Después de diversos señalamientos de los dirigentes del PAN, PRI y PRD sobre el presunto uso electoral de programas sociales en algunas entidades del país, y como consecuencia de la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto de aplazar la presentación de la reforma financiera, así como de su llamado para darle un espacio al Pacto por México para tener un diálogo franco con el fin de superar diferencias y su compromiso de no tolerar el uso político de los programas sociales, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, convocó a los presidentes del PAN, PRI y PRD a una reunión para encauzar los trabajos al interior del Pacto.
A esta reunión cerrada acudieron por parte del PAN, su presidente Gustavo Madero, por parte del PRD, su presidente Jesús Zambrano, por parte del PRI, su presidente César Camacho, y por parte del gobierno el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño.
Durante esta reunión, los presidentes del PAN, PRI y PRD reiteraron su bienvenida a las declaraciones y acciones del Presidente Peña Nieto, y acordaron trabajar en una agenda que, en conjunto con la sociedad civil, transparente los padrones y el uso de los programas sociales de todos los niveles de gobierno para evitar que se utilicen con fines electorales.
De igual forma, se comprometieron a reanudar el diálogo al interior del Pacto para seguir avanzando en la agenda de reformas presentada el 2 de diciembre de 2012.
En este contexto, acordaron que el Consejo Rector del Pacto por México sostendría el día de hoy un encuentro con diversas organizaciones que trabajan a favor de la equidad de género y el día de mañana se reunirían con organizaciones de productores agrícolas para escuchar las propuestas de estos sectores de la sociedad.
Todas las partes reafirmaron su convicción de que la agenda de reformas propuesta por el Pacto esté por encima de los intereses partidistas y continuar la ruta de los acuerdos como un bien superior de la Nación, pero que se deben garantizar la limpieza de los procesos electorales, el cumplimiento de la ley y el castigo a los delitos que se cometan para darle certidumbre a la población.