Jornaleros del valle de San Quintín, en Baja California, bloquearon la carretera Transpeninsular, que conecta al estado con Baja California Sur, en demanda de mejoras laborales en los campos agrícolas de la zona y de una mesa de diálogo con autoridades estatales. Hasta el cierre de la edición, la vialidad se mantenía tomada.
Cerca de mil trabajadores agrícolas, representados por la Alianza Nacional, Estatal y Municipal, y el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) bloquearon desde las 3:00 horas de ayer al menos cinco puntos de la única vía terrestre que conecta a los dos estados del norte del país, lo que paralizó una de las principales actividades económicas de la región y dejó varados camiones de carga y
de pasajeros.
Los jornaleros del valle de San Quintín, uno de los puntos más importantes de producción agrícola del país, ubicado a 170 kilómetros de Ensenada, protestaron por los abusos laborales cometidos por las empresas, entre los que destaca el acoso sexual a trabajadoras.
También exigen la revocación del contrato colectivo que tienen los empleadores con las confederaciones de Trabajadores de México y la Regional Obrera Mexicana, el respeto al derecho de antigüedad, la afiliación obligatoria al Seguro Social, el pago de prestaciones y de horas extras.
Luego de que el lunes el FIOB anunciara una jornada de movilizaciones ante “el agotamiento de los medios para un diálogo pacífico” con las autoridades federales y estatales, ayer hubo cierres en los tramos de los poblados Colonet, Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario, entre otros.
El frente acusa, además, a 12 empresas de cometer abusos contra los trabajadores, entre ellas Agroindustrial del Valle de San Quintín BC, Hermanos Rodríguez, Santa María de los Pinos, Compañías Valladolid y Aragonés, Compañía Sabino Becerra y Felipe Ruiz, Los Aragón, Empaques Los Martínez.
Según la Policía Federal de Caminos, la protesta inició en la madrugada en Punta Colonet, cuando cerca de 150 personas armadas con palos impidieron el paso vehicular en los dos sentidos de la carretera.
Durante la protesta lanzaron piedras y se reportaron saqueos a comercios como gasolineras, aunque los trabajadores se deslindaron de estos actos y culparon a los dueños de las empresas de enviar “provocadores”.
Desde temprano elementos de las policías municipal, estatal y federal realizaron recorridos por los puntos bloqueados. Para las 20:00 horas, el representante de FIOB, Fidel Sánchez, aseguró que en el valle de San Quintín había al menos 30 unidades de la corporación estatal y otra treintena de vehículos con granaderos.
Antes, en una reunión con autoridades de los tres órdenes de gobierno, el mandatario de Baja California, Francisco Vega, aseguró que “bajo ninguna circunstancia” se permitirá que estas manifestaciones vulneren el derecho de transitar libremente.
Más tarde, en entrevista con Néstor Ojeda para MILENIO Televisión, Sánchez exigió la intervención del gobernador para solucionar sus demandas y reiteró su petición de instalar una mesa de diálogo.
SU DESTINO ERAN 4 ESTADOS
Los 200 jornaleros que fueron rescatados en Baja California Sur iban a ser trasladados a Sinaloa, Sonora, Guanajuato y Michoacán para seguir laborando, reveló Víctor Manuel Torres, director de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo de la Secretaría del Trabajo.
“Lo que nos señalan los enganchadores, que fueron presentados ante el Ministerio Público, es que iban a llevarlos a campos de Sinaloa, de Sonora y hemos identificado domicilios fiscales en Guanajuato y Michoacán”.
Agregó que desde hace una semana fueron detectados otros campos de trabajo de la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola; sin embargo, hasta el momento no se han encontrado más jornaleros.
“No hemos encontrado más trabajadores; empero, tienen más campos de trabajo que estamos inspeccionando desde la semana pasada y no se ha encontrado una situación similar a las de Comondú.”
Sobre los dueños, Torres dijo que ya hay contacto con ellos y deberán responder por las condiciones en las que explotaban a los jornaleros.
“La ley no los exime porque aunque los contrató un tercero, ellos son responsables de los trabajadores”.
Con información de Milenio