El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, dijo que una línea de investigación que tendrá que abordarse es que los 43 normalistas de Ayotzinapa pudieron haber sido separados en diferentes grupos y ejecutados en distintos puntos entre Iguala y Cocula.
Entrevistado por El Economista, el responsable de la tercera investigación por los hechos de Iguala informó que esa averiguación ministerial iniciará una vez que los siete expertos propuestos por la titular de la PGR, Arely Gómez, acepten participar, y una vez que la SEIDO remita oficialmente a la Subprocuraduría de Derechos Humanos el expediente. Se comprometió a “establecer las determinaciones que estime contundentes, sin dar ningún paso a la impunidad”.
Destacó que la nueva investigación, no es “borrón y cuenta nueva”, sino que partirá de los 136 tomos de investigación, y de las 111 personas consignadas que conforman el expediente.
Hay sicarios que declaran que en Pueblo Viejo de Iguala ocurrió una ejecución de ocho a 15 estudiantes, y otros que en el basurero de Cocula, que ya llegaron algunos ejecutados, y que ahí habrían dado muerte a otros; es decir, ¿está descartado que pudo haber sido un asesinato en varios lugares y luego también en varios lugares hacer la desaparición y la incineración de personas?
“Todas son líneas de investigación que se encuentran abiertas (…) Serán los diferentes elementos que se continúan recabando los que permitan establecer la fortaleza de cada una de las hipótesis que se establecen en la línea de investigación, de cara a poder tener una posición jurídica sobre qué ocurrió en los hechos del 26 de septiembre, en la propia ruta de los estudiantes, y lo que pasa una vez que hay estas declaraciones, que indican diferentes posibilidades, como tú expresas”.
Cabe destacar que el sicario de Guerreros Unidos, Marco Antonio Ríos Berber, declaró que en el cerro de Pueblo Viejo en Iguala, un jefe de plaza apodado el Chuky asesinó a “tres ayotzinapos, (…) los aventaron al hoyo y les prendieron fuego”. Por su parte, los sicarios Felipe Hernández Salgado, el Cepillo; Salvador Reza Jacobo el Luca; Patricio Reyes Landa, el Pato; Jonathan Osorio Cortes, el Jona, y Agustín García Reyes, el Chereje coinciden en haber calcinado en el basurero a un número no definido de normalistas.
Al contar con una unidad de búsqueda, ¿no debió la Subprocuraduría de DH llevar la investigación desde el principio, en lugar de la SEIDO?
Se trató de una decisión de especialidad, en función de los grupos (de la delincuencia) que operaban, aunque la situación de la búsqueda de personas también está en el contexto del análisis del caso.
¿Abrir una nueva investigación no permitiría que salgan libres los 111 consignados?
No. (…) Estamos hablando de un asunto en donde no solamente son detenciones por un delito vinculado directamente con el caso Iguala, sino que algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con la portación de arma de fuego, con la participación en el crimen organizado y demás.
¿Se volverá a llamar a declarar a elementos del 27 Batallón del Ejército en Iguala?
El Ministerio Público siempre ha tenido la colaboración de todas las autoridades para poder desarrollar sus diligencias cuando ha habido alguna diligencia ministerial que involucra a integrantes de las Fuerzas Armadas.
¿Será línea de investigación el Ejército en esta nueva investigación?
En este caso, hay muchas personas que tienen información y que son convocadas para dar un parte de lo que ellos conocen. Eso es lo que ha ocurrido.
El ex procurador Jesús Murillo dijo que no se sabrá con certeza cuántos estudiantes fueron asesinados…
Es una investigación que está abierta (…) que dará los diferentes elementos que se vayan incorporando a la misma investigación (…) y los cuales ofrecerán las respuestas en términos de un caso que está abierto.
¿Ve condiciones para que los padres sepan cómo murió cada uno de los 43 estudiantes?
Es la propia investigación, que no solamente se sustenta en declaraciones, sino también utiliza evidencia científica que es puesta a disposición de una autoridad judicial, y es la que determina lo que ocurre en el contexto de una averiguación penal, lo cual está en su desahogo.
¿Están abiertos a que les diga que no hubo incineración en el basurero de Cocula?
Es una línea de investigación, y como tal, es a partir del punto de contraste que ofrece el anexo del informe de los expertos, en donde el análisis del estudio de fuego plantea esa necesidad, que atiende de inmediato la PGR, de que haya un nuevo estudio. Que a partir del peritaje de la procuraduría, y del estudio que pueda presentar José Torero, pueda ofrecer a la propia investigación más elementos sobre aquéllos declarantes que manifiestan haber participado en la incineración de cuerpos en ese lugar. Será este tercer estudio el que nos ayude a dilucidar.
Hay un informe de la Conagua que confirma lluvia en Cocula…
Al tratarse de una investigación abierta, los expertos que se convoquen para realizar ese estudio tomarán en consideración los diferentes elementos que llevan a esta posición…
¿Se reactiva la búsqueda de los estudiantes?
La búsqueda nunca ha concluido. La búsqueda que realiza la PGR es a partir de indicios o elementos que son puestos a su consideración sobre el posible destino de los estudiantes.
¿Qué pasa con el quinto autobús? ¿Incluso el ombudsman habla de un sexto autobús?
Sí, de hecho la existencia del autobús se puede decir que está en el expediente, porque en el desglose que recibe la PGR de parte de la procuraduría estatal, está identificado ese quinto autobús. La situación que robustecen los expertos es que a partir de ese quinto autobús, en las circunstancias de que ese quinto autobús no tiene víctimas mortales y que sale de un camino diferente del resto de los autobuses, da a pensar en un punto de contraste de qué llevaría a la reacción tan virulenta que han tenido los grupos del crimen organizado al cooptar a la policía de Iguala y luego a la policía de Cocula, sobre los estudiantes. Entonces, mencionan que una línea de investigación a desarrollar tiene que ver con que uno de esos autobuses, puede ser este quinto autobús, haya sido utilizado para el transporte de sustancias prohibidas. Se integra una línea de investigación por parte de los expertos y corresponde al Ministerio Público.
¿Qué dicen las agencias de seguridad de Estados Unidos sobre esto?
Estas asistencias jurídicas están ofreciendo sus respuestas y se integran al expediente de investigación. Se ha solicitado, vía asistencia jurídica, apoyo a las autoridades norteamericanas, para determinar esta posible vinculación en la investigación que ellos tienen sobre el trasiego de droga de Iguala, y de la zona del estado de Guerrero, hacia los Estados Unidos, utilizando camiones modificados.
¿No ve que este asunto podría alargarse todo el sexenio, que sea la marca de agua de este gobierno?
Ésta es una investigación muy importante en términos de aquello que representa para la sociedad mexicana, que es atendida de manera urgente por el gobierno, (…) que refleja el interés que tiene el Estado mexicano por que el asunto se resuelva con los más altos estándares de transparencia y efectividad.
¿Cuántos de los 111 están consignados por desaparición forzada?
Ése es un tema que la PGR ha puesto a consideración del Poder Judicial de la Federación. Cuando se realiza la primera consignación es por secuestro, después se hace por desaparición forzada, y es el Poder Judicial el que establece un tipo penal, a través del cual ocurran las consignaciones.
¿Está endeble la consignación de José Luis Abarca?
Son diferentes elementos los que requieren que el señor Abarca se lleve ante el Poder Judicial Federal (…) puedo decir que las circunstancias que ha planteado la PGR están sustentadas en elementos que los propios expertos han robustecido.
Con información de El Economista