El 29 de julio de 1992, se armó un gran revuelo frente y dentro del despacho del fiscal de distrito de Manhattan, Nueva York, en cuyo centro de la escena se encontraba el titular de la oficina ministerial: Robert M. Morgenthau.
Se inició ese día un proceso judicial que estremeció a los Estados Unidos y al mundo: Culminó con la disolución, marcada por un alto grado de impunidad, del Banco Internacional de Crédito y Comercio (BICC).
La obra más completa sobre ese proceso se debe a Peter Truel y Larry Gurwin, quienes le dieron el título, traducido al español, Ganancias Falsas/ La historia confidencial del BICC, el imperio financiero más corrupto del mundo.
La narrativa tiene como protagonista al paquistaní Hagha Hassan Abedi, un genio en ingeniería financiera, creador de aquella institución que estuvo vuelta en toda clase de intrigas: Guerras por el petróleo, terrorismo, comercio de armas y drogas, derrocamiento de gobiernos, tráfico de influencias, complicidades de monarquías, poderes civiles, despojo a inversionistas y acreditados, etcétera.
Contó con la protección de políticos y empresarios árabes, europeos, estadunidenses, asiáticos y latinoamericanos; que a su vez compartían el poder político, financiero y militar, vía agencias de espionaje y subversión, entre ellas la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.
Con independencia de la acción de los aparatos judiciales, el Senado norteamericano, al través de diversas comisiones, investigó desde distintos ángulos los crímenes de la fraudulenta institución y los personajes involucrados.
Caracterizamos a grandes trazos la temática, pero lo que aquí interesa, es como la sórdida red del BCCI incidió en el manejo editorial de grandes corporativos norteamericanos en cuestiones políticas y bélicas y, por supuesto, bancario-financieras.
Control corporativo vía el dinero
Informados puntual y prolijamente de los aprietos económicos de algunas empresas de medios estadunidenses, los operadores del BICC acudieron al salvataje con carretadas de dólares.
Las evidencias del espeso entramado y sus fines, empezaron a sospecharse y confirmarse luego cuando autores y editores de los medios financiados le dieron a sus materiales un giro periodístico en favor de las causas de las oligarquías del Medio Oriente, preferentemente.
Emplazados a dar una explicación sobre la tendencia de sus contenidos, algunos comunicadores se vieron obligados a confesar que por consigna laboral prestaban en automático su crédito profesional tanto a boletines como a opiniones, cuyo origen desconocían.
A esa tendenciosa y facciosa política editorial de empresas formalmente “privadas” no fueron ajenos, principalmente, los presidentes Jimmy Carter y Ronald Reagan, a cuyas campañas se triangularon donaciones provenientes del BICC. Sobre todo el primero que, después de terminar su mandato siguió recibiendo recursos para una fundación de su iniciativa.
De ese nauseabundo expediente, algunos académicos liberales tomaron referencias para poner a debate la ética de la mayoría de los medios norteamericanos y tratar de institucionalizar sistemas de identificación de fuentes y deslindar cualitativamente la contratación de publicidad, y la cuestión noticiosa del ejercicio de la opinión, de suerte que no se mezclaran los géneros.
El propósito de esos esfuerzos fue defender a las audiencias que, así manipuladas y engañadas, se despojaban de toda duda para apoyar las acciones más extremas y absurdas del gobierno de los Estados Unidos.
El caso mexicano
El tema viene al caso, porque desde los primeros años de este siglo en México se empezó a darle reglamentación a artículos constitucionales referidos a la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.
Sobre el segundo derecho, se promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental bajo el imperativo de la transparencia; se creó como órgano autónomo el instituto en la materia.
En el marco de las reformas transformadoras de este sexenio, el tema de la Comunicación fue uno de los más debatidos. De ello resultó dotar de facultades constitucionales al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para que dicte normas que permitan distinguir a sus receptores la publicidad de las noticias, y de ambas la opinión.
El derecho de las audiencias, fue el rubro genérico. A fines de 2016 el Ifetel expidió una especie de manual a los medios de comunicación electrónicos, que administran bienes públicos concesionados por el Estado.
Ardió Troya. Ahora, todo el promisorio recorrido de más de 15 años está a punto de caer en punto de retorno. Legisladores de diversos partidos legislan para dejar sin dientes a los órganos reguladores por ellos mismos instituidos.
Defender la Libertad de Expresión es una misión que no está en duda. Pero tomarla como ariete para defender intereses fácticos, bastardos, de agentes políticos y partidistas, es abrir camino a la tiranía privada. En esto no hay derecho.