Por Abraham García Ibarra
Pueden darse por proscritos los mitos y dogmas, herencia de la Revolución y la Constitución mexicanas. Los usos y costumbres priistas, ¡Jamás!
En el recinto del Senado de la República preside las sesiones la máxima: La Patria es Primero. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, otras son las instituciones sagradas: El moche y el pago de marcha cada fin de legislatura.
Los productivos legisladores de la Cámara baja dan ahora mismo la heroica batalla por la preservación de esos perversos valore$. Son “conquistas históricas”.
Otra tradición que no se pierde en el Congreso de la Unión, es llevar los dictámenes más impugnables a sesión plenaria nocturna. A fin de cuentas, si no salen las votaciones aprobatorias, siempre hay manera de detener el reloj parlamentario, no importa si es horario de verano o de invierno.
Entra en su ruta crítica el Presupuesto de Egresos de la Federación
Es lo que ocurre en San Lázaro en estas horas en que entra en su ruta crítica la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, que debe quedar planchado antes del plazo fatal que vence el 15 de noviembre.
El gasto federal para 2018, ¿tiene como tema rector un Plan de Salvación Nacional? No. Ni siquiera es prioridad un plan de reconstrucción después de los terremotos 7-19 de septiembre. Las partidas correspondientes bien pueden etiquetarse al insospechable Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).
No preocupa a los diputados federales la tragedia social provocada por los terremotos, cuyas reacciones entran en una fase subversiva. Lo que les preocupa a esos legisladores es, sólo y únicamente, rezar para su santo.
Los negociadores de Hacienda y los jefes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, encabezados por el priista Jorge Estefan Chidiac, no han podido sacudirse la presión de los rapaces diputados que, a capa y espada, defienden sus innobles pero rentables privilegios.
Por 500 millones de pesos, va mi espada en prenda
Uno es el de los moches, institucionalizados desde la LXII Legislatura. Este año se les asignó la bonita suma de 10 mil millones de pesos: 500 millones por cabeza.
Son obsequiados esos recursos por concepto de gestoría, que tiene rendimientos adicionales: La comisión (hasta de más de 30 por ciento) exigida a los alcaldes y lo que quede a voluntad de los contratistas de obras y servicios favoritos de los “gestores”; algunos, por añadidura, socios de las empresas usufructuarias.
Los legisladores federales no tienen llenadera. Insatisfechos con los bonos discrecionales que les asignan las Juntas de Coordinación Política y los coordinadores de bancada a cambio de sus votos, están exigiendo que en el gasto de 2018 se incluya la partida del pago de marcha.
Ese es un uso (de factura castrense, dicho sea de paso) establecido por lo menos desde la caótica Legislatura LIV (1988-1991). Ahora tiene que incluir el costo de la inflación, incremento a los salarios mínimos y hasta las variaciones al alza del tipo de cambio peso-dólar, etcétera.
Ya lo dijo el clásico: En arca abierta, hasta el justo peca. Para suerte de los pecadores, el sistema siempre está dispuesto a otorgar indulgencias plenarias. Es cuanto.