Por Salvador González Briceño
*Collado, abogado destacado con amigos en “el poder”, está detenido y es procesado en México desde 2019.
Hay tiempos presentes en que el pasado asoma y no se puede ocultar. Superar sí, ¿pero el gobierno de Andorra superó ya ese pasado como señalado “paraíso fiscal”? ¿Cómo entender la postura del país y la Banca Privada de Andorra (BPA), entre ocultar el tema y conservar facilidades fiscales altamente favorables?
Claro que la BPA se vio arrasado por el Tesoro de Estados Unidos, que en 2015 señaló la “presunta captación de fondos del crimen organizado”, así como la participación en operaciones de “lavado de dinero”. Derivó en intervención de la banca por las autoridades del Principado.
Pero negar las transacciones desde empresas fantasma —de las que al mundo se quedó atónito con los Panama Papers, infiltración de documentos del grupo de abogados Mossack Fonseca, revelada en 2016, los llamados off shore—, no es tan sencillo.
Menos teniendo entre sus clientes a personalidades del México “oscuro” o “negro” —mejor dicho, de la política y empresarial del periodo neoliberal del PRI, desde Carlos Salinas a Peña Nieto (no se sabe, por secreto bancario y las pesquisas, quiénes son los “beneficiados” de tamaña secrecía), cuando se “institucionalizó” la ratería desde el poder—, como el abogado Juan Ramón Collado, atendiendo a las revelaciones del diario español El País (¡desde julio 2019!).
El llamado “abogado del poder” habría movido, entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares (107 millones de euros), en el país mencionado con un total de 24 cuentas cuyos titulares corresponden a sociedades radicadas en las “Antillas Holandesas”, el abogado como el beneficiario último de tales documentos.
Entre los “clientes” de Collado, destacan personajes como el expresidente Enrique Peña Nieto, el hermano del expresidente Salinas Raúl Salinas, el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva. Aunque no queda claro que ellos estén entre los “dueños” de las cuentas manejadas en el BPA.
Esto último, porque involucró a una ex directiva del BPA, Cristina Lozano, quien en 2010 apareció como representante de cuatro empresas de su país, y cuyo beneficiario último era Collado. A dichas empresas andorranas ingresaron en 2010 40 millones de dólares. Lozano fue procesada en 2016 junto a otras 27 personas, además, por ocultar el botín de BPA en la causa sobre el saqueo de la petrolera venezolana PDVSA.
Para resguardar el patrimonio
Collado resumió en 2016 el motivo de mover los fondos millonarios a Andorra: “Nuestra preocupación era resguardar la confidencialidad del patrimonio”. Ante una juez andorrana, el abogado agregaría —siempre conforme a El País—que en su cartera de clientes tenía a 10 autonomías, así como al sindicato de Pemex.
Que en 14 años habría “generado ingresos personales exclusivamente como honorarios aproximadamente 45 millones de dólares”. Hasta que el empleado del banco Joan March Masson le llamó en 2010 para inf marle del “gran problema” que suponía una posible fuga e información y la consiguiente divulgación de los nombres de los clientes.
A lo anterior Collado decidió reestructurar en Andorra con sociedades holandesas. “No fue una idea de ocultación para ser el último beneficiario, fue la negligencia del bando de perder los datos y todavía me cobraron 16.000 euros por las nuevas estructuras”.
Las transferencias a Andorra, según Collado, fueron “únicamente para diferir el pago del impuesto sobre el dividendo”. Solo con eso, ya era suficiente motivo para ser indagado en México. Sin embargo, en su momento la PGR lo habría exonerado.
El documento de la autoridad federal en México, con la carpeta de investigación FED/SEIF/UNAI-EXT/0001901/2016, suscrito por la agente del MP de la federación, Lic. Anahí Marcela Mendoza Alcalá, el siguiente resolutivo: “Se decreta el no ejercicio de la acción penal… de Juan Ramón Collado Mocelo, con actividad profesional y empresarial en México, al desempañarse como abogado en el despacho “Collado y Asociados”, SC.
Pidiendo, la autoridad mexicana, “hacer girar copia certificada de la presente resolución al “Fiscal General del Principado de Andorra y la Juez de la Sección de instrucción especializada 1, Canolic Mingorance Cairat, de la Administración de justicia del citado Principado, según las diligencias previas: 8000042/2016.
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Queda saber uienes son los 24 empresarios o políticos beneficiarios o “representados” por Collado, un abogado para quien las relaciones políticas de sus “amigos del poder”, no le alcanzó para no ser detenido en julio de 2019 en la Ciudad de México, acusado de delitos relacionados con “lavado de dinero y crimen organizado”. Al menos en tanto las indagatorias en su contra no concluyan.
Mientras tanto Andorra, si bien no es uno de los grandes “paraísos fiscales” del mundo (no aparece en la lista de Oxfam de 2016), a donde se anidan o esconden grandes fortunas de “exitosos políticos y empresarios” —dizque para eludir el “pago de impuestos”—, está entre las sospechas de “lavado de dinero”, conforme a la Red de Control de los Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), que señala al BPA por “lavar miles de millones de dólares de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela, así como del Cártel de Sinaloa”.
A 7 de febrero de 2021.