CIUDAD DE MÉXICO, 11 de julio de 2017.- En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INN) se llevaron a cabo más de 500 cirugías experimentales ilegales en pacientes con hidrocefalia hipertensiva, sin la autorización de los respectivos comités de bioética y de investigación y sin el visto bueno de Secretaría de Salud.
A las víctimas les colocaron, sin su consentimiento o el de sus familiares, un dispositivo experimental carente de registro sanitario, que no fue experimentado previamente en animales y que tampoco tuvo un protocolo de investigación, denunciaron hoy la Red Solidaria Década contra la Impunidad, presidida por el obispo Raúl Vera, y el colectivo Iglesias por la Paz.
En conferencia de prensa, llevada a cabo en el Club de Periodistas de México, ambas organizaciones alertaron, también, en el sentido de que este dispositivo ilegal fue implantado en víctimas recién nacidas de otros hospitales de la República Mexicana e, incluso, en personas de la comunidad mexicoamericana.
El neurólogo Rodolfo Ondarza explicó que el sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo fue patentado a título personal, no institucional, por el Dr. Julio Everardo Sotelo Morales, hoy ex director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en clara violación a diversas leyes y reglamentos mexicanos en materia de salud, así como a tratados internacionales y declaraciones de derechos humanos.
Agregó que este implante permanente NO VALVULAR consiste, en realidad, de un tubo de Tygon intracerebral, material de grado médico, pero sin pruebas de su uso seguro permanente intracerebral, probado únicamente para uso externo al cuerpo humano en área cardiovascular (venoclisis, máquinas de circulación extracorpórea, etc.)
“Para que funcione por gravedad, el paciente debe estar siempre o sentado o de pie, no acostado; es un sistema similar a los empleados en los años 50 del siglo pasado. No se trata de ningún avance tecnológico” explicó.
Muchos pacientes de grupos vulnerables, dijo, murieron, a consecuencia de haberlo recibido sin la debida información y sin haberlo autorizado. Otros -uno de cada cinco- resultaron con daño neurológico permanente, como hidrocefalia normotensa o síndrome de Haim Adams,
Los procedimientos quirúrgicos fueron realizados por residentes universitarios (al menos 40% de los médicos residentes es de procedencia extranjera), sin supervisión de un neurocirujano adscrito a los fines de semana.
Además, por ley, estos procedimientos deben de ser gratuitos para los pacientes pero, aunque parezca increíble, se los cobraron, denunció Ondarza.
Tanto la Red Solidaria Década contra la Impunidad, presidida por el obispo Raúl Vera, como el colectivo Iglesias por la Paz, dijeron tener en su poder las pruebas de los abusos cometidos, como nombres y expedientes de las víctimas; dictámenes médico-periciales de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, solicitadas por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, así como declaraciones del propio Julio Sotelo y publicaciones diversas.
El caso ha sido llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la ONG Red Solidaria Década Contra la Impunidad, con el apoyo de casi 40 de los 66 diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
También ha sido presentado en los Estados Unidos de América, ante organismos como Freedom House, Whola, LAWG, congresistas republicanos y demócratas, etc.
Han sido 10 años de denuncia de pacientes y médicos sin resultados en México, con represión por despido injustificado en contra médicos denunciantes y con tentativa de homicidio contra el Dr. Rodolfo Ondarza, actualmente protegido por el Mecanismo Federal para Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.