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PENETRA NARCOTRÁFICO EN POLICÍAS PROVINCIALES DE ARGENTINA

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Buenos Aires, 17 Sep (Notimex).- El narcotráfico penetró en las fuerzas de seguridad de las provincias argentinas, lo que provocó inéditas detenciones de jefes policíacos y el aumento de la alarma social ante el auge de delitos relacionados con la venta de drogas.

Primero fue la provincia de Santa Fe, ubicada al norte de Buenos Aires, que desde el año pasado se convirtió en el epicentro del narcotráfico en un país que ha sido frecuentemente elegido como refugio de líderes del crimen organizado mexicano o colombiano.

En octubre pasado, la detención de Hugo Tognoli, ex comisario provincial, desató una polémica porque se le acusó de recibir sobornos mensuales por casi ocho mil dólares por parte de una red de narcos que vendía drogas en las tiendas y que reclutaba a jóvenes.

El jefe policíaco fue el primer funcionario de alto nivel de Argentina en ser detenido por presuntos nexos con el crimen organizado, pero desde entonces ya se sumaron varios jefes más de las fuerzas de seguridad de esa provincia.

Se trata de los comisarios Gustavo Pereyra, Cristian Floiger, jefe de la sección Inteligencia Zona Sur de ex Drogas Peligrosas, y Guillermo Cardini, segundo jefe de la División Automotores, además del subcomisario Ángel Álvaro Avaca y el sargento Juan Maciel.

Todos ellos están acusados de ofrecer información de los operativos policíacos y de proteger a los narcos que operan en la zona y que supuestamente han entrado en una disputa por el territorio.

La semana pasada, las luces de alerta volvieron a encenderse, pero ahora en Córdoba, la segunda provincia más grande del país después de Buenos Aires, en donde fueron detenidos jefes policiales acusados de colaborar con presuntos narcotraficantes.

El nivel de los cargos provocó una crisis en el gobierno provincial, pues fueron imputados el jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; el oficial Franco Argüello; el sargento Fabián César Peralta y el suboficial Mario Osorio.

Fue tal el escándalo, que el gobernador José Manuel de la Sota tuvo que despedir a su ministro de Seguridad, Alejo Paredes, quien fue sustituido por una mujer, Alejandra Monteoliva.

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