Por Salvador González Briceño
Ningún medio de comunicación en México funciona o debería salir a la luz pública sin su Código de Ética respectivo. Tal vez la gran mayoría lo posea, pero cuántos lo siguen en todo momento y al pie de la letra.
Si esto era válido antes del advenimiento de las TIC, que trajeron consigo la modernización forzada de los medios de comunicación en general porque llegaron a cambiar las formas de hacer periodismo, más lo es ahora.
Es decir, la sociedad debe recibir la información bajo el cedazo de sus propios valores, ciertamente a partir del rigor autoimpuesto desde los medios de información que están para enriquecer todas las expresiones sociales y culturales.
Qué decir ahora, cuando dicha modernidad trae consigo el advenimiento, no siempre profesional —sin menospreciar—, de muchos ciudadanos que informan y se informan a través del internet, precisamente sin el rigor del profesionalismo periodístico que rige y vigila los contenidos puestos al alcance de la mano.
Justamente, porque la población que está consumiendo información es la que hoy oscila entre las edades de los 12 a los 35 años, y lo están haciendo a través del smartphone, el celular como principal instrumento de comunicación.
En otras palabras, los medios de comunicación y los periodistas deben poner el ejemplo sobre el control de lo que se publica bajo cualquier medio de comunicación.
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Sobre todo ahora, que hay una alta probabilidad que cualquier información mediante las redes sociales es altamente difundida, y expuesta millones de lectores o consumidores. No se diga en todo lo referente a la violencia.
Es del conocimiento de todos que México está atravesando por uno de sus peores momentos en materia de seguridad. La inseguridad pública en este sexenio es mucho peor que en los últimos dos anteriores.
Ahí están las estadísticas del propio gobierno, que cualquiera puede consultar. La violencia es mayor bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, en donde personas de carne y hueso están siendo víctimas.
No cabe duda que incluso sea planificada y promovida o hasta financiada por interlocutores o actores coludidos con el crimen organizado de los anteriores gobiernos de oposición. Más la responsabilidad de atender la problemática ya es del actual gobierno federal que cada vez debe revisar las políticas públicas al respecto.
Ajustar políticas y acciones —así sea bajo un plan nacional, pero con sus respectivas adecuaciones locales—, es lo mínimo que debe hacerse desde las instituciones públicas federales, cuando lo instrumentado no da los resultados ni cubre las expectativas esperadas.
Más cuando el actual gobierno prometió atender el problema de la seguridad pública y la violencia, enfocando a solucionarla desde la erradicación de la corrupción que reina en el país desde hace décadas.
Pero a la persistencia de los crímenes y asesinatos en general, y de las mujeres en lo particular, es claro que la estrategia adoptada hasta ahora no está mejorando la seguridad pública.
No se tienen los resultados prometidos todavía y las expectativas no son muy alentadoras. Solo que la sociedad no espera todo el tiempo. Y quiere resultados.
La afectación por la violencia y el dedo en la llaga está puesto en estos momentos en los crímenes contra mujeres, los tipificados feminicidios por su condición de género, por ser mujeres y siempre perpetrados por un hombre, sea del círculo familiar o no. Se trata de violencia a las mujeres, desde golpes y maltratos que pueden llegar hasta el asesinato.
Por lo anterior es que, desde la manera de comunicar por parte de todos los medios de comunicación es que debemos adoptar la norma. Desde los códigos de ética hasta el respeto a los derechos humanos, vigentes y presentes en todas nuestras leyes, así como los compromisos internacionales suscritos por México.
Bajo estos preceptos, gobierno y empresarios de los medios, asi como sociedad civil y medios autónomos, tienen que asumir su rol basado en principios éticos para el respeto de la sociedad y cultivar los valores que le dan fortaleza, de solidaridad y en su cultura.