mayor, que debemos resolver y comenzar de manera inmediata. Pero el día miércoles se decidirá también la forma en que el Estado Mexicano trata a sus trabajadores, a los que sostienen a esta nación. Hoy se definirá si se protege, o no, el principio consagrado en el artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas de Derechos Humanos:
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El día miércoles, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nuevamente tienen en sus manos una decisión trascendental para la vida democrática en este país, que implica el respeto a los derechos plasmados en la Constitución Política, advierten.