Mientras en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, se lleva a cabo la discusión y aprobación del dictamen de la Iniciativa de Ley para la Reforma Judicial, el ala derecha en México y Estados Unidos inició una andanada en contra, violatoria a la soberanía nacional.
Abiertamente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expuso a nombre de su gobierno que la Reforma Judicial pone en peligro al T-MEC y al Estado de derecho mexicano, en abierta intromisión en asuntos exclusivos de nuestro país, como es todo lo concerniente a su régimen interior.
De manera orquestada con la embajada estadounidense, se pronunciaron el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, la representación patronal a través de la Coparmex y hasta The Washington Post, con declaraciones de fuerte presión al gobierno mexicano, no vistas anteriormente.
Sin importarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazaron con energía lo expresado por los representantes de los gobiernos al norte del Bravo, la ola de declaraciones invasivas a la soberanía nacional no se frenó, sino por el contrario, se ha incrementado también con acciones económicas y financieras que han llevado al peso mexicano a una paridad cercana a las 20 unidades por dólar.
El Gobierno de México, representado por el presidente saliente y la presidenta entrante, deben ser muy firmes en su posición de defensa a la soberanía nacional y mantener su postura de aprobar la Reforma Judicial para dejar en claro que no se someterán a designios foráneos.
El respaldo popular que, de acuerdo con una encuesta publicada por El Universal, da a López Obrador una aprobación de 73 por ciento de la ciudadanía, es la mayor fortaleza del Gobierno saliente, pero también de Claudia Sheinbaum, quien ha hecho simbiosis desde hace mucho tiempo con el proyecto político de la
Cuarta Transformación impulsado por el Ejecutivo Federal.
De esta forma se debe enfrentar la andanada y salir adelante.
SUSURROS
La aprehensión en Francia del empresario Pável Dúrov, fundador de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, no tiene otro objetivo, sino el de cancelar las libertades de que gozan los usuarios de esta red social, la segunda más grande del mundo después de WhatsApp.
Repentinamente, se acusa a Dúrov de terrorismo, tráfico de drogas, fraude, blanqueo de dinero y difusión de contenido de abusos de menores, y si llegara a ser declarado culpable, podrían someterlo a prisión hasta por 20 años.
Lo cierto es que, así se ha revelado, diversos servicios secretos de países occidentales exigían a Dúrov y Telegram permitirles acceso y bloqueo a las cuentas que no les agradaran, por lo que actúan bajo una óptica meramente política.
Nada han importado al Gobierno francés las solicitudes de Moscú en favor de Dúrov (nació en Rusia, pero es también ciudadano francés), el respaldo de Elon Musk, ni sus 15 mil 500 millones de dólares como patrimonio.
Así es el control político que quiere occidente de cualquier medio de comunicación.
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