Ojo Público
Por Norberto Hernández Montiel
El costo político que deberán pagar los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y lo que queda del de la Revolución Democrática, al empecinarse para mantener al Instituto Nacional Electoral como está, será tan alto como lo vimos en la marcha del 27 de noviembre pasado, cuando comprobaron que la gran mayoría de los mexicanos está en favor de reformar al INE.
Es igual la apuesta del senador Ricardo Monreal. Los tiempos que corren son muy distintos a los del pasado cercano, cuando imperaban las “concertacesiones”, vocablo con el que se designó, desde los tiempos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, a negociaciones entre las cúpulas y “en lo oscurito”, para resolver problemas de ingobernabilidad, como el que ocasionó el fraude de 1988, a través del cual el aludido llegó al poder.
Revisemos un poco la historia. En 1992, Salvador Neme Castillo, después del fraude con el que se le impuso como gobernador de Tabasco, en detrimento de Andrés Manuel López Obrador y al cabo de una conflictiva gestión, a lo largo de la cual se le cuestionaron los resultados electorales, renunció a la gubernatura, después del “Éxodo por la democracia”, encabezado por AMLO. En esa movilización, un nutrido grupo de manifestantes, encabezado por López Obrador, recorrió casi 800 kilómetros, desde aquel estado hasta la Ciudad de México.
Continuemos. En uno de los cabildeos mencionados arriba, en 1991 el gobernador electo de Guanajuato, y rival de Salinas entre los “tapados” priístas de 1988, Ramón Aguirre Velázquez, éste prácticamente no tuvo tiempo de sentarse en la silla del palacio de Gobierno de su entidad, porque debió cedérsela al panista Carlos Medina Plascencia. A partir de entonces terminó la carrera política de Aguirre Velázquez, quien había llegado a ser jefe del Departamento del Distrito Federal.
Aquellos eran tiempos en los que ya no resultaba tan fácil imponer gobernadores en comicios fraudulentos. Por diversas razones, entre 1988 y 1992 hubo 13 interinatos en los palacios de gobierno en igual número de estados. Algunos de estos interinatos obedecieron a escándalos electorales mayúsculos, como veremos.
Por si las disputas ya mencionadas hubieran sido pocas, el 9 de octubre de 1991, Fausto Zapata Loredo, tuvo que abandonar una gubernatura que nunca pudo ejercer en San Luis Potosí, ante la presión de los partidarios de Salvador Nava Martínez, que amenazaban con marchar hacia la capital de la República. La solución al conflicto consistió en otro interinato, que ejerció el priísta Gonzalo Martínez Corbalá, durante año y medio.
En este contexto, descrito con una visión excesivamente panorámica, dio sus primeros pasos el Instituto Federal Electoral, antecesor del INE, ante la imperiosa necesidad de conferirle credibilidad a los comicios, en los cuales los mexicanos teníamos cada vez más desconfianza.
El IFE sustituyó a la Comisión Federal Electoral, órgano que dependía de la Secretaría de Gobernación, por increíble que parezca. Además, una vez terminado el proceso electoral, la Cámara de Diputados, dominada por el PRI, se erigía en Colegio Federal Electoral, con el fin de calificar las elecciones. Por ello resultaba prácticamente imposible que el PRI dejara el poder por la vía de los comicios.
Con el fin de “ciudadanizar” al órgano que daría legitimidad a los procesos electorales, el Congreso de la Unión dominado por el PRI y el PAN elaboró El Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe), el cual dio origen al IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ambas instituciones nacieron viciadas, porque a los consejeros del IFE y los magistrados del tribunal, los elige el Congreso, integrado por los mismos partidos que contienden en las elecciones. Enfaticemos: los ciudadanos quedan al margen de este proceso, que en realidad es una designación, que se hace con dados cargados.
Como vemos, se replica la situación anterior a la existencia de ambos órganos electorales. Ya no existen la Comisión Federal Electoral ni el Colegio Federal Electoral, pero sigue siendo el Poder Legislativo el que coloca a los consejeros electorales y a los magistrados de estos dos órganos, presuntamente independientes, además de que son sumamente costosos.
Esta es solamente una parte del andamiaje que se echó a andar en 1990, con el fin de dar credibilidad a las elecciones en México.
Respecto a la confianza que pudiera inspirar el INE en estos días, basta recordar que, el año pasado, Lorenzo Córdova consejero presidente, y Ciro Murayama, quien encabeza la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo y replicaron “efecto de desafuero” de 2005, que perpetraron Vicente Fox, como presidente, y el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sujetas al Ejecutivo, en contra de AMLO.
Si Córdova y Murayama, creían que habían debilitado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al “bajar” a los candidatos a gobernadores por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y Michoacán, Raúl Morón Orozco, de la contienda electoral, ocurrió todo lo contrario, porque de cualquier forma los comicios los ganó Morena.
Córdova, Murayama y quienes los secundaron, tanto en el INE como en el TEPJF, reiteramos, replicaron el efecto del desafuero de 2005, porque convirtieron los comicios locales de Guerrero y Michoacán en asuntos de interés nacional, al aplicar la máxima sanción posible contra Salgado Macedonio y Morón Orozco, con el argumento de que no reportaron gastos de precampaña. Evidenciaron que el árbitro electoral está del lado de la oposición (PRI, PAN, PRD).
Más aún. Dejaron clara la parcialidad del INE y por qué somos los ciudadanos quienes debemos elegir a los consejeros electorales, y no el Congreso, integrado, no sobra repetirlo, por los mismos partidos que contienden en los comicios.