MÉXICO, 20 dic.- El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, saludó el nombramiento de Raquel Buenrostro Sánchez, como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sobre los retos que la nueva titular del SAT tiene para su gestión, el diputado se refirió a garantizar la eficiencia hacendaria y lograr las metas de recaudación para 2020 del Impuesto Sobre la Renta (1,852,853.3 millones de pesos) y el Impuesto al Valor Agregado (1,007,546 mdp), pues sólo con ingresos fuertes habrá crecimiento económico y mayor bienestar de la población.
De igual manera, se aplicará la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (con una meta de recaudación de 515,733.5 mdp), que además de representar una importante fuente de recursos, busca reducir el consumo de productos perjudiciales para la salud. Cabe señalar que los ingresos tributarios constituyen el 57.4 por ciento del presupuesto para el siguiente año.
“El SAT debe consolidarse como una dependencia libre de corrupción y que aplique con firmeza las nuevas reformas aprobadas en la miscelánea fiscal, sobre todo las que tienen que ver con la evasión, elusión y facturas falsas. Es esencial que en esta nueva etapa se revierta la caída en los ingresos que se ha presentado últimamente. Por estas razones, en el Congreso consideramos indispensable iniciar ya los preparativos para una reforma fiscal integral, y buscamos que la nueva titular del SAT sea una fuerte aliada para la próxima reforma hacendaria”, mencionó.
Además, el SAT deberá atacar la problemática de la Erosión de la Base Imponible (BEPS, por sus siglas en inglés), eliminando beneficios fiscales indebidos en sintonía con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de cara al próximo acuerdo multilateral que propondrá dicho organismo.
Asimismo, reiteró que, en esta nueva etapa, se deberán fortalecer las acciones contra quienes cometen delitos fiscales: “El organismo debe agotar todos sus instrumentos para actuar contra quienes burlan la autoridad fiscal y evaden el pago de impuestos, pues dañan al erario y los ingresos que se requieren para atender las necesidades de las y los mexicanos.
Los delincuentes fiscales le ocasionan un gran daño al país; impiden que el Estado pueda aplicar políticas redistributivas más eficientes y utilizar los recursos públicos en beneficio de la mayoría de la población”.
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