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APRUEBA EL PLENO REFORMAS PARA HACER MÁS EFICIENTE Y OPORTUNO LA DISPOSICIÓN DE SANGRE PARA URGENCIAS MÉDICAS

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 427 votos, reformas a la Ley General de Salud para establecer un nuevo modelo de establecimientos que estarán a cargo de la disposición oportuna de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, lo que permitirá garantizar la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes.

El modelo propuesto comprende seis tipos de establecimientos interrelacionados, que son: banco de sangre; centro de procesamiento de sangre; centro de colecta; centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos; servicio de transfusión hospitalario y centro de calificación biológica.

La reforma faculta a las autoridades sanitarias de las entidades federativas a ejercer estricto control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, con la finalidad de fortalecer la vigilancia sanitaria de los citados establecimientos.

Se prevé que los establecimientos de salud dedicados a los servicios de sangre requerirán licencia sanitaria, que tendrá vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales.

El dictamen señala que el modelo actual de los establecimientos que hacen disposición de sangre y componentes sanguíneos comprende únicamente los bancos de sangre y los servicios de transfusión, el cual no ha permitido asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos, ni una distribución adecuada de los mismos, presentando además diversas ineficiencias como sistema de producción.

Se destaca que la Secretaría de Salud llevará a cabo la supervisión del control sanitario realizado por las autoridades sanitarias de las entidades federativas.

La Secretaría, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, podrá realizar directamente el control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, cuando a su juicio así se requiera por la importancia y trascendencia que pueda llegar a tener el caso.
También se faculta a la Secretaria de Salud para regular la disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos, éstos últimos con fines de enseñanza y de investigación; así como para llevar a cabo la supervisión del control sanitario realizado por las autoridades sanitarias de las entidades federativas.

De igual forma, se definen los conceptos de “Sangre” y “Transfusión”.
El documento refiere que en México hay 550 bancos de sangre, pocos de ellos con alta producción y la mayoría con baja o muy baja producción. Se ha demostrado que mientras más pequeño sea un banco de sangre, mayores serán sus costos de producción y mayor probabilidad de obtener resultados erróneos en las pruebas de detección de agentes infecciosos transmisibles por transfusión.

Resalta que la colecta de sangre debe estar cercana a los donantes, ya sea en establecimientos fijos o en forma de colectas externas programadas por las diversas instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud y coordinadas por los centros nacional y estatales de la Transfusión Sanguínea, esto promoverá la donación voluntaria, no remunerada y regular como una fuente segura de obtención de la sangre y componentes sanguíneos.

Detalla que la Organización Panamericana de la Salud ha manifestado su preocupación por la seguridad transfusional en las Américas. México no ha alcanzado abatir los riesgos residuales asociados a la transfusión cuando se compara con países desarrollados.

En nuestro país hay un gran número de bancos de sangre que trabajan con procedimientos no homogéneos, altos costos y bajos índices de producción, que no han resuelto la distribución adecuada ni la óptima calidad de los productos sanguíneos y que no han permitido alcanzar las metas de seguridad transfusional en las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud, agrega el dictamen.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, diputado Isaías Cortés Berumen (PAN), explicó que la finalidad es fortalecer los vínculos de trabajo con las entidades federativas en materia de salubridad general.

Añadió que es necesario asegurar a la población un riesgo menor en caso de recibir una transfusión. Para ello es indispensable desarrollar de manera simultánea acciones en los ejes descritos, ya que cada uno de ellos es de vital importancia.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) subrayó que reglamentar los servicios de sangre tiene como fin dotar a los usuarios un sistema eficiente e instituciones de calidad que requiere la población.

Enfatizó que con esta medida se da un paso decisivo para incrementar la certeza del ciudadano en los servicios de salud nacionales.

Por el PT, la diputada María del Carmen Martínez Santillán dijo que la reforma es una oportunidad para hacer de la seguridad transfusional una herramienta apegada a las necesidades de la población y a los estándares internacionales tendientes a observar el buen funcionamiento de los esquemas de salud pública.

Agregó que esta medida reducirá de manera importante la morbilidad por motivos de una política pública más diseñada y asociada a un desabasto incontrolable o de mala calidad de los insumos de origen sanguíneo.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (MC) dijo que las disposiciones contenidas tanto en la Ley General de Salud como en normas oficiales mexicanas han generado inconformidad en algunas entidades federativas por no contar con facultades en cuanto al control sanitario en lo referente a la disposición de sangre.

Sin embargo los efectos de la centralización de actividades “nos han demostrado que son efectivos en la disminución de costos, en el incremento de la sensibilidad y especificidad de los métodos de terminación de agentes infecciosos, susceptibles de transmitirse por transfusión y de proporcionar conceptos claros a la población en los términos de sangre y transfusión y poder tener una idea más clara de sus alcances”, indicó.

En su turno, el diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) resaltó que un solo donante puede salvar entre tres y cuatro vidas. Sin embargo, en nuestro país, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 30 y 40 pacientes de cada 100 mil mueren por falta de sangre.

Recalcó que México presenta un déficit en el tema de la sangre disponible para transfusiones, puesto que cada año se registran únicamente un millón 700 mil donaciones, cifra menor a los cinco millones de donaciones anuales que, de acuerdo a la OMS, necesita un país de más de 100 millones.
Por ello, se pronunció a favor de reformar la Ley con respecto a los bancos de sangre, ya que permitirá redefinir los conceptos de sangre.

La diputada Eva Diego Cruz (PRD) indicó que las modificaciones permitirán compatibilizar la calidad y eficiencia de los servicios de sangre, ya que a través de la modernización del sistema se pretende incrementar la escala productiva con disminución de costos.

Aclaró que quedarán asentados en la Ley, la distribución de competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de control sanitario, de la disposición de sangre y componentes sanguíneos.

Posteriormente, el diputado Raudel López López (PAN) consideró pertinente otorgar facultades a las entidades federativas para que ejerzan control sanitario en lo referente a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales.

Asimismo, dijo que era oportuno que los establecimientos en los que se proporciona servicios de sangre se les exijan una licencia sanitaria y que tenga una vigencia de cinco años, ya que con ello se fomentará la vigilancia permanente, el control sanitario efectivo y la calidad del servicio.

Por último, la diputada María de las Nieves García Fernández (PRI) mencionó que en México la recuperación de sangre es de menos del 65 por ciento del cien por ciento necesario. En Latinoamérica únicamente del 35 por ciento. Del total de sangre donada sólo el dos por ciento es voluntaria; 90 por ciento de seis mil 500 donadores acude porque tiene a un ser querido hospitalizado.

Explicó que esta reforma pretende establecer un nuevo modelo de establecimientos que fomentará una coordinación eficiente entre los diversos servicios de sangre del país con criterios de integración en redes de atención lo que permitirá garantizar la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes.

La reforma se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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