MÉXICO (Notimex) 05 de mayo de 2020.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Tamaulipas en que reclamó la falta de acciones por parte del gobierno federal para hacer frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19 a través del flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos.
El gobierno de Tamaulipas, que preside Francisco García Cabeza de Vaca, pedía que se tomaran medidas para instalar controles sanitarios para los migrantes, además de retornar a sus países de manera inmediata a quienes fueran deportados desde los Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia.
La administración de la entidad señaló que las omisiones en las que ha incurrido el gobierno federal violentan su soberanía; sin embargo, este argumentó no fue suficiente para que la Suprema Corte admitiera a trámite la controversia.
En su demanda, el gobierno estatal se quejaba por la presunta “omisión de cumplir con el compromiso asumido entre México y Estados Unidos, en el sentido de restringir los viajes interfronterizos de naturaleza no esencial con motivo de la pandemia del COVID-19”.
Así como la ausencia de políticas, acciones generales y lineamientos sobre controles sanitarios para las personas migrantes en la frontera con los Estados Unidos, en el tramo correspondiente a Tamaulipas.
Asimismo, el gobierno tamaulipeco reclamó la omisión de retornar a sus países de origen a las personas migrantes deportadas por Estados Unidos y que, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se encuentran en Tamaulipas. También criticó la falta de acciones, políticas o medidas sanitarias en los albergues de personas migrantes.
La demanda de Tamaulipas fue desechada de plano por la máxima instancia judicial del país bajo el argumento de que el control migratorio y las medidas sanitarias en caso de pandemia son materia federal, y no se advierte en los hechos que denuncian ninguna invasión en la esfera de competencias del gobierno estatal.
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